Los ayuntamientos podrán ocultar subidas del IBI hasta después de las elecciones

Los ciudadanos acudirán a votar en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo sin conocer si su Ayuntamiento prevé subir el IBI. Así se desprende de una enmienda que ha registrado el Grupo Socialista a los Presupuestos Generales del Estado, que permite, "con vigencia exclusiva para el ejercicio 2023", retrasar la aprobación de los nuevos tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles hasta el 31 de julio. Igualmente, se amplía hasta el 31 de julio de 2023 el plazo para la aprobación y publicación de las ponencias de valores totales.

El IBI es la principal fuente de ingresos de los Ayuntamientos, y recauda hasta 14.000 millones de euros al año.

La enmienda alega que este retraso se permite con el fin de dar tiempo a los nuevos equipos municipales para emitir informe y aprobar los nuevos tipos. Ante la fecha de convocatoria de elecciones, "es prácticamente imposible que antes del 1 de julio las nuevas corporaciones no solamente se hayan constituido sino que además hayan emitido el informe de la ponencia de valores del municipio y aprobado los nuevos tipos de gravamen", plantea.

Pero es que el Grupo Socialista va más lejos y sitúa esta tarea como una responsabilidad de los nuevos Ayuntamientos: "La ampliación de plazos que la disposición transitoria prevé es imprescindible para que la nueva corporación pueda planificar adecuadamente su política tributaria y realizar una asignación correcta de recursos, puesto que los ingresos fiscales derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles son determinantes del volumen de ingresos totales de que va a disponer el municipio durante el ejercicio".

Sin embargo, son los propios Consistorios ahora en el poder quienes han trasladado al Catastro este año que quieren que se revise la ponencia de valores en 2023 de cara a que haya subidas en 2024. Según contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2023, se prevé la revisión catastral de 825.000 inmuebles.

En el sector se había dado por supuesto que en año electoral muchas de estas revisiones -para las que hay plazo hasta el 1 de julio aunque muchas se realizan a lo largo de los meses de abril y mayo- no se producirían. La enmienda que ha registrado el Grupo Socialista viene a facilitar el camino a los Ayuntamientos.

Manuel Esclápez, abogado especialista en Procesal Tributario en PwC Tax & Legal y miembro del Grupo de expertos en Haciendas locales y valoración catastral en la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), explica que la revisión de la ponencia puede resultar en algunos casos en una rebaja del IBI, pero que en el 99% de los casos acaba en una subida. Aunque el Consistorio no suba los tipos del impuesto.

Esta iniciativa respecto a la ponencia de valores contrasta con el parón en lo que a revisión de coeficientes que se aplican al valor catastral se refiere, que Hacienda no ha realizado en 2022 ni prevé para 2023. Fuentes del Fisco lo atribuyen a que "en el mercado no se han producido grandes bajadas o subidas que provoquen una actualización de estos coeficientes".

Subida de la plusvalía municipal

Otro de los impuestos de mayor trascendencia para los ayuntamientos, la plusvalía municipal, se presenta con subida en 2023. Como avanzó Vozpópuli el 11 de octubre, los Presupuestos de 2023 realizan la primera actualización de coeficientes desde que el nuevo impuesto entró en vigor e incluyen subidas importantes, de hasta el 50%, para ventas de inmuebles adquiridos entre 2012 y 2015.

Se trata de la primera vez que se actualizan cuando el próximo 26 de octubre hará un año que el Tribunal Constitucional (TC) anuló el impuesto y que Hacienda lo sustituyó a toda prisa por el vigente mediante un Real Decreto-ley que entró en vigor el 10 de noviembre de 2021.

Esta norma establece que los coeficientes se actualizarán cada año, por ejemplo, en la ley de Presupuestos, y en su primera edición, en la de 2023, sorprende que en lugar de hacer lo propio con 2022, año ya casi cerrado, y poner al día de manera lineal el resto de ejercicios cuya situación inmobiliaria ya es inalterable y Hacienda la calculó ya en los primeros coeficientes que contiene la norma, el Fisco incluye ahora cambios notables en algunos años.

Preguntada por esta subida, que los Ayuntamientos pueden incorporar o no, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encuadró en la necesidad que tienen los Consistorios de asegurar sus ingresos. Cabe recordar que los municipios reclaman un fondo de compensación por lo que han perdido con la anulación del impuesto y con su nueva configuración.

Esta petición parece la causa de que el Gobierno tenga paralizada la tramitación del Real Decreto-ley que crea la nueva plusvalía como proyecto de ley en el Congreso. Este parón puede traer problemas, ya que PP y Vox han recurrido esta norma al TC precisamente por haberse hecho mediante Real Decreto-ley, con lo que si su recurso es estimado, el impuesto será de nuevo anulado.