España es uno de los ocho países de la Unión Europea que aún no han cumplido con la obligación de publicar los 100 mayores beneficiarios de los fondos Next Generation EU. Su retraso es especialmente relevante teniendo en cuenta que es el Estado miembro que tiene más dinero asignado a fondo perdido, es decir, que no tiene que devolver. Más de 77.000 millones de euros.
La Comisión Europea ha marcado una fecha límite a los países que aún no han difundido el listado, el 15 de octubre, coincidiendo con los planes presupuestarios. De hecho, Bruselas empezará a plantear sanciones si después de ese día algún Estado miembro no ha hecho pública la primera versión de los 100 mayores beneficiarios de los Next Generation EU.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, informaron sobre este asunto en una reunión de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo esta semana. "En recientes reuniones con Estados miembros recordamos que el 15 de octubre es la fecha límite y si no se respeta emprenderemos acciones legales al respecto", comentó Gentiloni. "Esperamos tener todas las listas a mediados de octubre. Si esto no sucede, por supuesto que reaccionaremos", insistió.
De esta forma, España tiene sólo nueve días para hacer pública la primera lista que 19 Estados miembros ya han difundido. Destaca Italia, que junto a España es el más beneficiado con estos fondos. También lo han hecho Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
El Parlamento Europeo había solicitado a la Comisión que "tome las medidas para hacer operativa la nueva obligación de los Estados miembros de publicar los 100 mayores destinatarios finales", tal y como informó este medio. El comisario europeo de Economía ya reconoció a mediados de julio que la Comisión se estaba "dirigiendo a los Estados miembros que todavía no han enviado la lista, pidiéndoles que proporcionen la información".
En realidad el reglamento modificado en febrero de este año, por la iniciativa de la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva, obliga a los Estados miembros a publicar los listados dos veces al año, tal y como adelantó Vozpópuli. Sin embargo, la Comisión Europa sugirió en su momento que esas publicaciones coincidieran con los informes semestrales de abril y octubre (los programas de estabilidad y los planes presupuestarios, respectivamente).
Durante la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en el Parlamento Europeo para presentar las prioridades para la Presidencia española del Consejo, la eurodiputada Eva Poptcheva aseguró que durante la misión de la Eurocámara en Madrid el pasado febrero el Gobierno trasladó que la información ya estaba disponible.
"Estamos trabajando en esa lista. He visto ya algunas publicadas en otros países y veo que son tremendamente heterogéneas, combinan beneficiarios públicos con privados, grandes y pequeños. Queremos hacer una publicación que sea significativa y que pueda reflejar bien cómo se está desplegando el Plan en nuestro país", respondió Calviño el pasado 20 de septiembre.
Los mayores beneficiarios
Las sospechas apuntan a que el listado está formado en gran medida por empresas públicas, ministerios y otros organismos de carácter público. Destaca, por ejemplo, el caso de RTVE, que según trasladan fuentes conocedoras a Vozpópuli ha conseguido hasta la fecha cerca de 120 millones de euros. Del sector privado se espera que figuren fundamentalmente entidades de gran tamaño.
El propio Gobierno detalla en sus informes que un 54% de los fondos UE que se resuelven se quedan en la Administración Pública. Es decir, que el beneficiario final es una entidad local (24%), una comunidad autónoma (11%), un centro de I+D+i (9% para universidades, centros educativos, tecnológicos y de investigación, etc.), u otras entidades y organismos públicos (9%).
Luego el organismo público, en la mayoría de los casos, debe contratar a una empresa para que ejecute el proyecto. Sin embargo, Dombrovskis apuntó en la citada reunión que "en el reglamento los beneficiarios finales son los organismos que reciben los fondos, no los contratistas o los subcontratistas. Los Estados miembros deben recoger datos sobre estos últimos, pero no hay obligación de publicarlos". En este sentido, ya advirtió de que en las listas posiblemente figurarían ministerios y empresas públicas.
En todo caso, la Comisión Europea se reserva la posibilidad de pedir información adicional sobre esos contratistas o subcontratistas en sus auditorías, señaló el vicepresidente económico. También el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, encargados de velar por los intereses financieros de la UE, podrían reclamar y supervisar dicha información.
La ejecución de los fondos
De momento España ha recibido 37.000 millones desde Europa bajo este instrumento y se calcula que han llegado a la economía unos 8.000 millones (0,2% del PIB en 2021 y 0,4% del PIB en 2022), según los datos publicados por la Comisión Europea y que coinciden con los de S&P. En total está previsto que reciba más de 163.000 millones (77.200 millones en transferencias no reembolsables, a los que podría sumar otros casi 84.000 millones en forma de préstamos y 2.600 millones de RePowerEU).
La fecha límite para gastar el dinero de los Next Generation EU es agosto de 2026. Esa fecha se marcó en el reglamento y en Bruselas ven prácticamente imposible que pueda modificarse. Sin embargo, tal y como informó este periódico, el Gobierno tiene una forma para no perder dinero que la propia Comisión ha recomendado: desviar los fondos a intermediarios financieros o empresas públicas gestoras.
Además, acumula medio año de retraso en la petición del siguiente pago (el cuarto, por 10.000 millones) y en la adenda al Plan que acaba de aprobar la Comisión Europea ha retrasado medio centenar de inversiones y reformas que se veía incapaz de cumplir en plazo. Esa acumulación de compromisos en los dos últimos años del Plan también dificultará la captación de todos los fondos, pues su cumplimiento es condición sine qua non para desbloquear los últimos tramos de dinero.