Todas las pymes rescatadas necesitarán el visto bueno de los asesores del Gobierno

El Gobierno no quiere un nuevo caso 'Plus Ultra' ni en la Sepi ni en Cofides. Por eso todas las recapitalizaciones que se hagan con el fondo de 1.000 millones para pymes pasará por el equipo de asesores legales y financieros que se ha contratado para esta labor.

El fondo Cofides ha arrancado esta misma semana, con las dos primeras peticiones que han llegado a los asesores financieros, que se trasladarán a los legales en los próximos días. Por lo pronto, ninguna de estas ha conseguido llegar hasta el Consejo de Ministros, pero no se debe a un retraso, pues los plazos en esta fase (asesores) se pueden dilatar hasta unas siete semanas.

Los asesores deben elaborar informes que recojan conclusiones claras y concisas sobre su recomendación favorable o desfavorable a conceder el apoyo solicitado basados en criterios técnicos y objetivos. Esta exigencia coincide con la reciente decisión de la SEPI de obligar a sus asesores a ‘mojarse’ en los rescates que analicen, algo que no tenían que hacer hasta ahora, como desveló Vozpópuli.

Por este motivo el Gobierno ha solicitado a Bruselas una prórroga hasta al menos junio de 2022, ya que de no conseguirlo el fondo quedaría zanjado el 31 de diciembre de este mismo años. Es decir, dentro de tan sólo tres meses.

Los cálculos de Cofides

Cofides calcula que se podrá dar ayudas a tan solo unas 150 compañías con el tamaño de este fondo. Cabe destacar que Alvarez & Marsal señala que las pymes necesitan unos 15.000 millones de financiación para salir de esta crisis. Por lo que fuentes del sector han tildado de insuficiente la cuantía que ha puesto el Gobierno para solucionar este problema.

El fondo está dirigido a empresas con una facturación de entre 15 y 400 millones en 2019. En el caso de las pymes, los préstamos podrán ser de entre tres y 15 millones. Para las empresas medianas, las cantidades oscilan entre los cuatro y 25 millones. Se prevé que la tramitación de cada expediente se extienda entre dos y tres meses.

Las empresas que reciban fondos públicos tendrán prohibido distribuir dividendos, subir los sueldos de los directivos o comprar más de 10% de compañías competidoras hasta que no devuelvan al menos el 75% del préstamo. Cualquier reducción de plantilla quedará condicionada a alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores.