Empresas y particulares contactan con bufetes tras el pacto para vender inmuebles y dejar Cataluña

No es sólo que las empresas que se fueron de Cataluña tras el 1-O de 2017, más de 7.000, no quieran volver. Entre las que todavía siguen con su domicilio en Cataluña muchas están consultando a despachos para irse por las negociaciones y pactos del PSOE con ERC y Junts. Es el caso también de particulares y patrimonios, según ha podido constatar Vozpópuli, que contactan con sus asesores para mudar su residencia fiscal y, además, preparan la venta de inmuebles. A todo esto se añade una nueva remesa de salidas de funcionarios del Estado.

Así lo trasladan abogados y notarios, que creen que cuando se registre la ley de amnistía estos movimientos se van a multiplicar.

La novedad de este escenario respecto a lo que ocurrió en 2017 y en años siguientes es que el ataque a la seguridad jurídica ahora viene del propio Estado central. Si desde el 1-O se temían los disturbios, la violencia callejera y el desafío fuera de la ley del Gobierno autonómico, ahora es el propio Gobierno central el que se abre a desmantelar el anclaje constitucional de la financiación autonómica y de las arcas del Estado, que se ceden a los mismos que atacan al Estado, que además van a ser amnistiados, y con los que se va a negociar un referéndum.

Los impuestos, entre ellos, el de Sociedades, y la Inspección de estos y vigilancias y controles a las empresas van a ser objeto de negociación entre el Gobierno central y Junts, lo que genera gran inquietud entre empresas y patrimonios.

Esaú Alarcón, socio en Gibernau, da cuenta de empresas, patrimonios y funcionarios del Estado que preparan su salida. "Los que tienen capacidad económica y familiar para hacerlo se están planteando desaparecer", señala.

Alarcón traslada que además esto está sucediendo en un escenario en el que se temen medidas de presión -o, inclusión extorsión-, para que las empresas que se fueron vuelvan.

Asimismo, advierte de que hay particulares que ponen a la venta sus inmuebles en Cataluña, movimiento que refrendan otras fuentes consultadas por este periódico.

Los que se fueron no tienen intención alguna de volver, apunta un abogado de Barcelona de un despacho pequeño con varios clientes que se han ido de Cataluña.

Un socio de Fiscal de un gran despacho en Barcelona explica que clientes que tenían dudas han recibido ahora un empujón para irse, que en el caso de patrimonios ya no es sólo al resto de España sino que algunos clientes están activando su mudanza a Portugal y Andorra. Lo hacen también influidos por el reciente impacto del fallo del Tribunal Constitucional que ha avalado el impuesto a grandes fortunas, y por lo que implicaría su traslado a otras comunidades.

A lo que añade una "preocupación empresarial fuerte por la falta de seriedad y congruencia de las instituciones".

El economista y estadístico del Estado Juan Ignacio Crespo ha planteado que "empresas y ciudadanos huyen de Cataluña por la gestión pésima de la Generalitat y los impuestos altísimos". En 24 Horas, ha considerado que se da un "paso hacia la independencia" en el que se bajen impuestos sería un "milagro" y en el que se va a "amnistiar a personas por fraccionar contratos para sus amigos", en alusión a Laura Borràs.

A Crespo le parece que derogar el Decreto que facilita el cambio de sede a las empresas se ha convertido en un "fetiche" para los independentistas, pero no cree que las decisiones tomadas se vayan a cambiar.

El contenido económico y fiscal del pacto entre el PSOE y Junts le parece a un asesor fiscal de patrimonios en Barcelona "imposible de cumplir", "no" lo cree verosímil", por la "hecatombe" que supondría en el resto de España si se empieza a tramitar. Sin embargo, advierte del "malestar general" que se ha creado y de la "inseguridad jurídica que se está generando".

Además de la negociación de un referéndum, del borrado de todas las causas judiciales de la última década sobre el procés y de la posibilidad de que el Congreso termine investigando la actuación de los jueces, en el ámbito estrictamente económico, el pacto entre PSOE y Junts contiene la cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña y un Cupo. 

La primera supone trocear la Agencia Tributaria (AEAT) y la creación de una Agencia Tributaria Catalana independiente, lo que ya apunta a un Cupo como el vasco. Este Cupo se desarrollará además mediante "una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula e excepción de Catalunya que reconozca la singularidad".

