"Los agricultores y los ganaderos están listos para sacar los tractores a la calle". Lo dice, con el olfato que proporciona la experiencia, un directivo de una cadena de supermercados. Hay dos motivos claros para vaticinarlo. El primero es la sequía, que ha añadido un problema inesperado a la compleja situación del campo. El segundo es la debilidad de la coalición de Gobierno a las puertas del 28-M, todo un aliciente para los indignados que abogan por activar ya la tractorada.
El campo huele a sangre y en Moncloa son plenamente conscientes. Por eso hay tres ministerios -Agricultura, Economía y Hacienda- que están trabajando a contrarreloj en medidas de choque. Se trata de evitar a toda costa que se repita exactamente lo sucedido hace 13 meses: el sábado 20 de marzo de 2022, más de 150.000 agricultores y ganaderos, inundaron el centro de Madrid en protesta por la 'pasividad' del Ejecutivo. Lo paradójico es que esa pataleta masiva se produjo sólo cinco días después de que el Consejo de Ministros anunciara ayudas para el sector primario.
Recapitulemos. Las asociaciones agrarias ya recibieron de uñas a la coalición que estrenaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a principios de 2020. Hubo movilizaciones, pero la pandemia dejó el cabreo en 'stand by'. El pasado 25 de febrero, Rusia invadió Ucrania y reabrió la caja de Pandora en el campo. El encarecimiento brutal de la energía acrecentó los problemas de quienes viven de la tierra (hace un año también había sequía). La movilización estaba servida. Las principales organizaciones (Asaja, UPA y COAG) convocaron una gran manifestación en Madrid el 20 de marzo. Se sumaron rápidamente colectivos como la Federación Española de Caza o los Criadores de Toros de Lidia. Y, por supuesto, la derecha parlamentaria, tanto PP como Vox.
El titular de Agricultura, Luis Planas -del ala socialista, moderado y dialogante- intentó evitar la dañina foto de la 'megatractorada'. El día 15, Planas anunció un paquete de medidas para "fortalecer a un sector que está al pie del cañón para proveernos de alimentos en calidad y cantidad suficiente al conjunto de los ciudadanos todos los días del año". En el plan, valorado en 450 millones, figuraban bonificaciones en el IRPF y el IVA, aplazamientos del pago de cuotas a la Seguridad Social, y ayudas para pagar créditos.
Los promotores, con Pedro Barato (Asaja) y Miguel Padilla (COAG) a la cabeza, no tuvieron compansión. El centro de la capital se llenó ese sábado de tractores, agricultores, ganaderos, cazadores… y políticos, como Cuca Gamarra y Santiago Abascal, intentando capitalizar electoralmente parte el éxito.
La amenaza de 'deja vu' ha activado ahora las alarmas en Moncloa, que ya ha incluido el campo en su agenda electoral. El objetivo de Sánchez es convertir el problema en oportunidad y arañarle a Alberto Núñez Feijóo votos de un colectivo tradicionalmente conservador. En el sector se da por hecho que, tras el plan de vivienda -orientado claramente hacia el electorado más joven- regará el campo con ayudas. En la reunión de este miércoles de la Mesa de la Sequía, Planas trasladó a los empresarios que ya se están cocinando medidas concretas, como las de 2022.
Además de ahorrarse el bochorno de la tractorada, el Gobierno persigue otro gran objetivo: relajar como sea el precio de la cesta de la compra antes de las elecciones generales. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, llegará a los comicios de diciembre con un deber (al fin) hecho: salvo sorpresas, el PIB habrá recuperado los niveles prepandemia.
Sin embargo, el Gobierno no ha conseguido embridar la inflación de los alimentos, que acumula 18 meses seguidos subiendo (lo hemos contado esta semana en Vozpópuli). El Banco de España estima que este indicador acabará el año con una subida media del 12,5%, cuatro veces por encima de los aumentos salariales que se están firmando por convenio.
El foco está ahora en el primer eslabon de la cadena agroalimentaria. Es decir, en la formación de los precios en el origen. Hasta ahora, no ha surtido el efecto deseado ni la bajada -excesivamente tímida- del IVA de los alimentos, ni los esfuerzos de la distribución por contener los precios finales. Grandes cadenas como Mercadona, Lidl, Dia, Carrefour o El Corte Inglés llevan meses exprimiendo los márgenes para no repercutir totalmente la escalada a los clientes. Entre otras cosas, para evitar una fuga de usuarios. Aún así, el propio Juan Roig admitió que Mercadona ha tenido que subir "una burrada" los precios.
Los precios de origen en el campo
La estadística demuestra que la presión se concentra al inicio de la cadena. Al acabar febrero (últimos datos disponibles), los precios en origen del sector primario reflejaban una subida del 62%, frente al 20% de la industria agroalimentaria. En ese mismo periodo, el IPC de los alimentos ascendía al 16,6%. Hay empresarios de la distribución que reprochan a algunas grandes explotaciones agrícolas y ganaderas que no están arrimando el hombro como deberían. Sobre todo, ahora que sus costes de producción han descendido considerablemente por la bajada de la energía y los fertilizantes.
Los líderes del campo, por su parte, insisten en que soportan demasiados problemas arrastrados (como las exigencias de la nueva PAC) y de nuevo cuño (como la grave sequía). COAG, por ejemplo, asegura que la ausencia alarmante de lluvia ha producido pérdidas irreversibles en 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano.
Lo esperable es que el Gobierno no tarde en mover ficha. A su disposición están los fondos europeos, que servirán para financiar parte de las viviendas que ha anunciado Sánchez esta semana. Ese mismo dinero está asignado, y sin usar apenas, en el PERTE del sector agroalimentario. Este megaproyecto tiene concedidos 1.000 millones de euros y, al cierre de 2022, sólo se habían ejecutado 50.
La duda hoy es si la nueva inyección de dinero público que pergeña Moncloa llega demasiado tarde para bajar los precios. Y para que los tractores sigan circulando por el campo y no por las calles de Madrid.
