"Estamos muy sorprendidos de que un dinero que debería destinarse a las empresas sustituya al presupuesto informático de la Administración", trasladan altos funcionarios a Vozpópuli. Denuncian "opacidad" del Gobierno respecto a este uso y a las partidas afectadas. "La Administración tiene un presupuesto para estas cuestiones, con lo que lo desvía de lo habitual y no sabemos a qué lo destina", advierten. "Es como si nos pagaran el sueldo con fondos Next Generation".
A la preocupación por la opacidad se suma el malestar que sienten por que este dinero no se dedique a las empresas, que debería ser -en su opinión- la prioridad del Plan de Recuperación. Es la reflexión que ha recabado este periódico de altos funcionarios de la Administración General del Estado sobre este uso del Plan de Recuperación. Una búsqueda en el portal del Plan arroja ahora mismo 258 convocatorias relacionadas, de las que cerca de 200 se refieren estrictamente a este asunto y casi 300 millones de euros, según los cálculos realizados por Vozpópuli.
Hace un año este periódico cuantificaba en cerca de 13 millones el gasto en ordenadores portátiles para 11 Ministerios. Ahora las partidas engloban a todo tipo de Administraciones Públicas (Ministerios; Delegaciones del Gobierno; Comunidades como la de Madrid, Galicia, Aragón y Andalucía y sus consejerías; ayuntamientos; organismos autónomos; empresas, fundaciones y colegios o universidades públicos, Policía Nacional, Seguridad Social, Fogasa, CSIC, Instituto de Salud Carlos III, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, etc.) y el presupuesto se ha multiplicado por veinte.
La mayoría de las convocatorias no cuentan con pliegos al estar basadas en el acuerdo marco 02/2020 de suministro de ordenadores, portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo, que preestablece las condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados en dicho acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de la adquisición de equipamiento informático para el Museo Reina Sofía o para el Centro Español de Meteorología.
También afecta a convocatorias que tienen como beneficiarios a los Ministerios. Bajo este acuerdo marco se han adquirido, por ejemplo, 5.979 portátiles para el Ministerio de Política Territorial por 6 millones; 3.727 portátiles para el Ministerio del Interior por casi 4 millones de euros; 3.224 para el Ministerio de Trabajo por 3 millones, portátiles ultraligeros y monitores y webcam por 925.890 para el Ministerio de Justicia ó 3.130 ordenadores de sobremesa para el Ministerio de Defensa por 1,4 millones (junto con 10.948 monitores por 1,27 millones, 1.403 portátiles por 1,08 millones y portátiles ligeros por 45.900 euros).
Asimismo, bajo este acuerdo marco 02/2020, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación también ha lanzado 139 convocatorias diferentes por una cuantía total superior a los 100 millones de euros con cargo a los fondos UE. El fin: comprar "portátiles ultraligeros estándar para el puesto de trabajo de nueva generación".
Entre las convocatorias de mayor cuantía destacan aquellas que se enmarcan en el Programa de Cooperación Territorial EcoDigEcu, financiado por el Ministerio de Educación para la digitalización del ecosistema educativo. Se han gastado 14,4 millones en el suministro de dispositivos portátiles para la reducción de la brecha digital de acceso por parte del alumnado.
La Administración como beneficiaria
Según los datos proporcionados por el Gobierno, un 54% de los fondos UE que se resuelven se quedan en la Administración Pública. Es decir, que el beneficiario final es una entidad local (24%), una comunidad autónoma (11%), un centro de I+D+i (9% para universidades, centros educativos, tecnológicos y de investigación, etc.), u otras entidades y organismos públicos (9%).
Dicho de otra forma, de manera directa a empresas y particulares sólo han ido a parar un 46% de los fondos europeos que se han adjudicado. En concreto, a 15 de marzo, los datos que manejaba el Ejecutivo apuntaban a unos 10.900 millones de un total de 23.500 millones de euros en convocatorias de subvenciones y licitaciones resueltas.
El dinero financiado desde Europa parte tanto de la Administración General del Estado, que es quien en primera instancia recibe el dinero y lo reparte a las distintas entidades públicas, como de las CCAA, también encargadas de la ejecución de los fondos. Como resultado del proceso de cogobernanza, la AGE ha resuelto un 82% de esas convocatorias de ayudas y licitaciones y las CCAA, el 18% restante.
Sin embargo, la mayoría del dinero termina en ese mismo canal al destinarse a financiar o cofinanciar actuaciones para el Sector Público. Las empresas privadas o personas físicas pueden acabar siendo beneficiarias indirectas, pero no son las que reciben en dinero en primera instancia para invertirlo en proyectos asociados a los fondos UE. Es decir, lo contrario de lo que los altos funcionarios con los que ha contactado Vozpópuli creen que debería hacerse.