Cristóbal Gallego es consejero independiente de Enagás desde 2020. Un cargo al que llegó junto con José Montilla y José Blanco. Los dos exministros fueron la elección del PSOE para entrar en la mesa de gobierno del gestor del sistema gasístico, cuyo máximo accionista es el Estado con un 5% a través de la SEPI. Gallego, por su parte, era la apuesta de Unidas Podemos para ocupar una silla cuya remuneración anual se eleva hasta los 160.000 euros anuales. Unos salarios del consejo que Gallego no aprueba, pese a que ya ha cobrado 390.000 euros por su puesto en Enagás.
La compañía detalla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su último informe anual de remuneraciones del consejo ha sido aprobado, de nuevo, por 13 de los 16 consejeros. Sólo los dos miembros de la SEPI y Cristóbal Gallego han optado por abstenerse en la votación. La abstención de Santiago Ferrer y Bartolomé Lora, los dos consejeros dominicales de la SEPI, se debe a la histórica posición de la empresa estatal en estas votaciones. La decisión de Gallego se debe a 'falta de experiencia'.
"D. Cristóbal José Gallego Castillo se abstuvo de votar el presente informe, manifestando no tener experiencia en cuestiones retributivas en el sector privado", detalla Enagás en su informe remitido al regulador del mercado. Una versión que también alegó en 2021 cuando justificaba una votación contraria a la mayoría del consejo.
El elegido por la formación que ahora lidera Ione Belarra para el consejo de Enagás obtuvo un salario de 160.000 euros en 2021 y 2022. Una retribución que se compone de 100.000 euros en concepto de remuneración fija, 35.000 euros en dietas y 25.000 euros por pertenencia a comisiones del consejo. Similar al sueldo de Montilla y Blanco. Pero muy inferior a los 1,3 millones de euros que cobra el máximo ejecutivo de la compañía, Arturo Gonzalo, entre su sueldo y la retribución variable.
Cristóbal Gallego, ingeniero aeronáutico de formación, tampoco aprobó el informe anual de consejeros de Enagás de 2020, cuando llevaba seis meses en el cargo. Aunque su voto lo justificaba de otra manera. Tal y como publicó entonces Vozpópuli, Gallego se salía de la postura mayoritaria porque prefería, según registraba el informe de 2020, "esperar a tener un mayor conocimiento del sistema retributivo".
De Podemos a Enagás
El consejero de Enagás es cercano a Podemos, pero no ha ocupado ningún cargo orgánico en la formación morada. Cristóbal Gallego fue miembro de la Comisión Nacional de Expertos en Transición Energética como representante de Unidas Podemos. Una comisión creada por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de 7 de julio de 2017, con el encargo de elaborar un informe en el que se analizasen las posibles propuestas que permitan contribuir a la definición de la estrategia española para la transición energética.
El consejero de 40 años es ingeniero aeronáutico y doctor internacional con la calificación cum laude por la misma Universidad, según describe su currículum publicado en la web de Enagás. Actualmente, ocupa la plaza de profesor asociado en la Universidad Politécnica de Madrid en el departamento de Aeronaves y Vehículos Espaciales.
El ingeniero aterrizó en el sector energético en la universidad, tras integrarse en el equipo de investigación en el Departamento de Energía -División Energía del viento- de CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).
"Gas no es solución"
El consejero de la compañía fue miembro del Comité Científico que preparó el décimo Seminario sobre Energía Eólica en Europa y miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería del Viento (ANIV). Cristóbal Gallego es uno de los miembros del Observatorio Crítico de la Energía una plataforma que aborda "la insostenibilidad de nuestro actual modelo energético y económico".
Como publicaba en 2020 el medio El Español, Gallego suscribió en 2018, dos años antes de su llegada a Enagás, un manifiesto contra el uso del gas. Dicho manifiesto crítico, bajo el título “Gas no es solución”, instaba a "un análisis riguroso del papel temporal/residual del gas en la transición energética", porque le atribuye un impacto real en el cambio climático, "y que dicho análisis contenga un calendario concreto para su abandono".
