Iberdrola declara la guerra al Estado: gastará cinco millones en abogados contra el impuesto

Un porcentaje del 1% de lo que se devuelva a la empresa más una cuantía fija por los servicios prestados. Es un criterio habitual para cobrar por un gran pleito de una multinacional y de un despacho de primera fila. En el caso de Iberdrola, la batalla legal contra el impuesto a energéticas le va a costar cerca de cinco millones de euros, según han calculado fuentes jurídicas y empresariales para Vozpópuli. Para las 11 energéticas afectadas por el impuestazo, que prevé recaudar 2.000 millones en 2023 y 4.000 millones entre el año que viene y 2024, la cifra puede ascender a más de 30 millones de euros.

A estas cifras se suman las del impuesto a la banca, con ya más de 20 entidades afectadas tras la inclusión en las enmiendas de firmas extranjeras, y los 23.000 contribuyentes a los que aplica el impuesto a grandes fortunas, de los que despachos que se dedican a estos clientes apuntan que van a recurrir la práctica totalidad. Un total de cerca de 300 millones en abogados.

Esta avalancha de pleitos va a empezar su curso en diciembre, cuanto se publiquen en el BOE los Modelos de declaración, aunque el momento más ortodoxo para iniciar la batalla legal es al liquidar el impuesto: en febrero, el pago fraccionado de banca y energéticas, entre abril y junio para los grandes patrimonios.

La Abogacía del Estado contraataca por su parte con la creación de un "Departamento de Derecho Tributario que asuma la llevanza de los litigios en materia tributaria en el ámbito territorial que se determine, el apoyo en materia tributaria a otras unidades de la Abogacía General del Estado y la coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central", según se informa en el Presupuesto del Ministerio de Justicia para 2023. La fiscal es una de las áreas donde el desempeño de los letrados públicos tiene menos éxito.

Iberdrola fue la primera compañía que dejó claro que acudirá a los tribunales. La eléctrica, que ha provisionado cerca de 400 millones para hacer frente al impuesto, cuenta con un equipo jurídico liderado por el abogado del Estado y exdirector del Gabinete del secretario de Estado de Justicia Santiago Martínez Garrido, que junto a la exdirectora del Impuesto sobre Sociedades de la Dirección General de Tributos en Hacienda y exsocia de Deloitte Begoña García-Rozado, lideran esta batalla. 

Se prevé que se incorpore a esta contienda a bufetes externos que trabajan con Iberdrola como Uría Menéndez o CMS Albiñana & Suárez de Lezo. "Nuestros abogados van a trabajar como siempre de una manera muy eficiente", defendía el presidente Ignacio Sánchez Galán ante la pregunta de los analistas del mercado por este impuesto. Sánchez Galán considera que esta medida va en contra de las Directivas europeas y que los 3.800 millones de impuestos que paga Iberdrola en España son suficientes. 

La facturación de estos tres despachos supera los 300 millones de euros y tienen un total de 1.350 empleados, mientras el presupuesto total de la Abogacía del Estado para 2023 es de 44,6 millones, un 4,34% más que en 2022. Hay 654 abogados del Estado registrados y se estima que están en activo la mitad. Cerca de un 10% han pedido excedencia y trabajan en despachos y en la Asesoría jurídica de grandes empresas.

En el caso de la asesoría fiscal y legal de las grandes empresas afectadas por los impuestos, puede suponer un total de 300 personas a nivel global, y entre un 30% y un 40% de ellas están en España. De un tiempo a esta parte la Asesoría Fiscal gana enteros frente a la Asesoría Jurídica, una vez que la Ley de Sociedades de Capital lleva la estrategia fiscal al Consejo de Administración, a lo que se añade el peso que están tomando los litigios fiscales.

Las energéticas esperan a que termine el período de enmiendas para lanzar sus movimientos legales contra un impuesto que no sigue las directrices del gravamen de la UE, que se dirige a los beneficios extraordinarios y es menos gravoso. La primera vía de ataque es que lo consideran una "doble imposición". Porque existe una obligación tributaria sobre el mismo valor económico en varias ocasiones dentro del proceso de producción. Y, por otro lado, hay una imposición sobre los ingresos y en base a la renta de las empresas (Impuesto sobre Sociedades), también dependiente de los ingresos.

