Publicado: 23/10/2023 04:45
Las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores tienen como principal objetivo garantizar una serie de derechos y prestaciones como la jubilación a una determinada edad, la incapacidad temporal, la asistencia sanitaria, las otras pensiones contributivas... De una forma más coloquial y directa se dice siempre que las cotizaciones sociales deben cubrir el coste de las pensiones contributivas. Después de las cotizaciones, la segunda partida en importancia del Presupuesto de la Seguridad Social son las aportaciones del Estado, que en 2023 alcanzarán los 38.904 millones de euros.
Las pensiones, junto con el crecimiento de la deuda, son los dos temas que más preocupan al Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, a la Comisión Europea, que mantiene desde hace año serias dudas acerca de la sostenibilidad futura del sistema público. Vincular la subida futura de las pensiones a la evolución del Índice de Precios de Consumo sin descuadrar las cuentas es un reto en el que el ministro de Inclusión y Seguridad Social se juega su prestigio y el Gobierno su credibilidad ante Europa.
En los últimos años, desde el Gobierno se ha modificado el porcentaje que absorben las cotizaciones del salario bruto; se ha destopado la cotización máxima con el fin de que los mayores sueldos coticen por lo que realmente suponen; se ha cambiado el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para que coticen por los ingresos reales; se ha creado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional para nutrir la agotada hucha de las pensiones....
Nadie puede negar la buena voluntad del Gobierno para evitar sobresaltos en el mayor gasto de los presupuestos consolidados del Estado para el presente ejercicio: 191.000 millones de euros, lo que supone el 39,2% de todo el gasto, según figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso.
A pesar de la buena voluntad del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y del conjunto de medidas puestas en marcha, a José Luis Escrivá no le terminan de salir las cuentas cuando se han cerrado los números de los ocho primeros meses del año.
Primero, porque los ingresos por cotizaciones sociales, 100.825 millones de euros entre enero y agosto, han crecido a una tasa media del 9,8%, cuando en los Presupuestos estaba previsto un 11,5%, hasta alcanzar los 152.075 millones. Y segundo, porque el gasto en pensiones contributivas ha crecido en ese mismo periodo a un 10,74%, más cerca de la previsión gubernamental del 11,2% para el conjunto del año.
Solo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional parece cumplir al pie de la letra los objetivos para los que fue aprobado. En los ocho primeros meses del año ha recaudado un total 1.700 millones de euros. Teniendo en cuenta que la recaudación mensual se está situando en los últimos meses en el entorno de los 250 millones de euros, todo apunta a que en el conjunto del año se habrá alcanzado la cifra presupuestada: 2.793 millones.
Factura de las pensiones
Las cotizaciones han aguantado bien el coste de las pensiones contributivas hasta el mes de junio. En la primera mitad del año, la Seguridad Social recaudó un total de 75.177 millones de euros, un 10,05% más que en el mismo periodo de 2022, que permitieron el abono de las seis mensualidades ordinarias de las pensiones: 68.528 millones, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio.
El desajuste llegó con la primera de las dos pagas extraordinarias, la de junio, que el Ministerio la contabiliza al mes siguiente. Frente a unos ingresos por cotizaciones sociales en julio de 12.981 millones, hubo que hacer frente a una nómina de 22.784 millones (la extraordinaria de junio y la ordinaria de julio). En el acumulado de los siete primeros meses, las cotizaciones han sumado 88.150 millones de euros y el gasto en pensiones contributivas, 91.312 millones, 3.000 millones más. La situación, como tantas otras veces, se repetirá en unas semanas.
El último dato facilitado por el departamento que dirige Escrivá ha sido el de agosto. La recaudación por cotizaciones sociales ha marcado una cifra récord en el año, 13.041 millones de euros, que ha llevado el acumulado hasta los 100.825 millones, frente a los 102.954 millones que se han gastado en abonar las pensiones a más de 9,1 millones de pensionistas. Y lo que no se paga con cotizaciones hay que hacerlo a través de transferencias del Estado, lo que incrementa la deuda de la Seguridad Social. A cierre del primer semestre se ha incrementado en un 7,5%, hasta los 106.000 millones de euros, el doble que en 2019.
Desde el 1 de enero, la Seguridad Social ha puesto en marcha un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos basada en los rendimientos netos anuales. No ha transcurrido el tiempo necesario para juzgar su marcha. Aunque el Ministerio asegura que las dos terceras partes de los trabajadores no verán incrementada su cotización, los primeros datos no son alentadores. Entre enero y agosto se han recaudado en concepto de cotizaciones sociales en este colectivo de más de tres millones de trabajadores 7.681 millones de euros, apenas un 1,8% más que en el mismo periodo del pasado año.
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No pasa nada, se suben impuestos y cotizaciones, se inventan otros nuevos ¡y listo!
El gasto en pensiones contributivas, tiene que tener relación con el valor actualizado de las aportaciones realizadas, en el pasado, por empresas y trabajadores. Los ingresos actuales para pensiones tendrán que ver, pasados los años, con la debida actualización, con las pensiones futuras.
Las pensiones no contributivas no deben pagarse con las aportaciones contributivas sino con los impuestos, con los límites que sean razonables. Dejen de meter miedo a los pensionistas que han aportado sus contribuciones a la seguridad social y pagado impuestos en España. con desvalorización de las pensiones.