Va creciendo la expectación entre los mandamases del Ibex ante la nueva hazaña que afronta Pedro Sánchez: defender, como presidente interino de la Unión Europea, que las grandes empresas no deberían moverse libremente… por la UE. Es otra prueba más para el político que recelaba de Pablo Iglesias y acabó haciéndole vicepresidente. El reto es extensible a su mano derecha en el Consejo de Ministros, Nadia Calviño, una ex alta funcionaria europea obligada, igualmente, a hostigar a las empresas que deciden instalar su sede social en otro país de la Unión. La culpa de todo la tienen Ferrovial y su presidente, Rafael del Pino.
La coalición de gobierno ha sembrado demasiados vientos durante la legislatura y ahora le toca recolectar tempestades. No contaba Sánchez con que un multimillonario, presidente de una multinacional, le iba a sacar los colores a las puertas de la vicepresidencia española de la UE. El líder socialista fue consciente del daño en el mismo instante en que su gabinete le dio la noticia inesperada, este martes: Ferrovial había comunicado a la CNMV el traslado de su sede social a Países Bajos. Un día más tarde, la portada de Financial Times confirmaba los malos presagios de Sánchez. El diario de cabecera de los poderosos en Europa destacaba el enojo del Ejecutivo español por la 'huida' de la compañía.
El periódico británico evidenciaba las contradicciones de un mandatario que se presentó, hace un mes, como líder dialogante en Davos, y que ahora patalea ante un movimiento empresarial lícito y comprensible, por el peso internacional de su negocio. Y por la ausencia de fronteras internas en la UE. Lo que hiere a Sánchez, sin embargo, no es el cambio de sede en sí -que apenas tendrá impacto recaudatorio-, sino la realidad que desvela: una gran empresa comandada por una gran fortuna se marcha a otro país más amistoso con quienes tienen y generan riqueza.
Abierta la espita, otros empresarios pueden seguir los mismos pasos. Es el castigo divino al pecado original de Sánchez: hacer de España un país que repele los capitales en lugar de atraerlos. El sesgo ideológico contra los empresarios siempre ha estado presente durante su mandato y se ha agudizado según se precipitaban PSOE y Podemos en las encuestas. En lo peor de la pandemia, a finales de 2020, al Gobierno le costaba aún dar ayudas directas a pymes y autónomos. Esa desconfianza subyace igualmente tras el atasco de los fondos europeos, cuyos potenciales beneficiarios se han convertido en víctimas de unos controles burocráticos infinitos.
El Ejecutivo casi nunca ha aplicado el beneficio de la duda a los empresarios -grandes, pequeños o medianos-. En este contexto, España ha seguido aumentando la presión fiscal. Según la última medición del Instituto de Estudios Económicos (IEE), alcanzó una cota histórica del 42% del PIB en 2022. La media europea es del 41,7%, lo que implica que unos países se ceban con las cargas (como España), mientras otros las reducen al mínimo (como Holanda).
Nuestro país tampoco puede presumir, precisamente, de ambiente óptimo para hacer negocios. Ocupa el puesto 31 del ranking Doing Business, elaborado por el Banco Mundial. Y la tendencia es descendente (en 2018 estábamos en el 28), justificada por ejemplos como el que sigue: en 2022, en plena crisis inflacionista, las administraciones aprobaron 32 nuevas normas y cambios regulatorios en el sector de la distribución, donde operan Mercadona, El Corte Inglés, Dia, Carrefour o Eroski.
El punto álgido lo marcó la aprobación de tres nuevos impuestos, dirigidos a los grandes bancos y energéticas, y a los grandes patrimonios. Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol, Naturgy o Endesa pagarán los dos primeros; el tercero lo abonarán muchos de los consejeros y altos directivos que trabajan en esas mismas empresas, o en otras de gran tamaño, como Ferrovial y sus rivales (FCC, Acciona o Sacyr). Algunas de esas multinacionales y muchos de esos gerifaltes están pensándose hoy hacer las maletas y cambiar la sede o la residencia fiscal.
A estas alturas resulta ingenuo apelar al patriotismo, como han hecho Sánchez, Calviño, Yolanda Díaz o José Luis Escrivá, al denostar a multinacionales 'made in Spain', pero controladas desde hace mucho por manos extranjeras. Quienes mueven el dinero, quienes alguna ve han pagado con un billete de 500 (los llamaban 'Bin Laden’ en el 'boom' español del ladrillo) no operan por lealtad nacional, sino por la ambición de ganar más o generar valor para sus accionistas. O por ambas cosas a la vez.
A estas alturas resulta ingenuo apelar al patriotismo. Quienes mueven el dinero no operan por lealtad nacional, sino por la ambición de ganar más o generar valor para sus accionistas. O por ambas cosas a la vez
Nunca está de más recordarlo: según el último balance anual de la CNMV, casi el 49% de las empresas que cotizan en España está en manos de inversores extranjeros. Ese porcentaje ha ido aumento (al arrancar el siglo no llegaba al 35%). Y el Ibex 35, la flor y nata de la Bolsa española, tiene tres grandes 'terratenientes'. BlackRock y los fondos soberanos de Noruega (Norges Bank) y de Qatar acaparan el 7,5% de las acciones del índice selectivo. El porcentaje crece al sumar las aportaciones de otros gigantes (CVC, Fidelity, Goldman Sachs, JP Morgan o Abu Dabi). Son sus jerarcas los que promueven las grandes decisiones en sus empresas participadas. Como mover la sede social.
El patriotismo es un concepto desfasado en el mundo global del dinero. Pongamos dos ejemplos tan dispares como el de Rafael del Pino y El Rubius. A años luz en lo personal y en lo profesional, tienen hoy en común el estar señalados desde el Estado como malos ejemplos para los contribuyentes. El primero, por llevarse la sede a otros lares fiscales; el segundo, por hacer lo mismo con sus ingresos, pero bordeando o saltándose la ley. Pero el empresario y el 'youtuber' son una muestra de las deficiencias del sistema español, que ataca a quienes más posibilidades tienen de escabullirse y acaba crujiendo a quienes no tienen escapatoria.
A disposición de los primeros están los bufetes 'top', que identifican las vías para pagar menos impuestos. "La distorsión que produce el impuesto de patrimonio está directamente relacionada con la capacidad para eludirlo", escribe Francisco de la Torre en su último libro '¿Y esto quién lo paga? ' "Si las empresas operan en muchos países, cada uno con una normativa distinta, a las que son muy grandes les resulta relativamente desviar los beneficios hacia 'jurisdicciones' más favorables donde se paga muy poco por ellos", añade el inspector de Hacienda, autor de otros ensayos sobre las 'misterios' de la fiscalidad.
Muy lejos de El Rubius, y mucho más aún de Del Pino, están los 20 millones de españoles con nómina. Son los que tramitan la Declaración de la Renta, como mucho, en una gestoría de barrio. El Gobierno ni siquiera les ha deflactado el IRPF, para mayor gloria de la Agencia Tributaria, que lleva meses recaudando a niveles récord. Ese sí que hubiera sido un buen gesto de patriotismo.
