La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank y Bankia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO covid, según ha comunicado el supervisor en un comunicado.

La CNMC está investigando la posible vinculación a productos que los bancos habrían exigido como condición a los clientes y además estudia la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes, según ha informado el organismo presidido por Cani Fernández.

Estos avales fueron habilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en 2020 para facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos y hacer frente al impacto económico y social de la covid-19.

La CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO.

Todo ello, según la CNMC, podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público. Las entidades bancarias han financiado ya con más 117.758 millones de euros a empresas, autónomos y pymes con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Comunicado de la banca

Las patronales de la banca lanzaron un comunicado conjunto en abril de 2020 asegurando que las entidades asociadas habían dado instrucciones a su red de oficinas para asegurar una aplicación rigurosa del contenido de dicho acuerdo. "Entre otros aspectos, se ha clarificado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos", rezaba el documento.

El redactor de Vozpópuli, Alberto Ortín, explicó ese mismo mes en un artículo que la banca estaba incurriendo en prácticas alejadas del espíritu de la norma a la hora de comercializar los préstamos avalados por el Estado a través de la línea ICO Covid-19, a pesar de las advertencias del Banco de España o del mismo organismo público.