La Comisión Europea ha dado el primer paso para abrir un procedimiento de infracción contra España por la amnistía. La Dirección General de Justicia ha remitido una carta a uno de los primeros ciudadanos que presentaron denuncia formal contra la ley de amnistía el pasado 14 de noviembre, justo cuando el PSOE registró la norma en el Congreso. La misiva a la que ha tenido acceso Vozpópuli, fechada este miércoles 7 de febrero, supone el inicio de una investigación reglada.
Si Bruselas concluye que hay visos de contrariedad con el Derecho de la UE que justifiquen la apertura de un procedimiento de infracción contra España, enviará al Gobierno español un escrito de requerimiento emplazándolo a presentar sus observaciones, lo que puede ir seguido de un dictamen motivado y, si lo estima oportuno, llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Esta denuncia es una de las primeras que se presentaron ante el buzón telemático de la Comisión Europea, que recibió el 14 de noviembre y en los días siguientes una auténtica avalancha de denuncias de particulares, que colapsaron el servicio, según avanzó este periódico.
De hecho, la Dirección General de Justicia se puso en contacto con algunos denunciantes para que volvieran a presentar sus denuncias para ratificar que no se perdía información.
Más allá de las iniciativas que están planteando en Bruselas y en el Parlamento Europeo Ciudadanos y el PP y de la vía judicial y de las cuestiones prejudiciales que puedan presentarse al TJUE, la Comisión ya investiga desde este miércoles Denuncias sobre infracciones de Derecho de la Unión Europea que han planteado ciudadanos particulares.
La denuncia
La denuncia, que ha presentado Esaú Alarcón, abogado, alega que la norma infringe el artículo 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 18 y siguientes y el 278 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la propuesta de Directiva sobre lucha contra la corrupción.
Y detalla que la proposición de Ley Orgánica de Amnistía resulta "contraria al principio de igualdad previsto tanto en el ámbito interno español como europeo, puesto que se establece una exoneración ad hominem de una serie de actos delictivos, sin siquiera afectar a todos los condenados por ese mismo tipo de actos delictivos, sino únicamente a los que cometieron esos delitos con relación a unos determinados hechos. En otras palabras, se establece una medida de gracia injustificada para unos concretos actos, dejando sin efecto sus consecuencias jurídicas y las resoluciones administrativas o judiciales a que dieron lugar".
En segundo lugar, denuncia dos incumplimientos graves por parte de España en su condición de integrante de la Unión Europea. Primero, incluye una amnistía de responsabilidades penales, administrativas y contables, lo que supone favorecer la corrupción asociada a la malversación de caudales públicos que llevaron a cabo las autoridades públicas catalanas para llevar a cabo el referéndum de 2014 y la consulta de 2017, por los que han sido condenados.
A su juicio, "resulta evidente que esta norma atenta directamente contra la voluntad de la Unión de luchar contra la corrupción, plasmada en un proyecto de Directiva".
Por último, advierte de que la norma incluye una imposibilidad de adoptar medidas cautelares, lo que afecta no sólo a la "soberanía de los jueces nacionales sino que resulta contrario a la función que le otorga al Tribunal de Luxemburgo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, norma de rango constitucional y, por ende, superior al proyecto de ley objeto de esta denuncia".
La Comisión alerta sobre la avalancha de denuncias
El pasado 30 de noviembre, en la primera reunión tras la investidura de Pedro Sánchez que mantuvo el superministro Félix Bolaños con la Comisión Europea a petición propia por la polémica que rodea la ley de amnistía, el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la comisaria de Valores, Vera Jourova, le trasladaron su inquietud con la proposición de ley y le advirtieron de la avalancha de denuncias que han recibido de ciudadanos, particulares y asociaciones.
Los comisarios pusieron el foco en la reacción ciudadana que les estaba llegando, y menos de una semana después del debate en el Parlamento Europeo sobre la "amenaza para el Estado de Derecho por un acuerdo de gobierno en España", avisaron a Bolaños del escrutinio al que van a someter la norma cuando esté aprobada, así como a las enmiendas que se incorporen, sin olvidar, como avisó Reynders en la Eurocámara, y el resto de acuerdos "que no hemos visto", en alusión a los acuerdos con Junts y ERC y al lawfare.
