El Gobierno acumula ya un retraso de medio año en la petición de fondos UE a Bruselas

El cuarto pago de fondos europeos lleva medio año de retraso. El Gobierno todavía no lo ha solicitado a la Comisión Europea, paso previo para que Bruselas compruebe que los hitos y objetivos asociados al dinero se han cumplido y proceda al desembolso. Esos 10.000 millones de euros debían haberse pedido en la primera parte del año, según la consultora EY, en el mes de marzo.

El calendario pactado entre el Ejecutivo comunitario y el español marca una solicitud de pago al semestre, aproximadamente. La última solicitud, la del tercer pago, se realizó en noviembre de 2022, por lo que ha pasado ya prácticamente un año desde la última petición y consecuente desembolso.

Los plazos son flexibles y el retraso del Gobierno no implica que España pierda los fondos, pero sí se arriesga a no recibir todo el dinero que tiene pendiente, pues cada tramo está asociado a unos hitos y objetivos que tiene que ir cumpliendo -algunos de ellos vinculados a reformas y otros a inversiones con el dinero recibido- y el 'grifo' se cierra en 2026.

Por esa razón, el retraso que acumula España empieza a preocupar a algunos analistas, que recuerdan que el quinto pago, por otros 7.000 millones, debería solicitarse el 30 de septiembre. Sin embargo, previsiblemente el desbloqueo y desembolso de ese tramo se aplazará, mínimo, al primer semestre de 2024.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, aseguró hace unos días que realizarán la solicitud del cuarto pago después de recibir luz verde a la adenda al Plan de Recuperación que presentaron a la Comisión el pasado mes de junio, necesaria para poder pedir en el futuro otros 94.000 millones de fondos UE.

"Inmediatamente después [de recibir la aprobación de la adenda] solicitaremos el cuarto pago, que son 10.000 millones, para que pueda llegar antes de final de año y que podamos continuar con ese flujo de fondos", dijo. De momento España ha recibido 37.000 millones de los 77.000 millones que le corresponden en subvenciones. Es decir, la mitad del dinero está aún pendiente, condicionado a la actuación del Gobierno.

Además, España es uno de los países que pretende solicitar más dinero en forma de préstamos, 84.000 millones, por eso ha presentado la adenda al PRTR. Tal y como ha informado la Comisión Europea, sólo 13 Estados miembros lo han hecho, mientras que los 14 restantes no tomarán esta vía, entre ellos Francia y Alemania. Tenían de plazo hasta el 31 de agosto para hacerlo.

Reforma de pensiones

La petición del cuarto pago de los fondos UE se ha visto afectada por la convocatoria electoral; pero, además, el Gobierno es consciente de lo que se juega en la evaluación de este tramo. Entre los hitos y objetivos que a Bruselas le toca examinar antes de desembolsar los 10.000 millones está la polémica reforma de pensiones de José Luis Escrivá, que debe garantizar la sostenibilidad del sistema.

La Comisión evaluará fundamentalmente la segunda pata de la reforma, centrada en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y en la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles, así como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

La reforma contempla un aumento de las cotizaciones por tres vías: subida de las bases máximas de cotización por encima del repunte de los precios entre 2024 y 2050; una cuota de solidaridad para la parte de los salarios más altos que no cotiza a la Seguridad Social, que entrará en vigor en 2050, y la sobrecotización que establece el citado MEI entre 2023 y 2050 y que se dobla desde 2029.

La subida de cotizaciones sociales incluida en la última reforma de pensiones a través de diferentes vías, elevará los ingresos de la Seguridad Social un 0,6% del PIB en 2030 y un 0,9% en 2050, por debajo del 1,1% estimado por el Gobierno para ese último ejercicio, según cálculos del Banco de España, que en un artículo publicado el 7 de junio coincide con los análisis críticos de la AIReF y Fedea.

La proyección del supervisor bancario no tiene en cuenta el efecto que el aumento de los costes laborales podría tener sobre el empleo y los salarios, por lo que advierte de que la capacidad recaudatoria de la reforma podría ser incluso menor.

Un análisis del Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo de 16 de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación, donde se desglosan con detalle hitos y reformas con sus fechas límite de aprobación y/o entrada en vigor, muestra que sólo una de las reformas que acompañan a la de las pensiones ha decaído con el adelanto electoral, la Ley del Cliente Financiero, a la que sólo quedaba su validación por el Senado.

El resto de leyes que han saltado por los aires con la convocatoria de elecciones -y que Calviño ha incluido en la adenda o ha introducido en el Real Decreto-ley que prorroga las ayudas por la guerra de Ucrania- no están comprendidas en este tramo.