Colombia y Gas Natural se enzarzan en una guerra de cifras antes de la denuncia ante el Ciadi

La decisión del Gobierno colombiano de liquidar Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, ha tensado aún más las relaciones entre el país latinoamericano y el grupo energético español. La próxima semana, la compañía que preside Isidro Fainé presentará una reclamación de 1.000 millones de euros ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, pero antes ambas partes se han enzarzado en una batalla de cifras contradictorias que han calentado el ambiente previo al registro del contencioso.

Una polémica que se inició con la valoración de la deuda de Electricaribe. Durante la comparecencia pública en la que se anunció la liquidación de la empresa, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, aseguró que la deuda de la comercializadora eléctrica estaba en el entorno de los 750 millones de euros. Sin embargo, menos de 48 horas después, fuentes diplomáticas colombianas, esforzadas en lanzar un mensaje tranquilizador a los inversores internacionales sobre la seguridad jurídica del país, refirieron unos números mucho más elevados: entre 1.200 y 1.300 millones de euros.

Guarismos que en ninguno de los dos casos admiten comparación con los que se reflejan en las cuentas de Electricaribe. Las últimas registradas, a 30 de septiembre (un mes y medio antes de la intervención por parte del Gobierno colombiano) y auditadas por PwC, reflejan una deuda financiera de 515 millones de euros.

Y de ésta, algo más de 400 millones están relacionados con financiación contratada por la compañía para cubrir el agujero de las facturas emitidas y no cobradas, el problema de la elevada mora que Gas Natural siempre ha argumentado, junto con el del masivo fraude, para explicar sus dificultades en el país latinoamericano.

Más contradicciones

No es la única contradicción que se ha dado en el caso en las últimas horas. El pasado jueves, la prensa local recogía unas palabras del superintendente Mendoza en las que aseguraba que si Gas Natural se comprometía a invertir 1,5 billones de pesos colombianos (algo más de 465 millones de euros) podría recuperar Electricaribe y se interrumpiría el proceso de liquidación.

Pero la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos que apoyaba la decisión del Gobierno de liquidar la compañía hablaba de unas necesidades de inversión no inferiores a unos 700 millones de euros en ocho años, una exigencia trasladada en las negociaciones previas a Gas Natural.

La ensalada de número que adereza las horas previas a la presentación de la reclamación del grupo español ante el Ciadi no llega ni mucho menos por casualidad. Ni tampoco resulta una cuestión menor o anecdótica. Porque, con vistas al proceso de liquidación no es lo mismo que la deuda de Electricaribe sea de 1.300 millones de euros que de poco más de 500, como aseguran las cuentas auditadas de la empresa.

¿Pueden los activos pagar la deuda? 

De acuerdo con éstas, los activos de la compañía tenían un valor al cierre del tercer trimestre de 2016 de unos 1.800 millones de euros. De esta forma, una liquidación ordenada de los mismos sería suficiente para satisfacer las deudas de los acreedores y que los accionistas (Gas Natural, al 85%; y el Estado colombiano, el 15% restante) les quedara algo más de 1.200 millones de euros como compensación. Números que, evidentemente, no salen si la deuda fuera en realidad de 1.300 millones.

También hay que tener en cuenta que los cálculos del Gobierno incluirán la deuda que Electricaribe acumula con las compañías generadoras, a las que compraba electricidad para después distribuirla entre sus clientes. Precisamente, esas deudas eran las que ponían en peligro el suministro de electricidad en la región puesto que cada vez menos generadoras daban servicio a la filial de Gas Natural.

Sin embargo, esa deuda se ha incrementado de forma muy significativa en los meses en los que el Gobierno ha mantenido intervenida Electricaribe, ya que se ha limitado a reestructurar el esquema de compras de energía pero apenas ha pagado la electricidad adquirida a las generadoras para asegurar el suministro a la región en la que opera la compañía.