Varios economistas sugieren reactivar los viajes entre zonas europeas 'libres' del virus

La reactivación de los viajes internacionales y la recepción de turistas extranjeros está todavía en el aire. Con motivo de la crisis sanitaria de la covid-19, en estos momentos España cuenta con dos restricciones fronterizas, una referente a las terrestres y que limita el acceso de ciudadanos desde Francia y Portugal; y otra más amplia adoptada el pasado 23 de marzo y que impide la entrada de viajeros por aire y mar salvo aquellos residentes en España o en países de la Unión Europea, estados asociados Schengen o Andorra que se dirijan directamente a su lugar de residencia. 

El Gobierno ya ha anunciado que la 'desescalada' en España será por fases y asimétrica entre provincias, y las políticas podrían varias entre territorios, en función de la evolución de la pandemia. Sin embargo, en el transporte aéreo "es obligado alcanzar un concierto regulatorio de alcance europeo y, para el resto de modos y distancias, resulta precisa la aprobación de las correspondientes órdenes por parte del ministro de Sanidad". Un total de nueve países de la Unión Europea, entre ellos España, Francia e Italia, ya han abogado por establecer "reglas homogéneas" para garantizar la movilidad dentro de la UE.

En este contexto, el matemático catalán Miquel Oliu Barton y el investigador Bary Pradelski proponen "permitir la movilidad de personas entre 'zonas verdes' de diferentes países europeos a través de una red de regiones certificada por las instituciones comunitarias". En un informe elaborado bajo el paraguas de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) y el que han colaborado los economistas Andreu Mas-Colell, Toni Roldán y Max Roser, hacen referencia a los planes de 'desescalada' progresiva y asimétrica que han anunciado países como Francia, Italia y España y proponen "elevar este planteamiento de zonificación a escala paneuropea". 

Según detallan en el informe, la fórmula consistiría en "dividir cada país en áreas geográficas (regiones, provincias o departamentos) y que una autoridad europea común otorgara a dos lugares la 'etiqueta verde UE' que permitiera a sus residentes viajar entre ambas zonas "con la misma garantía de seguridad entre dos zonas verdes de un mismo país". Los expertos aseguran que "bien articulada y con las suficientes garantías, esta propuesta podría salvar la temporada turística de verano en el sur de Europa, mitigando así los enormes costes económicos que el cierre al turismo internacional podría ocasionar". 

Para garantizar una aplicación coherente de las etiquetas rojas y verdes, proponen la ejecución de test independientes o coordinados por parte de unas plantillas vinculadas a la Comisión Europea, "concentrando los recursos en las zonas que dependen fundamentalmente del turismo de verano como, por ejemplo, el caso de Mallorca".

Alemanes en Mallorca

Los autores de la estrategia usan de ejemplo la isla balear, donde el turismo representa el 45% de su economía con casi 14 millones de turistas internacionales anualmente, principalmente durante el verano. "Para esta isla es crucial obtener la etiqueta verde UE lo antes posible, ya que entrar a formar parte de la red certificada de zonas verdes podría ser la clave para salvar su economía", aseguran. Ahí se incluyen también los cientos de alemanes con residencias en la isla que exigen poder viajar en el ejercicio del derecho de la propiedad. 

El Gobierno tiene intención de darse prisa en reabrir "en cuanto pueda" los pasillos aéreos que unen a Europa con Baleares y Canarias, para que puedan volver los miles de alemanes, británicos, holandeses y austriacos que disponen allí de segunda residencia en la que viven gran parte del año, tal y como avanzó Vozpópuli hace unos días. No se trata de turismo de temporada, matizan estas fuentes, sino de personas que "hacen vida" en las islas con los locales.

Los expertos de ESADE destacan que el planteamiento "de crear zonas verdes certificadas solo puede organizarse a escala paneuropea" y es competencia de Bruselas. Consideran que "el papel de la Unión Europea durante la pandemia de la covid-19 ha sido muy cuestionado por su débil reacción y escasa coordinación en la primera fase del brote" y adoptar una medida de este calado "permitiría a la Comisión Europea exhibir un liderazgo claro en algo tangible y esencial para la vida de millones de ciudadanos europeos".