Así repartirá el Gobierno la factura de Rusia y la crisis energética en los alquileres

El Gobierno ha intervenido el mercado de los alquileres para redistribuir el impacto de la inflación. En especial, para atenuar el golpe a los inquilinos de "elementos del contexto nacional e internacional que son ajenos al ámbito de la vivienda", esto es, de la crisis energética, agravada por las derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo hará durante un período que excedería los tres meses anunciados.

El 2% escogido como límite por el Gobierno a las actualizaciones previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos implica que los inquilinos correrán previsiblemente con el 20-30% de la inflación en el alquiler frente al 100% que les obligaba la LAU.

Si se consideran los gastos corrientes especialmente afectados por la espiral inflacionista como la luz y el gas, los arrendatarios verían reducida su factura por la crisis en alrededor de un 50% mientras que los caseros perderían el 70-80% de la rentabilidad que les correspondía. Y ello, con efectos para el 75% del mercado en caso de que el Gobierno mantenga el decreto en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022, como descuentan ya agentes del sector.

Los inquilinos representan el 80% de la población económicamente "vulnerable" del mercado del alquiler, esto es, unos tres millones de personas

Si se toma como referencia un alquiler tipo de dos habitaciones en Madrid, el inquilino debía pagar hasta ahora un extra promedio de 96,5 euros incluyendo el 7,6% del Índice de Precios de Consumo de febrero -el marco del decreto- y las subas de la luz y el gas, atendiendo a una estimación de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Con la intervención del Ejecutivo, los inquilinos pasarían a pagar 49,5 euros más al mes -un máximo de 17 euros por la subida del Índice de Precios de Consumo-. Por su parte, los caseros tendrían que renunciar a 47 euros mensuales a los que tendrían derecho según la LAU. La Agencia Negociadora del Alquiler proponía un límite del 3%, que hubiera supuesto que los inquilinos corrieran con un gasto extra fijo de unos 25 euros en concepto de alquiler.

Con el dato de inflación provisional de marzo como referencia, del 9,8%, los caseros estarían perdiendo 66,3 euros de media en Madrid por los 17 que estarían asumiendo los inquilinos. En términos absolutos, serían unos 560 millones de euros de ahorro para inquilinos y coste para caseros entre abril y el 30 de junio, apuntaron ya desde Idealista.

El límite a los alquileres se extendería

El mayor temor de los caseros es que el Gobierno extienda su medida más allá de junio, posibilidad que desde el propio Ejecutivo han confirmado como factible. Y es que para entonces, la inflación seguiría rondando el 8%, según previsiones recogidas por entidades como la Fundación de las Cajas de Ahorro. En el escenario previsto, los caseros perderían una media de 50 euros al mes durante los próximos tres meses, por los 17 de los inquilinos.

La queja del sector propietario es que la regulación no contempla ninguna compensación para los arrendadores, circunstancia que lleva a fuentes jurídicas a ver recorrido a potenciales reclamaciones por la vía judicial en caso de que la limitación -por Real Decreto contra una Ley- se prolongue en el tiempo.

El 15% de los propietarios había renovado alquileres entre diciembre y febrero aplicando el 100% del IPC

Desde el ala a la izquierda al Gobierno se opone la situación socio-económica de los integrantes del mercado del alquiler, inquilinos y caseros. Según cifras que maneja el sindicato Comisiones Obreras -que ha reclamado una limitación total de los alquileres-, los inquilinos representan el 80% de la población económicamente "vulnerable" del mercado, esto es, unos tres millones de personas, por los 600.000 propietarios en situación de vulnerabilidad.

Atendiendo a datos de la Agencia Negociadora del Alquiler, el 15% de los propietarios había renovado alquileres entre diciembre y febrero aplicando el 100% del IPC. Esa cifra augura que una parte no desdeñable del mercado arrendador no podrá darse el lujo de sacrificar la inflación en los nuevos contratos, ante lo que podría poner los pisos a la venta y/o buscar nuevos inquilinos con precios más elevados. La derivada de esto último sería un aumento estructural de los precios.