La avalancha de denuncias contra la amnistía paraliza el registro telemático de la Comisión Europea

El registro telemático de la Comisión Europea ha quedado paralizado por una avalancha de denuncias contra la ley de amnistía. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este martes que había remitido el texto de la proposición de ley a la Comisión Europea, en Bruselas ya tenían un alud de denuncias presentadas desde este lunes en cuanto entró el texto en el Congreso.

Buena parte de ellas las han presentado abogados, pero no sólo, también las hay de ciudadanos de otras profesiones, de toda España, según ha podido saber Vozpópuli.

Con todo, cabe recordar que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) es el colegio profesional de abogados más grande de Europa, con 75.000 letrados. El ICAM publicó el pasado jueves un comunicado posicionándose en contra de la amnistía y el ataque a la independencia judicial al que se han adherido los grandes despachos de la Abogacía de los negocios como Pérez Llorca, Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez y Gómez-Acebo & Pombo, entre otros.

Estas Denuncias sobre infracciones de Derecho de la Unión Europea las puede presentar cualquier ciudadano y la cumplimentación del formulario es intuitiva, explica Alejandro Miguélez, abogado, que ha presentado denuncia este lunes. Pero como hay que citar leyes, algunos abogados han ayudado en este menester a denunciantes menos familiarizados con el mundo legal.

El denunciante tiene que introducir sus datos y en un recuadro detallar las "medidas nacionales que sospecha infringen el Derecho de la Unión" y la "legislación de la UE que a su juicio ha sido infringida". El grueso de denuncia lo concentra el apartado: "Describa el problema".

El formulario pregunta además si recibe el Estado miembro en cuestión (o puede recibir en el futuro) financiación de la UE relacionada con el asunto de su denuncia y si se refiere su denuncia a una infracción de la Carta de Derechos. También pide que se explique cómo se ve afectado el Derecho de la UE y qué derecho fundamental se ha vulnerado.

Hay que adjuntar la lista de documentos, en este caso, la proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Por último, la Comisión también pregunta si ya se ha emprendido alguna acción en el Estado miembro en cuestión para resolver este problema. Si la respuesta es negativa, hay que responder a por qué se no. Esaú Alarcón, abogado que también ha presentado denuncia este lunes, ha respondido que no existe vía de recurso para este problema.

La proposición de ley queda blindada de peticiones de medidas cautelares y suspensiones de sus efectos y la única vía que tiene visos de prosperar es la de la UE, o bien a partir de un procedimiento de la Comisión Europea contra España que puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), o bien a partir de una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo o de cualquier juez al que le toque aplicar la norma, que llegará directamente al TJUE, que sí tiene poder para paralizar la ley.

En su denuncia, Alarcón alega que la norma infringe el artículo 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 18 y siguientes y el 278 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la propuesta de Directiva sobre lucha contra la corrupción.

Y detalla que la proposición de Ley Orgánica de Amnistía resulta "contraria al principio de igualdad previsto tanto en el ámbito interno español como europeo, puesto que se establece una exoneración ad hominem de una serie de actos delictivos, sin siquiera afectar a todos los condenados por ese mismo tipo de actos delictivos, sino únicamente a los que cometieron esos delitos con relación a unos determinados hechos. En otras palabras, se establece una medida de gracia injustificada para unos concretos actos, dejando sin efecto sus consecuencias jurídicas y las resoluciones administrativas o judiciales a que dieron lugar".

En segundo lugar, denuncia dos incumplimientos graves por parte de España en su condición de integrante de la Unión Europea. Primero, incluye una amnistía de responsabilidades penales, administrativas y contables, lo que supone favorecer la corrupción asociada a la malversación de caudales públicos que llevaron a cabo las autoridades públicas catalanas para llevar a cabo el referéndum de 2014 y la consulta de 2017, por los que han sido condenados.

A su juicio, "resulta evidente que esta norma atenta directamente contra la voluntad de la Unión de luchar contra la corrupción, plasmada en un proyecto de Directiva".

Por último, advierte de que la norma incluye una imposibilidad de adoptar medidas cautelares, lo que afecta no sólo a la "soberanía de los jueces nacionales sino que resulta contrario a la función que le otorga al Tribunal de Luxemburgo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, norma de rango constitucional y, por ende, superior al proyecto de ley objeto de esta denuncia".

Bolaños pretendía anticiparse

El Gobierno ha informado este martes de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enviado sendas cartas a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, junto con la proposición de ley de amnistía que el PSOE registró este lunes en el Congreso. Además, el ministro les ha pedido a ambos una reunión “para poder exponerle la posición del Gobierno de España sobre esta materia", según confirmantes gubernamentales a este diario.

El movimiento del Gobierno es una respuesta a las inquietudes expresadas por Reynders respecto a la ley de amnistía ya registrada en el Congreso. "Aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal, ésta se ha convertido en una cuestión de considerable importancia en el debate público y la Comisión ha sido contactada sobre este asunto, incluso por parte de un gran número de ciudadanos", justificó el comisario europeo, quien en las últimas fechas lanzó advertencias si la ley alcanzaba el delito de malversación. "Les agradecería que me facilitaran información más detallada, especialmente en lo que se refiere al alcance personal, material y temporal de esta ley prevista", espetó.

La misiva de Bolaños a Reynders, a la que ha tenido acceso este diario, dice así: "Como continuación a la carta que le envié el pasado 8 de noviembre, le informo que el grupo parlamentario socialista presentó ayer por la tarde, en el Congreso de los Diputados, la proposición de Ley orgánica de amnistía para la normalización de la situación institucional, política y social en Cataluña. Adjunto le remito una copia del documento registrado. Ante esta situación, tal y como le adelanté, aunque el texto debe seguir ahora la correspondiente tramitación parlamentaria, le solicito que celebremos una reunión a la mayor brevedad posible, para poder exponerle la posición del Gobierno de España sobre esta materia".

En una línea similar se dirige a Jourová: "Como estoy seguro de que se trata de un tema de su interés, aunque el texto debe seguir ahora la correspondiente tramitación parlamentaria, me gustaría tener la ocasión de mantener una reunión con Ud. a la mayor brevedad posible, para poder exponerle la posición del Gobierno de España sobre esta materia".

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la remisión de sendas cartas a la vicepresidenta de la Comisión y a Reynders "era el compromiso del Gobierno". "La semana pasada no podíamos darles respuestas porque no existía el texto. Se trata de un compromiso cumplido desde la tranquilidad de haber conocido un texto legislativo importante, impecable desde el punto de visita jurídico y enmarcado en el marco constitucional. Y estamos encantados de remitirla".

Bolaños eludió este lunes explicar por qué los socios con los que se pretende sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez este jueves no firmaron la proposición de ley orgánica. "Las razones de otros grupos... Les corresponde a ellos responder a los motivos por los que toman decisiones en un sentido o en otro", despachó el ministro y diputado socialista en el Congreso. Bolaños también envió un mensaje a la Justicia española, a la que dijo que tiene tiempo de analizar la ley y de aplicarla en el futuro, así como guardarse de opiniones previas sobre un texto que no se ha conocido hasta este lunes