Publicado: 29/12/2021 04:45
Actualizado: 29/12/2021 14:03
La pugna entre Santander y el actual equipo directivo de Merlin no acarreará mayores indemnizaciones, a parte de las previstas en los contratos, si finalmente se produce un cambio en la dirección. El plan de incentivos aprobado por la inmobiliaria en 2017 contemplaba elevadas compensaciones económicas para los directivos en el supuesto de que los accionistas -con el banco a la cabeza- decidiera prescindir de la actual cúpula ejecutiva, liderada por Ismael Clemente.
El plan, aprobado el 26 de abril de 2017 (con el respaldo del Santander) dejó de tener efecto en 2019 y no sigue en vigor como apuntó inicialmente este diario. Si el cambio en la gestión se hubiera producido durante los dos años de vigencia, la compañía tendría que haber multiplicado por 1,5 el valor de los incentivos previstos, en cumplimiento de una cláusula fijada en el programa de incentivos. Eran beneficiarios de ese plan tanto el propio Clemente, fundador y consejero delegado de Merlin, como un grupo de 45 directivos.
Fuentes próximas a la compañía explican que el abono de los incentivos fijados en el plan está dividido en tres años: 2020, 2021 y 2022. A partir de 2023, los directivos que se beneficiaban del programa cobrarán únicamente el salario fijo.
El deseo de Santander, conocido el pasado día 20 de diciembre, de prescindir de Clemente ha disparado los rumores sobre el rumbo que tomará a partir de ahora la inmobiliaria. La agresiva política de remuneración habría sido una de las razones por las que la entidad que preside Ana Patricia Botín pretendería forzar relevo del consejero delegado, apuntan diversas fuentes.
Sistema de incentivos
El grupo acordó que el sistema de incentivos a largo plazo se pagaría en acciones y efectivo en función de la creación de valor generada al accionista, que se mediría con dos parámetros: el incremento en la cotización de las acciones de la empresa y el incremento en el valor neto de los activos de la compañía por acción.
El importe máximo del incentivo referenciado a la cotización sería de 37,5 millones de euros, abonado en metálico tras la formulación de las cuentas anuales de 2019. Y el incentivo vinculado al valor de los activos se fijó en un máximo de 75 millones, pagadero en títulos de la compañía.
Desde Merlin se ha indicado a este diario que el plan de incentivos 2017-2019 es el último que queda en vigor y que ya está "pagado íntegramente", a falta de las acciones. Añaden que la cantidad total del incentivo ya está provisionada en las cuentas de la empresa.
Choque con Santander
Las diferencias entre Clemente y el presidente de Merlin Properties, Javier García-Carranza, uno de los tres representantes de Santander en el Consejo de Administración del grupo, y uno de los hombres de mayor confianza de Ana Botín en el banco, son notorias desde hace unos meses.
La noticia de las pretensiones de Santander provocó un batacazo en el valor en Bolsa de Merlin, que el pasado 20 de diciembre perdió un 6%. La compañía cerró ayer martes a 9,49 euros por acción, tras subir un 1,5%, recuperando ya buena parte del valor perdido.
Clemente logró el mismo 20 de diciembre parar la pretensión de Santander recabando el apoyo de la plantilla y consejeros de la compañía, y se acordó abrir un periodo de conversaciones en el que las partes se han comprometido a mantener un pacto de silencio.
El consejero delegado de Merlin ha contratado los servicios del despacho De Carlos Remón para defenderse de los planes de Santander, el mismo bufete que ha representado a Andrea Orcel en su demanda contra el primer banco español, logrando una indemnización de 62 millones de euros por su fichaje frustrado como consejero delegado.
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