También consideran que el impuesto es asimétrico, porque dos empresas que obtienen el mismo volumen de negocio pueden tener diferentes estructuras de costes, pero tienen que afrontar una misma fiscalidad. Las empresas energéticas con menores márgenes tienen tasas impositivas efectivas más altas. 

La vía a seguir es el pago del impuesto para a continuación impugnar la autoliquidación ante la Agencia Tributaria. Si no contesta, por silencio administrativo o su contestación desestimatoria se llevan al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), y de ahí a la Audiencia Nacional, para acabar en el Tribunal Constitucional (TC) -o, incluso, ante el Tribunal de Justicia de la UE- proceso que puede llevar más de cuatro años.

Cepsa es la otra empresa que ha anunciado su intención de recurrir este impuesto. "Si se aprueba la ley cómo está diseñada no tendremos otro remedio que impugnar en los tribunales españoles y europeos", explica su consejero delegado Maarten Wetselaar en sus resultados. Este movimiento lo liderará el alemán Jörg Häring, que dirige desde el año pasado la Asesoría Jurídica de Cepsa. Desde el sector no se descarta que también recurran a los servicios externos de grandes firmas como sus vecinos en la Torre Cepsa, Pérez Llorca. 

Una alternativa que también se maneja en Repsol, aunque ninguno de sus jefes haya dicho públicamente que vaya a acudir a los tribunales. El consejero delegado Josu Jon Imaz ha criticado en múltiples ocasiones el diseño y objetivo de esta tasa. El propio Imaz llegó a calificar en una tribuna en El País esta medida como "demagógica" y que confía en "las garantías constitucionales y en las legales, tanto las españolas como las europeas". 

Otro de los afectados es Naturgy. Hasta la fecha, no tiene contratado a nadie específicamente para el impuestazo y tampoco tiene planteada su estrategia jurídica sobre esta medida. Una posición similar a la de Endesa. La eléctrica trabaja habitualmente y de manera recurrente con grandes bufetes de todo tipo para cuestiones muy variadas. Pero no tiene encima de la mesa la idea de presentar un recurso a este impuesto.

Banca y fortunas

Los bancos también han planteado su intención de recurrir, para lo que ahora cuentan con el apoyo del informe del Banco Central Europeo (BCE), no vinculante pero muy crítico. El Gobierno ha incorporado en las enmiendas que se registraron el pasado jueves su recomendación de que afecte también a entidades extranjeras para no falsear la competencia, pero el dictamen tiene otras muchas reconvenciones sobre su impacto en el crédito y en las cuentas de las entidades, además de su recomendación de que se traslade a los clientes y el cuestionamiento de los papeles asignados a la CNMC y al Banco de España en este último sentido.

Se espera que la gran mayoría de los 23.000 afectados por el impuesto a grandes fortunas, que prevé recaudar 1.500 millones, recurra, lo que puede mover hasta 200 millones de euros en tarifas legales. Hay cuatro años para ello y los abogados consultados creen que muchos patrimonios se tomarán su tiempo, a diferencia de banca y energéticas. A esto se añade que la Comunidad de Madrid y Andalucía han anunciado recursos al TC, con lo que algunos contribuyentes esperarán o podrían ampararse en lo que consigan los servicios jurídicos de estas comunidades. Sin embargo, los letrados citados recomiendan recurrir para asegurarse la devolución.

En este caso, patrimonios muy relevantes pueden llevar a un sistema de retribución por éxito parecido al de los grandes despachos. Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, explica que es más habitual que al ser cantidades menos relevantes que las que se dirimen en un pleito de una gran empresa los porcentajes puedan alcanzar hasta un 15% de lo que se devuelve al contribuyente. Esaú Alarcón, miembro del Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y abogado en Gibernau, traslada que es recomendable contar con un fijo y que también puede cobrarse en concepto de intereses de demora, más habitual si las cantidades en liza son reseñables.