Publicado: 04/03/2024 04:45
Son muchos (analistas, consultores, ciudadanos...) los que piensan que la entrada en vigor de la “prestación patrimonial de carácter público no tributario”, que popularmente se ha reducido al impuesto extraordinario sobre la banca por los beneficios extraordinarios derivados de la alta inflación y la subida de tipos, ha sido responsable de que los bancos no repercutieran con carácter casi inmediato durante los últimos meses de 2022 y primeros de 2023 la subida del precio oficial del dinero en las remuneraciones de sus pasivos.
Prueba de ello es que en noviembre de 2022, con el precio oficial del dinero ya en el 2% después de tres subidas consecutivas del BCE, la remuneración de los depósitos de las familias estuviera en el 0,53%, bajara en enero al 0,46% después, incluso, de una cuarta subida que elevó el tipo de interés al 2,5%.
La prestación patrimonial de carácter público no tributario de la banca continuará satisfaciéndose durante 2024 por los beneficios obtenidos durante el pasado año. En los dos ejercicios en los que iba a estar vigente este “contribución” de las entidades financieras, el Gobierno estimó una recaudación de 1.500 millones de euros anuales.
A la banca nunca le sentó muy bien la disposición. La Asociación Española de Banca (AEB) dijo que afectaba a las decisiones de crédito y riesgo y favorecía a la banca extranjera que opera en nuestro país, porque no se ve afectada al tener menor tamaño. Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander, ha dicho de él que “no es bueno para la economía”, y Carlos Torres, presidente de BBVA, que “daña a toda la economía y no debe existir”.
El problema ha venido cuando Pedro Sánchez anunció a finales del pasado año que se prorrogaría su vigencia. Yolanda Díaz, su ministra de Trabajo, ha ido más alla y ha dicho en febrero que “el Gobierno va a seguir haciendo que los bancos contribuyan como deben al sostenimiento de lo común; toca blindar y hacer permanente el impuesto a la banca”.
Díaz tiene una fijación obsesiva con los beneficios y los salarios que superen el SMI vengan de donde vengan. No tolera que las empresas y los ciudadanos ganen dinero, y menos que ganen mucho dinero. De ahí que el Ejecutivo aprobara la ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y la creación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Depósitos poco remunerados
La banca no parece el mejor enemigo que puede tener un Gobierno. Los ahorradores han padecido en su depósitos la escasa remuneración que los bancos han trasladado después de diez subidas del precio oficial del dinero continuadas. Según algunas consultoras, apenas ha repercutido en los productos de ahorro un 10% de la subida acumulada de tipos (cuatro puntos y medio porcentuales), cuando en Europa ha sido, como media, del 20% y en Reino Unido, de hasta el 40%.
El Gobierno debería saber que las entidades financieras tienen en la actualidad el 13% de toda la deuda del Estado en circulación a finales del pasado año: 170.171 millones de euros, de un total de 1.320.112 millones. En los últimos doce meses la cartera ha disminuido en un punto porcentual, pero hay que recordar que hace unos años, entre 2007 y 2015 la banca española llegó a controlar entre el 25 y el 31% de la deuda.
Un antiguo ministro de Economía aún recuerda la dureza de las conversaciones que mantuvo con los presidentes de las distintas entidades financieras para convencerlos de la necesidad de que acudieran a las subastas de deuda española cuando el diferencial del bono español a diez años en relación al bono alemán rozó los 540 puntos en el verano de 2012. El motivo no era otro que despertar la confianza en la economía española entre los inversores internacionales.
Deuda en manos de la banca
Pero no solo los bancos son tenedores de deuda. También son acreedores de las Administraciones Públicas. De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, las entidades de depósitos y entidades financieras de crédito tenían prestado a las Administraciones Públicas un total de 75.485 millones de euros a finales del pasado año. ¿Por qué no encarecer su precio para pagar el impuesto?
Como contrapartida, las AAPP mantienen en los bancos depósitos por un valor de 116.114 millones de euros, una cifra que supera en 20.086 millones el dato con el que se cerró diciembre de 2022. Estos depósitos podrían seguir el mismo camino que lo de las familias y ser remunerados muy por debajo de los tipos oficiales.
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