El aumento de los costes laborales se lleva por delante a 13.000 pequeñas empresas

La política económica de Pedro Sánchez se ha basado en los más de cinco años que lleva al frente del Gobierno en mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores y pensionistas, sin tener en cuenta el coste que para las empresas tenía el incremento continuado de los costes laborales; ni el que para la deuda pública ha supuesto la revalorización de las pensiones con arreglo a la variación del Índice de Precios de Consumo.

El incremento de la deuda de la administración central, unido al de las administraciones de la Seguridad Social, es incontestable. En 2018, la deuda conjunta de estas era de 1.142.309 millones de euros. Cinco años después, asciende a 1.544.279 millones, es decir, casi 402.000 millones de euros más, un 35,2% de incremento.

Del aumento continuado de los costes laborales hay diversos indicadores que pueden acercarnos a sus consecuencias más desfavorable. La más esclarecedora puede que sea la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio, el número total de empresas registradas se ha reducido en 37.473 entre 2018 y octubre del presente año. En diciembre de 2018, cuando Sánchez cumplió su séptimo mes como presidente del Gobierno, había inscritas 1,346 millones de empresas; casi cinco años después, en octubre del año en curso, hay 1,322 millones, un 1,77% menos.

No todo es achacable a la política seguida por los diferentes gobiernos de Sánchez. La irrupción de la pandemia en el primer trimestre de 2020 tuvo consecuencias muy nefastas para la actividad económica, especialmente para la de determinados sectores. Pero es también cierto que el aumento de las cotizaciones empresariales, la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y los incrementos anuales del salario mínimo interprofesional (SMI) no han ayudado mucho al sector empresarial, más bien, todo lo contrario. 

Para las grandes sociedades de algunos sectores como el bancario o el energético, el impuesto creado “ad hoc” sobre los beneficios extraordinarios que haya podido generar el aumento de la inflación no ha hecho más que agravar el problema, aunque las grandes empresas siempre tienen mejores resortes para soportar las adversidades.

Castigo a las pequeñas empresas

Pero no todo el tejido empresarial se ha visto afectado de la misma manera. Las más perjudicadas, como siempre, han sido las pequeñas empresas, las que tienen menos de diez trabajadores. Según los registros de la Seguridad Social, de las 37.473 empresas desaparecidas en estos últimos cinco años, 12.786, el 37,1% tenían menos de diez trabajadores. 

Dentro de este segmento, las más perjudicadas han sido las microsociedades que tenían entre uno y dos trabajadores, las más frecuentes en el tejido empresarial español, ya que representan el 52,5% del total: casi 695.00 de 1,322 millones. Entre 2018 y 2023 se han visto obligadas a suspender sus actividades 6.496 empresas; otras 4.319, con entre tres y cinco empleados, y 1.973 con una plantilla de entre seis y nueve trabajadores.

No a todo el tejido empresarial le ha ido mal. Las empresas de más de diez trabajadores son hoy 13.417 más que a cierre de 2018. El mayor incremento se ha dado en las sociedades con entre 10 y 49 empleados, que han aumentado en 10.166. Hay también 354 grandes empresas más (aquellas de más 500 trabajadores) y otras 477 más que cuentan con entre 250 y 500 empleados.

Sectores más perjudicados

¿Qué sectores han sido los más perjudicados? Teniendo en cuenta que el sector servicios es el responsable de las dos terceras partes de la actividad de la economía española, es en este tipo de actividades donde se ha concentrado la mayor pérdida de empresas. En concreto, se han perdido en estos últimos cinco años más de 18.600 comercios al por mayor y minoristas, de los que casi 3.500 han desaparecido en los meses que van transcurridos de este año.

El otro sector que más alto precio ha pagado ha sido el de las empresas agrícolas, ganaderas y pesqueras: un total de 33.000 sociedades han desaparecido en los últimos cinco años, de las que cerca de 19.000 lo han hecho en el año en curso.