A la espera de conocer los detalles de la amnistía que negocian Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, está claro que afecta al delito de malversación de dinero público para sufragar el procés y a la inhabilitación de representantes públicos que han malversado, un asunto que preocupa a la Comisión Europea y que fuentes conocedoras trasladan que cuestionará.
De momento, el propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya ha dicho en el Parlamento Europeo que la Comisión Europea está analizando si la reforma del Código Penal para rebajar la sedición y la malversación pactada por Sánchez con los independentistas, y en especial la rebaja del delito de malversación, está en línea con el Derecho comunitario y si puede suponer un riesgo para "los intereses financieros de la Unión".
En paralelo, la Dirección de Justicia de la Comisión Europea investiga la rebaja de Sánchez del delito de malversación. Como informó Vozpópuli, examina una denuncia contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a la que ha tenido acceso este periódico, que sostiene que la reforma del delito de malversación que pactó con ERC y que rebaja las penas de seis a tres años "vulnera la Directiva de protección de intereses financieros de la Unión Europea 2017/1937, de 5 de julio, de obligada trasposición en nuestro ordenamiento jurídico interno". Y lo hace, añade, porque en su "artículo 7 recoge un límite mínimo penológicamente inexcusable, por el que los Estados miembros de la UE deberán establecer una pena de prisión de al menos cuatro años en los casos de malversación cuando ésta afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, sin establecer ningún tipo de distinción en cuanto a las modalidades o tipos de malversación".
Aunque Reynders aludió a que analizan la reforma penal en su totalidad, Víctor Sunkel, socio director de Sunkel & Paz Penalistas, recuerda que la reforma de la sedición inquieta menos a Bruselas, que lo considera un asunto interno y de carácter político, pero está especialmente vigilante con la rebaja de la malversación de dinero público.
La declaración del comisario de Justicia llegó en enero sobre la polémica reforma del Código Penal que el Congreso aprobó in extremis en noviembre. En mayo, la Comisión Europea presentó su propuesta de Directiva para armonizar penas y baremos que precisamente obligará a endurecer las penas por malversación.
La Comisión Europea pide que las infracciones penales referidas a soborno, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.
La reforma del Gobierno de Sánchez, que entró en vigor en enero, crea dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas", con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.
Y un segundo tipo para "la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado", sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación.
El Estado de Derecho en España
A todo esto se suma el reciente informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, que insta a España a renovar el CGPJ y desvincular los mandatos de Gobierno y Fiscalía. Respecto a la reforma del delito de malversación, apunta a que "reduce sus penas en algunos casos, lo que fue criticado por las partes interesadas".
El informe recoge que "la sociedad civil criticó la reforma del delito de malversación, en particular en lo que se refiere a la reducción de las penas aplicadas y al catálogo de conductas consideradas pertinentes. Además, se duda acerca de la introducción del requisito del ánimo de lucro, cuya presencia o ausencia conllevaría la aplicación de un régimen sancionador diferente según si la autoridad o funcionario se apropia indebidamente del patrimonio público para sí mismo o un tercero. A falta de dicho ánimo, las penas aplicables son menores en el nuevo régimen".
Sigue muy de cerca las negociaciones de Sánchez con los independentistas la delegación europea de Ciudadanos, que advierte en una carta al resto de Estados miembros de la Unión Europea sobre la petición de Pedro Sánchez de dar oficialidad al euskera, al catalán y al gallego, ya que "no son lenguas oficiales del país", como exige la normativa europea para elevar su estatus, y porque la propuesta responde a necesidades de política interna de un Gobierno en funciones.
La carta va dirigida a las representaciones permanentes de los 26 socios comunitarios en la UE tras la propuesta del Gobierno de incluir las lenguas catalana, vasca y gallega en el Reglamento nº 1 de la UE, por el que se regulan las lenguas oficiales de la Unión. Además, Sánchez pretende incluir este asunto en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales prevista para el 19 de septiembre.
Varapalo del Tribunal General
Cs explica en su misiva varios aspectos legales respecto a las lenguas, pero además les sitúa en el contexto en que se produce la iniciativa: la necesidad que tiene un Gobierno en funciones de lograr ser elegido de nuevo con el apoyo de partidos nacionalistas, "algunos de los cuales tienen una historia teñida de populismo y euroescepticismo".
Un escenario en el que Adrián Vázquez, jefe de la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara, subraya el reciente varapalo del Tribunal General de la UE, que ha retirado la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.
Preocupación de los 'hombres de negro'
La preocupación de la Comisión Europea con la malversación la comparte el Parlamento Europeo.
La reforma del delito de malversación se convirtió el pasado febrero en el invitado incómodo de la visita de los hombres de negro que vinieron a fiscalizar la gestión del Plan de Recuperación,"En el delito de malversación, hemos pedido al Gobierno español que desde el punto de vista del control presupuestario nos garantice que se cumpla también en el Código Penal español", aseguró Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que vino a España a controlar el uso de los fondos.
Tras una visita de tres días en la que Hohlmeier recriminó a Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá la rebaja de las penas en la malversación, en una rueda de prensa en la que leyó una declaración consensuada con los otros nueve integrantes de la delegación, advirtió: "Nosotros opinamos que en un Código Penal no debe haber excepción alguna para ningún supuesto frente a ninguna persona que cometa corrupción [...] Exigimos tolerancia cero", en alusión a la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez.