La fiebre imparable de contratos públicos que atrae a los 'cuatreros' como la trama Koldo

España sufre una auténtica fiebre de contratos públicos. La vorágine se desató con la pandemia y se ha mantenido a un ritmo intenso con la llegada en tromba de los fondos europeos. El brote de corrupción de la trama Koldo no puede entenderse sin conocer esos excesos de las administraciones. El Estado, los ayuntamientos y, sobre todo, las comunidades autónomas llevan cuatro años atiborrando de contratos a un puñado de empresas públicas. Esa inercia ha acabado afectando a los controles, abriendo la veda para los comisionistas, con y sin escrúpulos.

El uso intensivo de los medios propios por parte de las administraciones ha generado oportunidades a 'cuatreros' y 'cazarrecompensas'. Es, precisamente, el caso Koldo el que ha puesto el foco en el manejo del dinero por parte de empresas públicas englobadas en la SEPI, como Puertos del Estado, Correos o Tragsa.

Esta última compañía ejemplifica como pocas los resultados de esa avidez por la contratación de las administraciones. Tragsa, una sociedad publica que nació para favorecer el desarrollo rural, ha logrado duplicar su facturación en apenas cinco años. Ese avance fulgurante ha ido acompañado de un incremento idéntico de la plantilla.

A su pesar, el nombre de la compañía que preside Jesús Casas ha aparecido en informaciones vinculadas a la red del asesor del exministro José Luis Ábalos. Lo contó Joaquín Hernández en Vozpópuli: Tragsa adjudicó contratos a Áridos Anfersa, una empresa investigada por la Guardia Civil que duplicó su facturación y sus beneficios en el periodo en el que operaba la trama Koldo. De 575.000 euros a 1,2 millones en un par de años.

Se trata de un caso puntual y, hasta ahora, el único que ha salpicado a la compañía pública, pero Tragsa ya estaba en el punto de mira del Tribunal de Cuentas. El organismo fiscalizador atisba cierto descontrol y lo achaca, en buena parte, a la expansión imparable de la compañía, nacida en 1977, que se ha ido distanciando progresivamente de su misión inicial. Así la define Tragsa en su web corporativa: "Poner a disposición de las Administraciones Públicas soluciones eficientes que contribuyan a la gestión de sus necesidades en el ámbito medioambiental, de desarrollo rural, de gestión de recursos y procesos".

La ampliación de la actividad es evidente. El año que llegó Pedro Sánchez al poder (2018), Tragsa facturaba 808 millones y contaba con 12.864 trabajadores. Cinco años después, la empresa muestra una cifra de negocio de 1.720 millones y una plantilla de 28.098. Es decir, más del doble.

"Tragsa ha visto extendida a lo largo de los años su actividad a otros ámbitos que exceden el contenido de su objeto social", señala el último informe del Tribunal de Cuentas, publicado hace sólo dos semanas. El organismo fiscalizador asegura que su "no resulta ponderado el crecimiento de las actuaciones de Tragsa en los diferentes ámbitos de actividad, teniendo en cuenta que se requiere la especialización en todos ellos".

El examen del Tribunal abarca los ejercicios 2021 y 2022, en los que la corporación recibó encargos por valor de 3.000 millones. La empresa pública actuó en su terreno 'natural' (el medio ambiente), pero también en otras parcelas como la edificación, la arquitectura, el agua y las infraestructuras. "Tragsa ha ido distanciándose de su especialidad y naturaleza", insiste el Tribunal de Cuentas. "Está asumiendo encargos, más allá de su capacidad o de su ámbito de especialización".

La consecuencia de ese proceso es un fuerte aumento de las subcontrataciones. La institución que preside Enriqueta Chicano señala que el incremento de la actividad "ha obligado a Tragsa a contratar con terceros para poder ejecutar los encargos". Es en ese terreno donde el Tribunal ha detectado "deficiencias en la planificación por parte de Tragsa en las necesidades de contratación con terceros, así como en su seguimiento y control".

El toque de atención del Tribunal llamó la atención no sólo en el entorno de Tragsa, sino entre las empresas públicas que operan con las administraciones. Hay quien detecta falta de concreción y la ausencia de medidas correctoras. También una crítica más directa a los responsables últimos de lo que está ocurriendo con los contratos públicos en España: las administraciones.

Lo cierto es que Tragsa y el resto de medios son un agente pasivo. Fuentes sectoriales apuntan a las causas básicas: las dificultades que entraña la legislación actual para hacer licitaciones. Esas trabas son un aliciente para el abuso de los medios propios, un camino mucho más rápido y fácil, pero que implica dos consecuencias claras: limita las posibilidades del sector privado y genera más gasto público.

"Es la adminstración la que decide cómo se contrata y los medios propios no pueden negarse", recuerdan fuentes empresariales. "En la pandemia se tiró mucho de los medios propios y se abrió su campo hacia otras actividades, como la sanidad. Después, los fondos europeos han contribuido a mantener el ritmo de contratación, lo que explica en parte el aumento del volumen de negocio y de las plantillas".

En el caso de Tragsa, la actividad se mantuvo igual de abundante en 2022. Según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), dependiente del Ministerio de Hacienda, la empresa y su filial Tragsatec acapararon el 40,5% de los encargos realizados a medios propios de las administraciones. Este grupo y la también pública Ineco sumaron contratos por valor de 1.400 millones.

Ineco es el otro gran exponente de la vorágine contratadora de las administraciones. La compañía de ingeniería tiene en nómina ya a 5.500 empleados. Al acabar 2018, daba trabajo a 3.097. El incremento no es igual al de Tragsa, pero casi: la plantilla ha engordado un 77%.

Contratos públicos y competencia desleal

"Otros países también tienen medios propios. La cuestión es el uso que se hace de ellos. En España sufrimos la competencia desleal y la falta de transparencia", lamenta Joan Franco, presidente de Tecniberia, la patronal de ingenieros que representa a 80 empresas y 60.000 profesionales. Este colectivo es 'víctima' directa del abuso de los contratos públicos.

"No se debería hacer con medios propios lo que puede hacer el sector privado", añade Franco, tras recordar que las empresas españolas de ingenería están entre las más punteras del mundo. De hecho, el 70% de su actividad está concentrada fuera de España. Dentro de nuestras fronteras, el panorama no es tan atractivo. "Hay una clara distorsión del mercado", denuncia el presidente de Tecniberia, "pero la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ] no dice nada".

Las quejas de Franco son compartidas en el sector. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) denunció recientemente "el abuso sistemático por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas" y su impacto sobre el Plan de Recuperación. Según la patronal que preside Pedro Fernández-Alén, el importe destinado por las administraciones públicas a sus propios medios para ejecutar contratos se incrementó un 350%, escalando desde los 589 millones en 2021 a los 2.631 en 2022.

Los empresarios agrupados en la CNC consideran el 'boom' de contratos públicos como "una auténtica irresponsabilidad, que elimina el principio de libre concurrencia y capacidad, y aboca a la disolución o al concurso de acreedores a miles de compañías del sector".