Los altos funcionarios denuncian el "electoralismo" de Sánchez con la oferta de empleo público

Clamor entre los altos funcionarios contra la aprobación en plena campaña electoral de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2023. Vozpópuli ha podido constatar el rechazo entre integrantes de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca) a que el Gobierno negocie ahora a toda prisa una oferta que se prevé histórica y que pretenda aprobarla en el Consejo de Ministros del martes, 12 días antes de las elecciones.

Este "electoralismo" es además el colofón de una legislatura en la que denuncian que se ha empezado a "degradar" la Función Pública con la validación de disposiciones que facilitan el acceso sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Critican que se prevea aprobar la OEP en plena campaña. Creen que se debía haber validado antes o incluso después de las elecciones, con el Gobierno en funciones, si se entiende que urge, pero no en tiempo de descuento electoral. Se trata además de una oferta de empleo que un gobierno de otro signo puede modificar.

"No se debería aprobar ahora, habría que esperar al gobierno que salga de las urnas, qué sentido tiene aprobar la OEP deprisa y corriendo de forma chapucera", subraya Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

Sin embargo, De la Herrán añade que "no" les "sorprende": "Es una maniobra más, ahora en momento de tribulación por la incertidumbre de las elecciones, dentro de lo que se está intentando en los últimos dos y tres años: bajar el nivel para un acceso fácil, y se están dando un servicio nefasto". En este sentido, pone de ejemplo la situación en la Seguridad Social.

"Las pruebas son mucho más sencillas y se prima la antigüedad, pero no resuelven los problemas de la Administración. Acaban con los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir la Función Pública", relata la presidenta de los inspectores de Hacienda.

Preguntada por qué relación ven entre la OEP de 2023 que se prepara y las medidas que critican para facilitar la entrada a la Función Pública, De la Herrán recuerda que ya en el Real Decreto con la OEP de 2022 se incluyó un mandato a los tribunales para que elaboren listas de interinos, lo que no les extrañaría que se repita.

Cebe recordar el rechazo de IHE y Fedeca a la Ley de Función Pública que ha decaído con la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

El Gobierno ha introducido partes de algunas de las leyes que quedaron fagocitadas por el adelanto electoral en el Real Decreto-ley de ayudas que aprobó en el Consejo de Ministros el 27 de junio. Aunque la OEP la regula un Real Decreto, no les sorprendería encontrarse algún elemento de la Ley de Función Pública en el Decreto que proyecta aprobar el martes.

Reuniones exprés

El Ministerio de Hacienda y Función Pública convocó a los sindicatos este viernes para negociar la OEP de 2023, en pleno inicio de la campaña electoral y con la intención de aprobarla en el Consejo de Ministros del próximo martes.

En la reunión de este viernes no se les han proporcionado cifras y se les ha emplazado a un nuevo encuentro el lunes que se prevé de cierre. Todo indica que la OEP será "muy potente", "histórica". Esta Oferta se aprueba todos los años pero en otros ejercicios se ha validado antes (en marzo, por ejemplo). El año pasado se lanzó el 24 de mayo.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, destacó en mayo de 2022 que el Consejo de Ministros había aprobado "la mayor oferta pública de empleo de la historia", mediante la que ofertaría 44.787 plazas.

Desde la convocatoria del adelanto electoral el pasado 29 de mayo, se han publicado en el BOE diferentes convocatorias que complementan OEP de años pasados.

CCOO "entiende las prisas por la publicación de la OEP 2023, así hemos reiterado y recordado en varias ocasiones a Función Pública que la OEP debía haberse publicado en el primer semestre de 2023", ha trasladado en una nota este viernes.

Con todo, Comisiones considera que "este retraso no puede justificar que se plantee una imposición atropellada. El servicio público es la garantía de los derechos de la ciudadanía, y es imprescindible una dotación de personal suficiente, para lo que resulta esencial la negociación con las organizaciones sindicales".

CSIF no pone el foco tanto en las prisas ni en que se apruebe el tiempo de descuento electoral, sino en la necesidad de que la OEP sea "masiva" para reforzar los servicios públicos en la Administración del Estado y la Justicia.

Este sindicato recuerda que desde 2010 se han perdido más de 54.000 empleos y en la próxima década se jubilará el 60% de la plantilla.