La pandemia está echando por tierra las pronósticos a un lado y el otro sobre el impacto de la regulación de los precios sobre el alquiler de vivienda que entró en vigor en Cataluña el pasado mes de octubre.
Hasta ahora, el precio del alquiler de vivienda ha bajado prácticamente al mismo ritmo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña pese a la entrada en vigor en esta última el pasado mes de octubre de la ley que fija topes a los precios en zonas tensionadas, según se desprende de distintas fuentes del sector consultadas por Vozpópuli.
"Por ahora está imperando de la ley del mercado en ambas direcciones", reivindican fuentes del sector. Lo cierto es que según los datos del mayor portal de anuncios inmobiliarios, Idealista, los precios acumulan una caída internanual del 10% en Cataluña y del 9% en la Comunidad de Madrid.
La oferta 'embalsada' por la pandemia ha crecido de forma similar en ambas comunidades, detectándose
Según datos del mismo portal, la oferta 'embalsada' por la pandemia ha crecido de forma similar en ambas comunidades, detectándose, como recogió este medio, un cierto estancamiento temporal en el 'boom' de pisos ofertados en Cataluña en el primer mes post-regulación.
Paralelamente, según datos de Casafari, empresa que realiza un 'tracking' en tiempo real de los precios de la vivienda en alquiler ofertados en los distintos portales inmobiliarios, la oferta ha subido más en Madrid (un 143%) que en Cataluña en el último año (86%).
Así las cosas, de acuerdo a datos de Casafari, el precio al que se ofertan las viviendas en alquiler ha caído cerca de un 17% en Madrid en el último año, frente al 12% de Cataluña.
Patadas hacia delante del PSOE
Fuentes del mercado coinciden en señalar que la falta de impacto real concluyente (a un lado y al otro) de la ley catalana en los precios explica la dilación del PSOE en tomar una postura definitiva sobre cómo legislar el "facultar a las comunidades autónomas a limitar las subidas abusivas del alquiler" con Unidas Podemos que la formación morada entiende como una ley que limite la subidas tal y como se ha hecho en Cataluña.
Este medio ya informó de fuertes rechazos en el ala socialista a este tipo de medidas e incluso de la estrategia de jugar con los tiempos de la ley catalana para conservar el velado apoyo de los independentistas para los Presupuestos (no tumbando su ley) y, a la vez, jugar a poner de manifiesto su fracaso.
La ley catalana no ha provocado hasta el momento una caída de la oferta como pronosticaba el sector inmobiliario pero tampoco ha logrado, hasta ahora, bajar más los precios que la propia ley de la oferta y la demanda.
La ley catalana no ha provocado hasta el momento una caída de la oferta como pronosticaba el sector inmobiliario pero tampoco ha logrado, hasta ahora, bajar más los precios que la propia ley de la oferta y la demanda.
Lo anterior se explica por la propia graduación de la ley (que no ha entrado en vigor para todo el mercado sino para zonas puntuales altamente tensionadas) y, especialmente, la propia singularidad del mercado español en general y el catalán en particular, con alrededor de un 85% de particulares (según el propio Gobierno), que hacen difícil su implementación desde el Estado.
Aviso del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, en suma, estudia ahora la legalidad del control de precios del alquiler implementado por decreto por la Generalitat.
Tal y como informó este medio, el TC ya esgrimió, para tumbar el decreto de alquiler social del Govern de 2019, que el índice de precios de referencia creado por él (y que sentaría la base del control de precios aprobado en 2020), es legal siempre que deje "incólume la libertad de las partes para fijar la renta del arrendamiento en la medida en que no impide la estipulación de un precio superior o inferior al resultante del mencionado índice" y que la "imposición directa de deberes concretos a los propietarios con vocación de generalidad, estableciendo un régimen general de este derecho, (es) algo vedado a los decretos-leyes".
En otras palabras, el Alto Tribunal ha advertido al PSOE de que una ley de limitación de precios de la vivienda debe impulsarse por la vía de un proyecto de ley y que, incluso así, sería inconstitucional por ir contra el derecho a la propiedad privada.