Calviño cierra la crisis del INE y nombra presidenta a una técnica de la Junta andaluza

El Gobierno ya ha nombrado nueva presidenta para el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerrando así la crisis iniciada hace meses, tras cuestionar los principales indicadores proporcionados por la institución que hasta ahora presidía Juan Rodríguez Poo. Éste anunció su renuncia al cargo a finales de junio, tras varios días de rumores en torno a su inminente cese por parte del Gobierno.

La candidata escogida para ocupar su puesto es Elena Manzanera, directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía desde febrero de 2019, administración gobernada por el Partido Popular, según ha adelantado ABC. Antes de eso, en los anteriores 29 años, Manzanera ocupó otros cargos en el Instituto de Estadística de Andalucía.

En 1990 se incorporó al Instituto de Estadística de Andalucía, desempeñando hasta 1997 los puestos de asesor técnico en Análisis de Coyuntura y jefa de gabinete Contabilidad Regional. Ha sido jefa del Servicio de Planificación y Análisis del Turismo en la Dirección General de Planificación Turística (1997-2001) y jefa del Servicio de Estudios de la Dirección General de Estudios Andaluces (2001-2004).

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Ha cursado el programa de doctorado Metodología y Análisis de la Economía Andaluza en el Departamento de Economía Aplicada II de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, según consta en el portal de la Junta de Andalucía.

De esta forma, el Ejecutivo finalmente ha optado por un perfil técnico y ajeno a su equipo de Gobierno, tras el rumor de que este puesto lo ocuparía Israel Arroyo, ex secretario de Estado de Seguridad Social y 'número dos' del también ministro José Luis Escrivá. El cambio importante en Estadística se produce tras una presidencia rodeada de polémica por los inconvenientes con la medición de los precios de la electricidad en el IPC y con el PIB.

Los choques entre el Gobierno y el INE

El Gobierno empezó por cuestionar los datos económicos que proporcionaba el INE al chocar con las previsiones del Ejecutivo y ha acabado por forzar la dimisión del presidente del organismo. Las discrepancias llegaron en septiembre del año pasado, cuando el Instituto revisó a la baja en 1,7 puntos el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre que había avanzado meses antes y que había dado margen al Gobierno para hacer unas previsiones económicas potentes, con un repunte del 6,5% para 2021 y del 7% para 2022.

Sin embargo, tras un verano peor de lo esperado, llegó la fuerte revisión del INE, que provocó que todos los analistas y organismos económicos empeoraran sus proyecciones para la economía, truncando el mensaje de que España lideraría la recuperación gracias al buen ritmo de vacunación y a la pronta recepción de los fondos europeos. De hecho, el Gobierno tardó medio año en admitir el menor crecimiento del PIB en ambos años, rebajando las previsiones ya en abril de este año y asumiendo que España será el último país de la UE en salir de la crisis iniciada con la pandemia.

Después de ese suceso, los intentos de desacreditar el PIB han sido numerosos. Por un lado, tanto Economía como Hacienda crearon nuevos indicadores que, frente a la Contabilidad Nacional, mostraban una recuperación total de los niveles precrisis ya en noviembre. De hecho, el Informe semanal de ventas diarias que ideó Hacienda daba en su primera publicación mejores resultados que los de 2019, cuando el tradicional de Ventas, empleo y salarios de las grandes empresas, el que llevó al INE a rebajar previsiones, no lo hacía.

Tanto es así, que el Ministerio de Hacienda llegó a restringir la información que proporcionaba al organismo autónomo para sus cálculos. En concreto, tal y como publicó Vozpópuli, durante unos trimestres, la Agencia Tributaria dejó de proporcionar al INE los datos adelantados de Ventas, empleo y salarios de grandes empresas y pymes para el avance del PIB tras la revisión a la baja en 1,7 puntos del segundo trimestre de 2021. Después, el Gobierno volvió a proporcionar estos datos, según ha podido saber este periódico.

Además, en aquellas semanas en las que se fraguaba la cascada de revisiones a la baja tras el hachazo del INE al PIB del segundo trimestre, Calviño organizó un seminario denominado Más allá del PIB/Beyond GDP y convocó una rueda de prensa en el Ministerio junto al comisario europeo Paolo Gentiloni y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la necesidad de desarrollar nuevos indicadores económicos y aseguró que el PIB es un indicador útil pero insuficiente para dar la medida exacta de los recursos y la capacidad de la economía de un país, instando a revisar y ampliar las métricas.

Finalmente, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también ha contrapuesto los datos de empleo y recaudación "completos" frente a los del PIB, "sometidos a revisión constante", un discurso que el presidente del Gobierno luego ha hecho suyo. En el balance del año que hizo el pasado 29 de diciembre, Sánchez destacó los datos "reales" de afiliación a la Seguridad Social frente a las "estimaciones" de los distintos organismos, que oscilan "al alza y a la baja" en un contexto de "extraordinaria incertidumbre" por la pandemia.

Tras los roces por el lento despegue del PIB, el problema de la inflación aterrizó en la economía española y provocó un nuevo choque entre el INE y el Gobierno. Éste último ha llegado a cuestionar ante la Comisión Europea la metodología que utiliza el Instituto para elaborar el Índice de Precios de Consumo (IPC), culpándole de parte de la elevada inflación que revela la estadística al no incluir los precios del mercado libre de la electricidad (y que representa a cerca del 60% de los consumidores), tal y como publicó este periódico.

De no haber sido por la salida de Poo, el próximo dato discordante podría haberse localizado en la Encuesta de Población Activa (EPA), pues a diferencia del Ministerio de Trabajo, el INE sí contabiliza como parados a los fijos discontinuos que verifiquen que han estado en contacto con una oficina pública o privada de empleo con el fin de encontrar trabajo. Esta modalidad de empleo indefinido es la que más ha crecido con la reforma laboral de Yolanda Díaz y ha sido cuestionada, entre otros, por el PP.