Las administraciones públicas han tenido que recurrir al endeudamiento bancario para hacer frente a las contingencias financieras derivadas de la paralización de buena parte de la actividad económica, como consecuencia de la pandemia. De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, la deuda que el sector público mantenía con bancos y entidades financieras de crédito a finales de 2020 ascendía a 74.749 millones de euros, 10.599 millones de euros más que un año antes. Si a esta cantidad se añaden los datos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la cifra final asciende a 77.198 millones.

El aumento de las subvenciones y exoneraciones de las cuotas sociales por el parón de los trabajadores autónomos, el reconocimiento de las incapacidad laboral transitoria para los afectados por el coronavirus y el pago de las prestaciones de desempleo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por casos de fuerza mayor justifican la apelación de las administraciones públicas a la financiación bancaria.

Habría que remontarse al año 2016 para encontrar un nivel de deuda superior. El crecimiento interanual, un 16,5%, está por encima del registrado en el del conjunto de las administraciones públicas, que fue del 10,3% en términos interanuales, según los últimos resultados publicados por la institución monetaria. El porcentaje es muy significtivo si se tiene en cuenta que el incremento de la financiación bancaria dirigida a hogares y empresas fue del 2,59%.

Deuda global de España

España debe 1,311 billones de euros, de acuerdo con el Protocolo de Déficit Excesivo, lo que equivale a hablar del 117,1% del valor a precios de mercado del Producto Interior Bruto (PIB). Sólo en los tres últimos meses de 2020, el recurso a la financiación bancaria aumentó en 6.512 millones de euros en términos interanuales.

El recurso de las administraciones públicas a la financiación bancaria suele ser frecuente cuando los problemas de la economía se agravan. Nueve de cada diez euros gastados de más en relación con el ejercicio anterior tuvieron que ver directamente con la emergencia sanitaria. Uno de los vínculos entre Administraciones y banca tiene que ver con la compra de la deuda emitida por el Estado cada año y, de forma más puntual, con el recurso al crédito cuando las circunstancias de liquidez inmediata lo requieren.

En el año 2012, cuando España tuvo que acudir a la UE para “rescatar” el sistema financiero por la crisis de deuda soberana de los países periféricos, el endeudamiento bancario de las Administraciones Públicas ascendía a 114.275 millones de euros, de los que 96.890 millones correspondían a las entidades de depósitos, 13.200 millones, al ICO, y 1.312 millones, a las entidades financieras de crédito.

El pasado año, los ingresos del Estado se redujeron un 12,7%, al mismo tiempo que los gastos se incrementaron un 19,2%, según últimos datos del Ministerio de Hacienda. En 2020, según los datos facilitados por el Gobierno, el conjunto de las administraciones públicas tuvo que hacer frente a un gasto excepcional, asociado directamente de la pandemia del coronavirus, de 35.250 millones de euros.

Impacto en la Seguridad Social

Los fondos de la Seguridad Social han sido los que más directamente se han visto afectados por los efectos de las crisis sanitaria, económica y social. Las prestaciones sociales se sitúan en 142.907 millones de euros, un 8,8% más que en el ejercicio anterior, como consecuencia de la prestación extraordinaria por el cese de actividad de los autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por la covid-19. Además, el gasto en subvenciones del sistema ascendió hasta 6.768 millones de euros, de los que el 97% se debe a bonificaciones y exoneraciones de cuotas sociales.

Una de las rúbricas más afectada por la crisis sanitaria ha sido el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que hasta noviembre registraba un déficit de 13.245 millones de euros. El reconocimiento de las prestaciones de desempleo para los ERTE, por la extinción de los contratos temporales y las ayudas para las empleadas de hogar han supuesto un gasto extraordinario hasta noviembre de 2020 de 13.634 millones de euros.

Además de la financiación directa en forma de préstamos y créditos, la banca está relacionada con el Estado a través de la deuda pública. Las entidades de créditos tenían a finales del pasado año el 15,64% de la deuda pública, el equivalente a 169.974 millones de euros. En el año 2012, cuando el bono español a diez años tenía que pagar alrededor de 7,5% para atraer a los inversores, los bancos llegaron a tener el 30,62% de la deuda pública, equivalente, entonces, a más de 196.000 millones de euros.