El director general de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, en libertad con cargos por el caso Petrum, "manipuló" expedientes de contratación para favorecer a empresas que hacían donaciones a las fundaciones de Convergencia, según la Fiscalía. Entre sus actuaciones figuran los emails a favor de Aguas de Barcelona, para que el Gobierno catalán anulara la adjudicación de ATLL a Acciona y se la entregara al principal donante de CDC, que finalmente cortó sus aportaciones en 2013.

Suez reduce a la mínima expresión el consejo de Agbar para facilitar la salida de Miquel Roca y de dos altos directivos franceses del grupo que también controla Cofely, la empresa troncal de la Púnica. Los cambios se produjeron tras los registros de finales de agosto en la sede de CDC y de la Fundación CatDem, de la que Agbar es el mayor donante de fondos, con 855.000 millones entre 2008 y 2012.

El 6 de noviembre pasado, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya adjudicó a un consorcio liderado por la división de aguas de Acciona (39%) la gestión de la sociedad Aguas del Ter y Llobregat (ATLL) por un periodo de 50 años y un desembolso de casi mil millones de euros. Pero el 23 del mismo mes saltó la liebre. Agbar interponía recurso contra esa adjudicación.