Solo seis empresas del IBEX 35 cumplen con los objetivos de transparencia de información no financiera

El último informe sobre sostenibilidad en las empresas del IBEX 35, referido al ejercicio de 2022 y realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social y Corporativa (RSC), ha revelado una falta de transparencia en la información no financiera. La media total ha sido de 45,40 puntos sobre 100 y solo seis entidades han aprobado -aunque la mayoría han obtenido una nota superior a esta-.

Las empresas que se han conseguido posicionar arriba del ranking son Endesa, Iberdrola, Enagás, Inmobiliaria Colonial e Indra. En el otro lado de la moneda, al final de la lista han caído IAG, ArcelorMittal, Banco Sabadell, Unicaja Banco y Solaria.

A pesar de este resultado 'negativo', se observa una mejora frente a años anteriores (41,80 en 2021 y 39,72 en 2020). En total se evalúan siete áreas y todas han presentado un crecimiento positivo, a excepción de la información relativa a la fiscalidad responsable (-3,58 puntos). La mayor subida ha sido en derechos laborales (+10,46 puntos).

Aunque se aprecian mejoras, sólo dos áreas superan los 50 puntos: derechos laborales (66,97) y clientes y consumidores (62,48). El resto de aspectos muestra una calidad informativa más deficiente: medio ambiente (47,15), buen gobierno corporativo (40,01), lucha contra la corrupción (36,56), fiscalidad  (32,99) y derechos humanos se ubica en el área que menos información ofrece (31,62).

Las memorias de RSC comenzaron siendo voluntarias, pero después de la aprobación de la Ley 11/2018 paso a ser de carácter obligatorio. Sin embargo, las empresas continúan sin ofrecer una completa transparencia en los aspectos no financieros. Según señala el Observatorio, esto se debe a una falta de uniformidad en los niveles de los detalles e indicadores.

Las tendencias de transparencia no financiera en las empresas del IBEX 35

En los últimos años, la sostenibilidad en la gobernanza corporativa ha ido cobrando cada vez una mayor importancia en la regulación nacional y comunitaria. De la misma manera, la evaluación, implicación y remuneración del consejo, así como elementos sociales y medioambientales y la identificación de riesgos relacionados, se han vuelto esenciales.

La Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo indica el deber de evaluar a los administradores usando criterios de rendimiento tanto financiero, como no financiero. Pese a que todas las empresas del IBEX 35 informan sobre la realización de estas evaluaciones, solo dos compañías -Amadeus y ArcelorMittal- han incluido superficialmente aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en la evaluación, según señala el informe de RSC.

No obstante, sí que todas las compañías mencionan la implicación del consejo y gestión de temas ambientales y sociales, aunque están más centradas en los riesgos en la empresa que en las actividades que realizan. Respecto a la remuneración, 34 entidades informan de los objetivos ASG en su sistema de incentivos, mientras que sólo once especifican cuáles son y cómo conseguir esa retribución.

Por otro lado, un año más, derechos humanos es el área donde menos información ofrecen las empresas del IBEX 35, incumpliendo con la Directiva de Diligencia Debida (DDD). Solo once firmas hacen mención de la próxima DDD explícitamente, pero el 69% entregan unos datos generalizados, pocos precisos y con un gran margen a mejora.

De acuerdo con el informe del Observatorio, 24 empresas notifican los criterios de derechos humanos utilizados en las contrataciones de proveedores. De estas, siete avisan de la realización de auditorías externas y solo una especifica cuando las hace sin previo aviso.

Asimismo, entre las conclusiones del informe del Observatorio RSC destaca la gestión de consejeros independientes. En 2022, 17 entidades nombraron a nuevos cargos en este puesto, pero solo ocho mencionan la intervención externa y ninguna plantea que estos nombramientos se hayan ratificado en la Junta General por los accionistas minoritarios. Aún más alarmante son las remuneraciones que llegan a recibir estos consejeros independientes: doce ganan más de 500.000 euros -aunque ninguna empresa especifica límites claros para preservar su independencia-.

El Observatorio señala la poca información sobre la lucha contra la corrupción como uno de los principales objetivos a combatir para las empresas. A pesar de que las 35 firmas del IBEX 35 afirman contar con un canal de denuncia, ninguna ofrece detalles sobre la participación de los trabajadores y la información sobre su funcionamiento es limitada. Además, destaca que solo doce gestionen el canal a través de un tercero ajeno a la compañía.

En esta línea, apuntan también a una falta de regulación de las actividades de lobby, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) de la UE. El informe destaca la falta de información en este aspecto: solo nueve empresas revelan las actividades de lobby realizadas en 2022, y de estas, únicamente tres notifican las iniciativas legislativas concretas que han seguido.

El informe del Observatorio RSC ha querido alarmar también de las "puertas giratorias". En referencia al ejercicio de 2022, hasta 21 consejeros en catorce de las corporaciones analizadas han ocupado altos cargos políticos en el sector público en los últimos diez años. De las 35 firmas que conforman el IBEX, solo una tiene una política específica sobre este fenómeno.

Finalmente, el análisis resalta los servicios distintos a la auditoría prestados por la misma firma auditora: ninguna prohíbe explícitamente la contratación diferentes a la auditoría. Además, simplemente siete empresas -AENA, CaixaBank, Banco Sabadell, Enagás, Iberdrola, Indra y Repsol- disponen de información detallada y desglosada de todas las actividades facturadas, detallando el importe y concepto. En cuanto a los ingresos, en once representan menos del 10% del total facturado por el auditor externo; en veinte, el porcentaje oscila entre el 10% y el 30%; y en cuatro -Acciona, Amadeus, Inmobiliaria Colonial y Naturgy- supera el 30%.