Publicado: 26/09/2015 04:00
Y ahora, ¿de quién es esta carretera? ¿Y este aeropuerto? Son preguntas que surgirían tras una hipotética declaración de independencia por parte de Cataluña con la que tantas cábalas se han hecho en las últimas semanas. La cuestión no resulta sencilla porque no hay precedentes en el territorio español y porque se entra en el terreno de la ciencia-ficción. Una de las soluciones con más visos de hacerse real pasaría por una expropiación controlada y bajo un marco regulatorio legislado para la ocasión.
La mayoría de las principales infraestructuras que funcionan en España pertenecen al Estado, han sido licitadas, construidas y financiadas por parte del Gobierno central y, por lo tanto, no podrían ser asumidas directamente por un hipotético estado independiente catalán sin una compensación. El problema sería determinar el modo de establecer las condiciones para que los procesos de traspaso fueran legales y lo más ajustados posible desde el punto de vista económico.
“Lo primero que habría que hacer sería establecer un periodo de transición; se trataría de un proceso complejo que no podría llevarse a cabo de la noche a la mañana”, asegura un abogado del Estado que prefiere no ser citado. En el caso de una declaración de independencia, el día siguiente sería de plena normalidad para los nuevos ciudadanos catalanes en todos los sentidos pero la situación no podría extenderse demasiado en el tiempo.
“Obviamente, el Estado no ha financiado infraestructuras para que después la mayor parte de sus ciudadanos no las puedan disfrutar sin atravesar una frontera. Si un futuro estado catalán quisiera disponer de ellas y explotarlas para sí mismo deberá compensar al que realmente las construyó”, prosigue.
El coste de amortización
La teoría está muy bien ¿pero cómo se hace? “Habría que establecer un marco regulatoria especial, ‘ad hoc’ para esta situación tan particular”, asegura esta fuente. Sin duda, la figura que más repetiría en este documento sería la de la expropiación.
“Lo más ágil y justo sería proceder a una especie de expropiación por la que el teórico estado catalán hiciera suyas las infraestructuras de España que están en su territorio. Por el suelo no deberían pagar nada, sería suyo de facto. Pero sí por lo que hay construido sobre él”, añade un experto en Derecho con muchos años de experiencia en el sector de infraestructuras.
A la hora de establecer las futuras compensaciones “debería tenerse en cuenta el coste de amortización, lo que queda por amortizar de las inversiones en cuestión”. En algunos casos relativamente recientes, como la línea de alta velocidad que conecta Madrid con la frontera francesa o la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el coste de las obras aún no está ni mucho menos amortizado, con lo que la factura subiría de forma notable para el Gobierno del nuevo estado.
Negociaciones con empresas
En este último supuesto, se da la circunstancia de que Barcelona-El Prat fue ampliado cuando AENA era una compañía 100% pública pero ahora el Estado controla sólo el 51% del capital. “En este proceso, las negociaciones con las empresas, incluidas las concesionarias de autopistas, sería fundamental”.
Otras de las infraestructuras básicas que debería pasar por este proceso son las portuarias, que dependen de Puertos del Estado y que supondría una de las principales vías para alimentar la economía de una Cataluña independiente.
Hablar de cantidades es adentrarse, aún más si cabe, en el terreno de la ciencia-ficción. En cualquier caso, la factura no sería barata.
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