La peor cuesta de enero: la luz, el gas y los alimentos darán el susto con el fin de las ayudas

Todo el mundo se acostumbra a lo bueno. Y pagar la factura de la luz o del aceite con menos IVA, o una tarifa del gas limitada, gusta a todos los consumidores. Pero esas ayudas tienen fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2023. Entonces, el Gobierno no prorrogará las medidas para hacer frente a la guerra de Ucrania y la vuelta a la normalidad de estos costes coincidirá con la temida cuesta de enero de 2024. 

Porque los precios no darán la tregua necesaria. Los futuros del gas, según la referencia europea, reflejan un repunte del 24% para el 2024 frente a los precios actuales, con una electricidad que se mantendrá sobre los 97 euros el megavatio hora, un 5% menos que el precio registrado en septiembre. El diario El País informaba este viernes, citando fuentes del Ejecutivo en funciones, que no se prevén cambios de calendario marcado. 

Eso quiere decir que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) volverá al 21% desde el 5% para la electricidad, el gas, la biomasa para calefacción y la madera para leña. El impuesto sobre la electricidad volverá al 5,11% desde el 0,5% actual y el Impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) dejará de estar suspendido. En resumen, según las estimaciones del sector, la vuelta a la normalidad de la parte fiscal de la factura de la luz puede incrementar en cerca de un 30% el total. 

En el gas, el Gobierno consiguió que la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), la que está regulada por el Ejecutivo, se convierta en el producto estrella por su competitividad. Para contener el alza de los precios del gas, Moncloa limitó en un 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en su fórmula de cálculo. Ese límite desaparecerá si no se prorrogan las ayudas. 

Fin de la reducción del IVA en los alimentos

El Gobierno también quiso frenar el alza de los alimentos básicos, eliminando desde el 1 de enero de 2023 el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos que ya tenían el tipo reducido del 4%, como el pan o la leche ; además, ha bajado del 10% al 5% el IVA de los aceites, incluido el de oliva, y las pastas. Todos ellos volverían a su tasa habitual del 21%. 

El fin de las ayudas también afecta al límite del precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados. Este es el ámbito en el que está contemplada la bombona de butano, cuyo precio máximo se limitó en junio de 2022 en 19,55 euros. Este precio final para el consumidor, que está regulado y se revisa bimestralmente, no podrá superar esa cifra. En la actualidad, gracias a la relajación de los mercados internacionales, la bombona cuesta 14,43 euros pero, al igual que los carburantes, todos los derivados del petróleo afrontan meses de gran incertidumbre.

¿Las ayudas a los vulnerables?

Las ayudas tenían como foco los más vulnerables. Hasta el 31 de diciembre de 2023 no se pueden suspender los suministros de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Una medida que, si no se dice lo contrario, dejará de entrar en vigor en el 2024. 

También está en el aire la ayuda a los consumidores vulnerables, que pueden beneficiarse de un descuento en su factura denominado bono social, los descuentos en el bono social están establecidos en el 65% para el consumidor vulnerable y en el 80% para el consumidor vulnerable severo.

Los beneficiarios del bono social de electricidad pueden serlo también del bono social para usos térmicos creado en 2018. Esta ayuda, para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, se abonaba en un pago único anual y su cuantía depende del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en la que se ubique la vivienda habitual.

También hasta el 31 de diciembre de 2023, los hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética pueden disfrutar del bono social de electricidad. Supondrá la aplicación de un descuento del 40% sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Unas medidas que el Gobierno, en principio, no extenderá en 2024.