Banca y energéticas acuden a la Audiencia Nacional para paralizar los impuestazos

El Gobierno tramitó los impuestos a banca y energéticas en una proposición de ley que registraron los Grupos de PSOE y Podemos directamente en el Congreso para agilizar el proceso y pudieran entrar cuanto antes en vigor y para saltarse los controles del Consejo de Estado y otros organismos. Pues bien, según ha podido saber Vozpópuli, Hacienda ha llevado al Consejo de Estado la Orden Ministerial con los Modelos de declaración de los impuestos. Este trámite está retrasando ahora mismo su publicación y pone trabas a los recursos que preparan estas empresas, trasladan las fuentes jurídicas consultadas.

Y es que el primer pago anticipado del 50% los impuestos empieza el próximo miércoles 1 de febrero y todavía no se ha publicado en el BOE la Orden Ministerial, que estuvo en audiencia pública en diciembre. Esta dilación se produce además cuando banca y energéticas preparan la impugnación de la citada Orden con los Modelos de declaración ante la Audiencia Nacional y valoran pedir su paralización cautelar, incluso cautelarísima, según ha podido saber este periódico.

La estrategia procesal clásica que van a seguir es pagar el impuesto y luego impugnar la liquidación, para después de agotar la vía administrativa y la de la Justicia llegar al Tribunal Constitucional, lo que puede dilatarse unos cuatro años e incluso hasta 10. Pero también quieren agotar todas las vías de recurso y la primera es la impugnación de la Orden Ministerial.

Llama la atención que este texto, que no tiene que pasar por el Consejo de Ministros, esté ahora en el Consejo de Estado, precisamente el órgano que el Gobierno ha querido sortear con la tramitación de los impuestos como proposición de ley.

Se da la paradoja de que algunos proyectos de ley no pasan por el Consejo de Estado pero fuentes de Hacienda trasladan que se trata de un reglamento ejecutivo que tiene que enviarse al máximo órgano consultivo del Estado. Y según ha podido saber Vozpópuli, el Fisco lo reclama con carácter de urgencia, toda vez que el pago empieza el próximo 1 de febrero.

Estas urgencias del Gobierno están causando malestar en el Consejo de Estado, según ha dejado patente recientemente. En un durísimo dictamen, advierte de "urgencias injustificadas" que afectan a la calidad de las leyes y al "control de legalidad y constitucionalidad" y avisa de "garantías" que "se resienten". El máximo órgano consultivo le exige "respeto" a su función y al marco legal,

Los equipos jurídicos

A las 11 energéticas afectadas por el impuestazo, que prevé recaudar 2.000 millones en 2023 y 4.000 millones -ahora reducidos a unos 1.800 al año por las enmiendas- entre el año que viene y 2024, el coste de los pleitos puede ascender a más de 30 millones de euros.

Iberdrola fue la primera compañía que dejó claro que acudirá a los tribunales, proceso en el que prevé gastarse cerca de 5 millones de euros. La eléctrica, que ha provisionado cerca de 400 millones para hacer frente al impuesto, cuenta con un equipo jurídico liderado por el abogado del Estado y exdirector del Gabinete del secretario de Estado de Justicia Santiago Martínez Garrido, que junto a la exdirectora del Impuesto sobre Sociedades de la Dirección General de Tributos en Hacienda y exsocia de Deloitte Begoña García-Rozado, lideran esta batalla. 

A estas cifras se suman las del impuesto a la banca, con cerca de 10 entidades afectadas tras la exclusión en las enmiendas de firmas extranjeras, y los 23.000 contribuyentes a los que aplica el impuesto a grandes fortunas, de los que despachos que se dedican a estos clientes apuntan que van a recurrir la práctica totalidad. Un total de cerca de 300 millones en abogados por los nuevos impuestos.

La Abogacía del Estado contraataca por su parte con la creación de un "Departamento de Derecho Tributario que asuma la llevanza de los litigios en materia tributaria en el ámbito territorial que se determine, el apoyo en materia tributaria a otras unidades de la Abogacía General del Estado y la coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central", según se informa en el Presupuesto del Ministerio de Justicia para 2023. La fiscal es una de las áreas donde el desempeño de los letrados públicos tiene menos éxito.