Deloitte no podrá ser administrador concursal de Abengoa. La consultora, una de las mayores del mundo, está siendo investigada en la Audiencia Nacional por presunta falsedad contable del grupo energético, y al haber sido auditor de la compañía hasta el año 2017 no puede ser nombrada para el puesto.

Al ser Abengoa una compañía cotizada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores debe designar al administrador concursal de la empresa, que fue declarada en concurso el pasado mes de febrero. El puesto será después confirmado por el juez a cargo del proceso.

Rodrigo Buenaventura, presidente del regulador del mercado español, explicó la pasada semana, en una rueda de prensa celebrada con motivo de la presentación del plan de actuación del organismo, que hay "un gran número de sociedades interesadas en ser nombradas administradores concursales, como nunca hasta ahora en un proceso de este tipo". 

PwC, que auditó Abengoa cerca de 20 años, tampoco podrá ser administrador concursal del grupo

"El concurso tenía unos requisitos de independencia que harían imposible que se presentara Deloitte", indican fuentes del mercado, sin precisar si el hecho de estar la firma siendo investigada en la Audiencia Nacional sería motivo suficiente para que no pudiera presentarse como administrador concursal del grupo energético.

En todo caso, el hecho de que Deloitte fuera el auditor de Abengoa entre los años 2012 y 2017 impide a la consultora presentarse al cargo. Por la misma razón, PwC, que es el actual auditor de las cuentas de la compañía, y que ya lo fue entre principios de los años noventa y 2011, tampoco puede aspirar a ser designada como administrador concursal de la multinacional sevillana.

En febrero de 2020 el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, decidió imputar a Abengoa y a Deloitte por la presunta falsedad contable del grupo en las cuentas de los años 2014, 2015 y 2016. También fue imputado el profesional de Deloitte que firmó las auditorías, Manuel Arranz.

El magistrado admitió en febrero de 2017 la querella presentada por la Asociación de Perjudicados por Abengoa contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. A finales de 2019, la asociación de perjudicados requirió al juez ampliar la querella contra Abengoa, Deloitte, el socio de la consultora Manuel Arranz, y también contra las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, lo que fue admitido en febrero de 2020.

El ICAC sancionó a Deloitte con 1,48 millones de euros y al socio Manuel Arranz con 8.700 euros

En su auto de admisión el magistrado indicó que las cuentas de Abengoa "reflejaban una realidad bien distinta a su verdadera situación económico-financiera y patrimonial durante el tiempo en que estuvo administrada por los señores Benjumea y Sánchez Ortega, controlada la Comisión de Auditoría por las dos consejeras hoy querelladas, señoras García Díez y Velarde Valiente, y auditada sin salvedades por Deloitte y por el señor Arranz Alonso".

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sancionó a Deloitte con 1,48 millones de euros y al socio Manuel Arranz con 8.700 euros por la comisión de dos infracciones graves en el "incumplimiento de las normas de auditoría, que pudo tener un impacto en la elaboración del informe de la compañía".

Los precedentes de Pescanova y Bankia

Deloitte ya ha pasado por el mal trago de estar imputada en un caso en la Audiencia Nacional. La firma y también otro de sus socios, Francisco Celma, auditor de Bankia, fueron imputados por el caso de la salida a Bolsa de la entidad, en el que todos los investigados fueron absueltos finalmente.

En el 'caso Pescanova' el auditor de las cuentas del grupo ha sido condenado a tres años y seis meses en prisión

La última vez que Deloitte fue nombrada administrador concursal de una cotizada española relevante fue en Pescanova. La consultora fue designada por la CNMV para administrar la multinacional pesquera tras destaparse la estafa contable que escondían las cuentas del grupo. El trabajo de Deloitte al frente del concurso de la compañía gallega sirvió para mantener la actividad del grupo y asegurar su viabilidad futura.

En ese caso, la firma BDO -que auditó las cuentas de Pescanova investigadas- y el socio de la consultora que firmó las cuentas de la compañía sí que han sido condenados.

La Audiencia Nacional, tras cerca de siete años de investigación, condenó el pasado mes de octubre a Santiago Sañé, el profesional de BDO que firmó las cuentas de Pescanova, a tres años y seis meses de prisión. La consultora tendrá que hacerse cargo de parte de los 200 millones de euros requeridos como indemnización a los acusados.