La directora de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, ha apuntado a la Fiscalía como el origen de la filtración de los datos fiscales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta alta funcionaria ha sido la primera representante de Hacienda que ha respondido por la filtración y revelación de datos fiscales de este contribuyente.
A la pregunta de cómo conocía la ministra de Hacienda los detalles que reveló el 12 de marzo en el Senado y de si ha abierto una investigación en la AEAT, Fernández Doctor ha dado a entender en su respuesta que no ha iniciado este protocolo interno, ya que ha descartado que la filtración provenga de la AEAT.
"La Agencia Tributaria comprueba a 800.000 ciudadanos y empresas cada año de manera extensiva e intensiva, en el caso de la Inspección, y se pueden contar con los dedos de una mano los casos que se filtran", ha asegurado. Se filtran "a pesar de la Agencia, nunca salen cuando están en comprobación en la AEAT", ha insistido.
La directora de la AEAT ha puesto en el foco a la Fiscalía, a la que no ha mencionado, en su defensa del debido sigilo del Fisco en la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta. Aunque ha señalado que "la ministra ha dado cumplida explicación", ha asumido que ha habido una filtración y ha señalado que lo ocurrido, la filtración y revelación de estos datos fiscales, se produjo una vez que ya había finalizado la comprobación de la Agencia Tributaria.
El 21 de marzo, en la rueda de prensa de ejecución presupuestaria de 2023, no se preguntó a María Jesús Montero por su revelación de datos fiscales, un asunto del que sólo ha hablado de manera sucinta en una declaración informal a los medios.
Querellas
Precisamente este miércoles se ha conocido que Alberto González Amador ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por supuesta revelación de secretos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas.
La querella se dirige también contra el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, en referencia a una nota de prensa difundida por un canal oficial de la Fiscalía en la que se informaba sobre el cruce de correos entre el letrado de Alberto González Amador y el fiscal relativos a la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un presunto fraude fiscal.
El pasado 15 de marzo, desde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid apuntaban a que González Amador preparaba tres querellas: contra María Jesús Montero, la Fiscalía y la inspectora de la Agencia Tributaria por relevación de secretos.
La Fundación Foro Libertad y Alternativa ha presentado el 26 de marzo una querella contra Montero y otra contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo. Atribuyen a Montero presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y a García Ortiz, infidelidad de custodia de documentos y violación de secretos tipificados.
Sobre la ministra de Hacienda, consideran que "se habría valido de su posición para tener acceso no autorizado a datos reservados de carácter personal, habiéndolos difundido para tratar así de dañar el prestigio de la presidenta de la CAM e indirectamente minimizar las graves acusaciones de las que son objeto miembros destacados del Partido Socialista actualmente".
De confirmarse, "estaríamos ante una actuación muy grave: la utilización del aparato del Estado al margen de la ley para perjudicar a un adversario político, en lo que constituiría un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, recogido en los artículos 197.2 y ss. del Código Penal", remachan.
Y la actuación del fiscal general creen que "comprometió el derecho de defensa y la neutralidad e independencia del Ministerio Público, que se ve convertido en un mero apéndice del Poder Ejecutivo".
Alarma entre los inspectores de Hacienda
El carácter reservado de los datos tributarios que regula la Ley General Tributaria no sólo impide revelarlos, sino que le está vetado el acceso al propio ministro de Hacienda, ya que quedan restringidos a la Administración Tributaria para los usos que regula la norma.
Montero aludió, en declaraciones grabadas a las 17.05 horas del 12 de marzo en el Senado, a una información sobre la pareja de Díaz Ayuso que no se conocía y que a las 21.29 y 21.38 horas publicaron El País y elDiario.es, respectivamente. Se trataba del supuesto fraude que habría cometido Alberto González Amador en el cobro de comisiones en la venta de mascarillas, con el que habría pagado el piso en el que vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Este asunto sólo está en el informe de la Agencia Tributaria que recoge la inspección a este contribuyente -y en las actas y documentos en poder de la AEAT-. Un informe que ésta ha remitido a la Fiscalía y en el que se basa la denuncia del Ministerio Público.
Montero, además, se cuidó de precisar que carecía de más datos sobre la inspección tributaria a González Amador que lo que venía publicándose en los medios de comunicación.
En esas declaraciones, Montero instó a la presidenta regional madrileña a dar explicaciones y actuar "con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia". Sólo falló un detalle: cuando pronunció estas palabras, ningún medio de comunicación había publicado nada.
ElDiario.es había publicado a primera hora del 12 de marzo que la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla, una información que se basaba en la denuncia de la Fiscalía y que podía provenir de ésta o del Juzgado, además de Hacienda.
La oportunidad de la publicación de esta información para el Gobierno en pleno escándalo por la trama Koldo, y tras la publicación de la relación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con algunas empresas, y en el día en que se votaba la creación de una comisión de investigación no impedía constatar a las fuentes conocedoras consultadas por Vozpópuli que los datos que se desprendían de la noticia resultaran veraces y acordes con una inspección que ha seguido los cauces y los tiempos ordinarios. Sin embargo, las declaraciones de Montero en el Senado hicieron saltar las alarmas de los inspectores.
El 13 de marzo, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, declaró: "Si hay datos que se hacen públicos antes de que sean públicos por los políticos, se pone en entredicho el artículo de la Ley General Tributaria que defiende el carácter reservado de los datos personales con trascendencia tributaria. Por tanto, hay que garantizar y confirmar que esa información no ha salido de la Agencia Tributaria porque sería gravísimo".