Todo esto, las peticiones más maximalistas que venía planteando Junts y que ya reclamó en 2012 Artur Mas a Mariano Rajoy como pacto fiscal y éste se negó, está incluido en el acuerdo, aunque se dice que son propuestas de Junts, "Junts propondrá" es la fórmula.

Sin embargo, a nadie se le escapa que las dos mayores exigencias de Puigdemont aparte de la amnistía, ésta y el referéndum, están en un pacto de investidura y de legislatura y que si el PSOE no las concede, Junts amenazará con hacer caer a Pedro Sánchez. Esta agenda de Junts será urgente además, ya que el acuerdo dice: "Junts propondrá de entrada".

En cualquier caso, lo que el PSOE se compromete ya supone una especie de Cupo encubierto, ya que además de prometer "apostar por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso a mercado de Catalunya", incluye "un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya".

Una bilateralidad ya completa que va mucho más lejos que la condonación de 15.000 millones de deuda que el PSOE ha pactado con ERC.

Con todo, este viernes la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha negado en declaraciones en el Congreso que estos acuerdos contenidos en el pacto con Junts, como puede verse en el documento adjunto, lo estén.

De manera similar se ha pronunciado sobre el pacto con el PNV alcanzado este viernes respecto a la transferencia de la Seguridad Social, que ya había reconocido Andoni Ortuzar. Y Aitor Esteban desmentía a la ministra horas más tarde.

En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado en 24 Horas que no se va a realizar un referéndum, lo que el PSOE se compromete a negociar en el acuerdo.

Acuerdo PSOE - Junts by Vozpópuli on Scribd

"Promover" el regreso de las empresas

Entre las cesiones económicas del PSOE, queda una en principio de menor trascendencia para el Estado, como avanzó Vozpópuli el 7 de octubre: "facilitar y promover el regreso a Catalunya" de las empresas huidas tras el 1-O de 2017.

El Gobierno aquí lo tiene fácil, derogar el Decreto de 2017 que facilita el cambio de sede empresarial supone un mero trámite que no causaría problemas. Cuestión diferente es que el propio Decreto en vigor facilita la vuelta de las empresas a Cataluña, pero los independentistas están empeñados en la derogación, que opera como un símbolo.

Y es que la clave sería que las empresas quisieran volver, lo que hoy no ocurre, con lo que se buscarían fórmulas e incentivos. Estos últimos sí podrían tener un encaje jurídico complicado respecto a la Competencia y a las ayudas de Estado.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el citado Decreto el 6 de octubre de 2017 para facilitar un cambio de sede social que grandes empresas venían preparando, especialmente, CaixaBank ante la fuga de depósitos que sufría, e inmediatamente se produjo el traslado de CaixaBank a Valencia, de algunas de sus participadas a Palma de Mallorca, y de Sabadell a Alicante.

Más de 3.000 empresas se mudaron de Cataluña entre octubre y diciembre de 2017. Entre las más de 7.000 empresas que se fueron desde entonces y hasta la fecha, con contados retornos, hay trece cotizadas en el Ibex, CaixaBank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Cellnex, Abertis y Colonial. También se han ido Catalana Occidente, Applus o Naturhouse.

Este Decreto no afecta a la libertad de empresa pero desde el principio el Gobierno de Quim Torra insistió en que exigía su revocación. En febrero de 2018, el PSOE en la oposición votó con PP y Ciudadanos en contra de una proposición no de ley de PDeCAT en este sentido.

Cuando llegó al poder, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubo voces discordantes. La entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, declaró que se derogaría, pero fue corregida por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que recordó que el Decreto no sólo facilita la salida de las empresas sino también la vuelta y zanjó: "No se va a hacer".

Nadia Calviño lo corroboró entonces y planteó que las empresas tienen libertad para hacer lo que consideren.

Las empresas no han mostrado interés hasta la fecha en volver. Habrá que ver el alcance de las fórmulas que se plantea el PSOE para promover su vuelta. De momento, como avanzó Vozpópuli, ERC y Junts exigen a Sánchez traspasar a la Generalitat el control de La Caixa, un poder de supervisión de la Fundación que tiene ahora Economía. Una Fundación que a través de Criteria ostenta importantes participaciones en CaixaBank, Telefónica y Naturgy.