El BCE examina ya el impuesto a la banca para forzar una corrección del Gobierno

El Banco Central Europeo (BCE) examina a fondo el impuesto de Pedro Sánchez a los bancos. El supervisor único está analizando las características del nuevo gravamen para recaudar 3.000 millones de euros en dos años y emitirá un informe lo solicite o no el Gobierno. La opinión del BCE no es vinculante, pero puede ser determinante para configurar el impuesto antes de que finalice su tramitación parlamentaria.

El Gobierno ha dejado claro que quiere evitar el choque frontal con el BCE y se abre a introducir cambios antes de que la proposición de ley se apruebe en el Parlamento, como publicó Vozpópuli. De hecho, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, admitió la semana pasada que el Gobierno se tiene que "asegurar" de que la nueva tasa no tiene ningún impacto sobre la estabilidad financiera, precisamente, una de las principales advertencias del supervisor ante los planes de Sánchez.

El Ejecutivo tiene previsto solicitar al supervisor un informe de aclaración sobre el impuesto antes de que el nuevo gravamen se convierta en ley, como trasladan fuentes gubernamentales. Pero Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, aseguró ayer que el Banco de España, como interlocutor directo con el Gobierno, no ha trasladado aún a Francfort si se solicitará o no opinión al supervisor.

Guindos da por hecho que el BCE opinará sobre el impuesto y recuerda que todavía puede cambiarse en la tramitación parlamentaria"

"No sé lo que hará el Gobierno", dijo Guindos ayer en un acto interno de Sabadell en Madrid. La tasa, que gravará el 4,8% de los ingresos típicos y de las comisiones de las entidades para recaudar unos 1.500 millones al año entre 2023 y 2024, puede chocar con la normativa bancaria europea vigente.

El exministro de Economía no quiso entrar en si el BCE se posicionará antes de que la proposición de ley con el nuevo impuesto a la banca y a las energéticas se termine de tramitar en el Parlamento, que se prolongará previsiblemente hasta finales de año. Pero recordó que el diseño del impuesto todavía "puede ser enmendado", ya sea a iniciativa de los partidos de la oposición o del propio Gobierno, como señala un alto directivo de uno de los grandes bancos del Ibex.

El BCE: el Gobierno tiene la última palabra

Guindos fue cauto y quiso evitar cualquier comentario en contra del plan de Sánchez. E incluso tendió la mano al Gobierno para que corrija el impuesto sin una confrontación abrupta: "Esperamos que la opinión sea útil para el Gobierno, aunque puede tener otra visión distinta y será el Ejecutivo el que decidirá", zanjó. En cualquier caso, Sánchez no dará marcha atrás diga lo que diga el banco central.

Eso sí, el vicepresidente del BCE alertó de que el cambio de era en la política monetaria no sólo se traducirá en ingresos extra para las entidades, que es el principal argumento de Sánchez para justificar el nuevo gravamen. Advirtió de que la subida del precio del dinero encarecerá también el coste de los depósitos y sugirió un aumento de las provisiones ante el impago de algunas empresas.

Los banqueros piden en privado al supervisor único más contundencia sobre el plan de Sánchez, aunque se descarta que el supervisor emita una opinión severa, según fuentes próximas a los reguladores. La cúpula de Sabadell pudo comprobar ayer esta tibieza.

Tras la intervención de Guindos, Josep Oliu, presidente de Sabadell, fue contundente respecto al nuevo impuesto y acusó al Gobierno de "atacar la rentabilidad" de las entidades. También se quejó enérgicamente de que no todos los bancos asuman el gravamen, ya que, a su juicio, se genera una "clara discriminación" y pidió que se corrija en "el futuro inmediato" para que tenga sentido.

"Hay que darle tres vueltas", aconsejó. Sabadell también instó a que el gravamen sea "temporal" ante el temor entre algunos bancos de inversión a que el PSOE y Podemos lo hagan perpetuo mientras se mantengan en La Moncloa.