El Gobierno permite a CCAA y ayuntamientos endeudarse para pagar la subida salarial a los funcionarios

Las comunidades autónomas y entidades locales podrán endeudarse para pagar la subida salarial 'extra' del 1,5% aprobada para este año a todos los empleados públicos. Esta subida se deberá materializar en la nómina del mes de noviembre de 2022, abonándose con carácter retroactivo desde el mes de enero, aunque las CCAA y ayuntamientos contarán con un plazo 'extra', teniendo que materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023.

Según ha avanzado ABC y ha confirmado Vozpópuli, en el Real Decreto Ley aprobado este martes se establece que "excepcionalmente en 2022" el Estado podrá autorizar a las Comunidades autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación (...) por importe equivalente al necesario para hacer efectivo el incremento retributivo".

En cuanto a los ayuntamientos, el documento aprobado este martes establece que "con carácter excepcional, las entidades locales que no dispongan de recursos suficientes también podrán formalizar un préstamo en la cuantía necesaria con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, teniendo que ejecutar el pago antes del 31 de marzo de 2023.

500 euros por empleado público

Esta subida del 1,5% equivaldrá, de media, a unos 500 euros por empleado público. El salario medio anual de los empleados públicos asciende a los 34.600 euros, según el Instituto Nacional de Estadística, por lo que si a esta cuantía se le aplica la subida del 1,5% que ha acordado el Gobierno con los representantes sindicales, la paga extra que recibirán a final de año los trabajadores rondará, de media, los 520 euros.

El Gobierno ha acordado subir los salarios a los empleados públicos un 3,5% este año (un 2% que ya aplicó a principios de año más este 1,5% adicional), otro 3,5% el próximo (del que sólo es fija una subida del 2,5% y el resto dependerá de la evolución de la inflación y PIB), y un 2,5% adicional en 2024. En total, una subida del 9,5% en tres años.

El único sindicato que no firmó este acuerdo, CSIF, al no considerarlo suficiente se ha movilizado este miércoles ante el Ministerio de Educación y ha trasladado a los grupos parlamentarios enmiendas a los PGE para vincular la subida salarial al IPC. A través de este pacto de rentas con CCOO y UGT, el Gobierno pretende servir de ejemplo al sector privado, forzando a los agentes sociales a acercar posturas en una negociación colectiva por los salarios que ya se da por rota.