Pedro Sánchez prometió el 15 de noviembre en el debate de su investidura "un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria". Este anuncio de revertir la obligatoriedad que impuso el propio Ejecutivo de Sánchez en la pandemia pasó algo desapercibido en medio de una sesión eminentemente política y bronca, en la que no puso encima de la mesa muchas medidas pero sí avanzó que la rebaja del IVA de alimentos que acababa el 31 de diciembre se extenderá hasta junio de 2024
Este jueves ha llegado la declaración de intenciones del ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá. El cambio se llevará a cabo mediante un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común que se aplicará "lo antes posible", con el objetivo de mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos.
Además del cambio normativo, también se requerirá modificar la página web central de la Administración del Gobierno para presentar la información de forma más clara y agrupada por hechos vitales, en lugar de por departamentos, ha explicado Escrivá durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
"Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria", ha recalcado el ministro. "Es evidente que para muchos ciudadanos no hay un sustituto a la presencialidad, por eso es tan importante este cambio", ha añadido, aunque también ha señalado que ya el año pasado hubo más de un millón de consultas sin cita previa en la Administración.
Este anuncio ha caído como una bomba sobre los funcionarios de los organismos con más tensiones, como la Seguridad Social y el SEPE, y ha causado gran malestar en la Agencia Tributaria (AEAT), según trasladan fuentes conocedoras. En el Fisco, advierten de un clima de "rebelión entre los funcionarios de Gestión", que creen que no hay manos para las jornadas que habría que implementar.
Fuentes oficiales de la AEAT alertan de la importancia de la cita previa para moderar la asistencia, pero declinan pronunciarse sobre la medida mientras no haya un texto.
La noticia llega además cuando el Gobierno ha dejado de lado a los funcionarios y no ha articulado todavía su subida salarial de este año, mientras sí ha elevado las pensiones o el SMI. La subida adicional del 0,5% por el desempeño del PIB se va a realizar próximamente, pero el Ejecutivo quiere ahora vincular el incremento base previsto para 2024 a los Presupuestos, unas cuentas que después de que Junts tumbara por ahora la ley de amnistía este martes están en duda.
En paralelo, Escrivá ha anunciado que para mantener las plantillas ante el boom de jubilaciones que se espera, se quiere elevar la cifra de efectivos de la Administración General del Estado (AGE) en cerca de 70.000 personas, hasta alcanzar las 590.000 que había en 2011.
Además, las plantillas están tensionadas, especialmente tras los esfuerzos de la pandemia (con nuevas prestaciones y servicios como el Ingreso Mínimo Vital, el Kit Digital, el bono cultural joven, las becas para opositores o el cheque de 200 euros para rentas bajas) y el despliegue de los fondos europeos.
De hecho, lo ideal sería acercarse a que los funcionarios supongan el 18% del empleo total como recomienda la OCDE, lo que implicaría un incremento de 400.000 nuevos puestos.
Desde CSIF trasladan que en la Seguridad Social, en el SEPE, el fin de la cita previa obligatoria ahora mismo es "inviable, no hay manos suficientes". "Se retrasará todo", insisten, y advierten de que "habría que incrementar la plantilla un 30%, con interinos", lo que creen que "no da tiempo a asumir".
Isabel Araque, secretaria de acción sindical de UGT Servicios Públicos, traslada que no ven lógico que para tener acceso a la Administración se tenga que tener cita previa, pero subraya que "tiene que existir y dependerá de los servicios. Las herramientas para moderar la atención han existido, existen y van a existir, por ejemplo, en la AEAT para la Campaña de la Renta y en la Seguridad Social. Se necesita mucho personal en la Administración, en determinadas áreas la situación es preocupante e inviable", señala.
Javier Martínez, de CCOO Servicios Estatales, cree "evidente que la subida salarial no tiene por qué ir en los Presupuestos. Suele pasar que con el personal público tienen menos urgencia", una apreciación en la que coinciden en CSIF y UGT, que recuerdan como los Gobiernos de Pedro Sanchez ya han subido el salario a los funcionarios sin presupuestos en 2019 y 2020.
Martínez abunda en que "la cita previa depende mucho del servicio. En el DNI ha estado colapsada", recuerda, y pone el foco en que "las personas mayores y con discapacidad tienen difícil acceso, pero facilita mucho el trabajo".
Hacienda impone la declaración online
Y es que este anuncio de la cita previa, un sistema que rechazan en mayor medida los mayores, se produce cuando el Real Decreto-ley anticrisis que publicó el BOE el 28 de diciembre mantiene la discriminación a los mayores en la Campaña de la Renta. Es la sorprendente decisión de Hacienda tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado 20 de julio que dictó que el Fisco no puede discriminar a los mayores. Un Decreto que asegura ademas en su Exposición de Motivos que vela por los derechos de los mayores en una medida por la que pretende eliminar comisiones en la retirada de efectivo en los bancos.
Desde 2018, la Agencia Tributaria (AEAT) obliga a realizar la declaración de la Renta por medios electrónicos. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) recurrió la Orden de Hacienda con el Modelo de declaración del IRPF de 2018 que estableció esta discriminación, recurso que el TS estimó y estableció que no hay base legal suficiente para imponer a todos los ciudadanos una declaración exclusivamente electrónica.
Pues bien, el Real Decreto-ley establece que "podrá establecerse la obligación de declaración a través de medios electrónicos siempre que la Administración Tributaria asegure la atención personalizada a los contribuyentes que precisen de asistencia para la cumplimentación de la declaración por tales medios".
Sin embargo, la sentencia el TS es muy clara y subraya que la Ley General Tributaria (LGT) reconoce el derecho, que no la obligación, de los ciudadanos a utilizar los medios electrónicos, así como el deber de la Administración de promover su utilización.
"La Administración puede realizar acciones que propicien y faciliten la consecución de determinado objetivo, en este caso la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y medios telemáticos, pero no puede imponer su utilización obligatoria a los ciudadanos, en tanto que obligados tributarios, a los que en el artículo 96.2 de la LGT se les reconoce el derecho a relacionarse con la Administración, y a hacerlo con las garantías necesarias a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos, pero no la obligación de hacerlo, no desde luego como resultado de esta norma, cuyo significado como principio general de ordenamiento jurídico tributario resulta patente", subrayan los magistrados.
Añade la sentencia que, proclamado en el artículo 96.2 de la Ley el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración, no cabe interpretar que la habilitación legal prevista en otros artículos de esa Ley y de la del IRPF "permitan al Ministro de Hacienda establecer con carácter general una obligación allí donde el artículo 96.2 de la Ley establece un derecho".
Esaú Alarcón, socio en Gibernau y quien ha llevado la dirección letrada del recurso de Aedaf, ha señalado que Hacienda "contornea" la sentencia del TS con esta disposición, una práctica en la que lamenta que suele caer.
