Un 54% de los fondos UE que se resuelven se quedan en la Administración pública

Cuando se habla de los fondos de Recuperación, los famosos Next Generation EU, se piensa, automáticamente, en miles de millones de euros para que el tejido productivo español lo invierta en proyectos que ayuden a recuperar y transformar nuestra economía. Pero los datos demuestran que no siempre es así.

Según los datos proporcionados por el propio Gobierno, un 54% de los fondos UE que se resuelven (no significa que hayan llegado ya, pero sí que tienen un destinatario), se quedan en la Administración Pública.

Es decir, que el beneficiario final es una entidad local (24%), una comunidad autónoma (11%), un centro de I+D+i (9% para universidades, centros educativos, tecnológicos y de investigación, etc.), u otras entidades y organismos públicos (9%).

Dicho de otra forma, de manera directa, a empresas y particulares sólo han ido a parar un 46% de los fondos europeos que se han adjudicado. En concreto, a 15 de marzo, los datos que manejaba el Ejecutivo apuntaban a unos 10.900 millones de un total de 23.500 millones de euros en convocatorias de subvenciones y licitaciones resueltas.

El dinero financiado desde Europa parte tanto de la Administración General del Estado, que es quien en primera instancia recibe el dinero y lo reparte a las distintas entidades públicas, como de las CCAA, también encargadas de la ejecución de los fondos. Como resultado del proceso de cogobernanza, la AGE ha resuelto un 82% de esas convocatorias de ayudas y licitaciones y las CCAA, el 18% restante.

EELL y CCAA financian con fondos UE actuaciones de carácter público

Sin embargo, como reflejan los datos, la mayoría del dinero puede acabar en ese mismo canal al destinarse a financiar o cofinanciar actuaciones de carácter público. Por ejemplo, al mantenimiento de una carretera, a infraestructuras para movilidad sostenible, a la digitalización de un determinado servicio, a la compra de nuevos equipos de trabajo, o a la eficiencia energética de los edificios públicos.

En esos casos las empresas privadas o personas físicas pueden acabar siendo beneficiarias indirectas, puesto que alguien tiene que proporcionar o prestar los bienes y servicios necesarios para tales objetivos, pero no son en primera instancia las que reciben en dinero para invertirlo en proyectos asociados a los fondos UE.

En este contexto, y pese al elevado volumen de fondos europeos que se esperan en España (160.000 millones), las expectativas del sector privado se han desinflado. Según la última Encuesta del Banco de España (BdE) sobre la Actividad Empresarial (EBAE), solo un 16,5% de las compañías ha realizado alguna solicitud de estos fondos europeos.

Además de no ser los principales beneficiarios, en los dos primeros años de ejecución ha habido otros lastres, como las altas tasas de cofinanciación, las exigencias burocráticas y de garantías, y el aumento de costes con la inflación. Pese a todo, se espera que la movilización de fondos UE coja fuerza este 2023, con el periodo electoral.