El estigma de Cataluña y sus bonos basura: "Nadie quiere comprarles deuda"

El comunicado fue recibido con comprensible júbilo en el equipo de Jaume Giró. El propio conseller se apresuró a trasladarlo a la opinión pública un sábado, 17 de julio de 2021. Fitch acaba de elevar la calificación de la deuda pública de Cataluña, sacándola del bochornoso bono basura. "Es un paso adelante significativo en la mejora de la confianza y en la normalización de las finanzas de la Generalitat", aseguró.

Giró, soberanista moderado, máximo responsable entonces de las finanzas del Govern, captó a la primera que la agencia de rating abría una impagable ventana de oportunidad para recuperar la confianza de los inversores. Cataluña llevaba nueve años sin acceso a los mercados. Se cerraron a cal y canto para todas las comunidades autónomas en 2012, cuando la Eurozona tuvo que rescatar al sistema financiero español.

El referéndum ilegal y declaración unilateral de independencia (octubre de 2017) alejó, más aún, las fuentes de financiación exteriores para Cataluña. Paradojas de la vida: la misma Generalitat que desafío al Estado español quedó encadenada a su erario. Nadie, salvo Hacienda, se atrevería ya a prestar dinero a esos políticos que perseguían un fin a costa de cualquier medio. La locura del 1-O condenó a los gobernantes catalanes a depender absolutamente del Fondo Liquidez Autonómica (FLA), el principal mecanismo dispuesto por el Gobierno en 2012 para socorrer a las autonomías.

La deuda catalana llevaba entonces cinco años calificada como bono basura, la peor etiqueta posible, puesto que alerta a los inversores de un elevadísimo riesgo de impago. Por eso, Giró celebró tanto el gesto de Fitch cuatro años después, porque el rating -en sus propias palabras- refleja "la capacidad de un gobierno o de una empresa para hacer frente a sus pagos".

El conseller de Economía, que se forjó a la vera de Isidro Fainé en La Caixa, tenía clara la hoja de ruta: renegociar con Moncloa el modelo de financiación autonómica y reactivar progresivamente la confianza de la banca y los fondos, para poder regresar a los mercados. Giró, procedente de las filas más templadas de Junts, logró otro avance. En marzo de 2022, la agencia canadiense DBRS sacó también a Cataluña del bono basura. Fue una de las últimas alegrías que se llevó el conseller. Siete meses después, el ala más radical de Junts forzó la ruptura con ERC. Se acaba el Govern de coalición y la aventura política de Giró.

La política catalana regresaba a los bandazos. Y cualquier posibilidad de cambio quedó cercenada con el resultado de las elecciones generales del 23 de julio, que devolvía al centro de la actualidad a Carles Puigdemont. El escenario actual contribuirá deshacer el camino andado en los mercados. Para un potencial comprador de deuda no hay mensaje más pésimo que el emitido estos días por las fuerzas independentistas. "Al pedir la condonación de la deuda, se están cerrando de nuevo el acceso a los mercados", asegura un alto cargo autonómico, acostumbrado a negociar con fondos y banca de inversión.

Exigir la condonación lleva implícita una amenaza de no pagar lo que se debe. Y ese tufo espanta al dinero. "Es lógico que nadie les quiera prestar dinero", añade la misma fuente. La propia estructura actual del endeudamiento de la Generalitat es sintomática. Según la información que el Ejecutivo catalán proporciona a los inversores, el 90,1% de la deuda está en manos del Estado, a través de sus mecanismos de liquidez (fundamentalmente el FLA). El resto se lo reparten bancos y organismos públicos multilaterales (PPP), vía préstamos.

La misma Generalitat que desafío al Estado español quedó encadenada a su erario: el 90% de la deuda está en manos de Hacienda a través de mecanismos como el FLA

Las malas perspectivas apuntan a que las agencias de rating mantendrán su recelo respecto a Cataluña. Las ligeras mejoras de Fitch y DBRS no bastan para dar cierta tranquilidad a la Generalitat. Al contrario, la nota que ambas agencias ponen a la deuda catalana (BBB) sólo está un escalón por encima del bono basura.

Cualquier deriva hacia la radicalidad, si el panorama se torna más inestable, dará motivos a Fitch y DBRS para devolver al bono catalán al nivel basura de partida. En ese listón lo mantiene desde hace más de una década Moody's. La agencia afincada en New York elevó un grado la nota en julio de 2022, pero la calificación (Ba2) aún transmite un elevado grado de impago.

La otra gran agencia internacional (S&P) ni siquiera puntúa ya la deuda de Cataluña. El Govern de Qim Torra rompió con ella en septiembre de 2018, al considerar humillante la calificación otorgada (cuatro escalones por debajo del bono basura).

El gran lastre de Cataluña

Al agrandarse de nuevo la distancia con los grandes compradores de deuda, la Generalitat pierde fuerza para afrontar los vencimientos pendientes. Según la información oficial (gráfico adjunto), tiene que amortizar 65.281 millones de euros entre 2024 y 2034. La inmensa mayoría de la deuda en circulación está contraída con el FLA.

El Ejecutivo catalán se encuentra, por tanto, en la difícil tesitura de tener que renegociar los vencimientos con tipos elevados y los mercados tan cerrados como en 2012. Según los cálculos de Fedea, Cataluña tendrá que pagar 2.412 millones sólo en intereses de aquí a 2026. Ninguna comunidad autónoma en España pagará una 'hipoteca' tan alta. Esa compleja encrucijada, y no sólo el sueño separatista, explica por qué las fuerzas soberanistas ansían tanto ahora la condonación de la deuda del FLA.