Las Administraciones Públicas españolas no han parado de crecer en muchos casos sin justificación alguna, tanto en gasto como en número de empleados, mientras los políticos que las gobiernan discuten a quién corresponde asumir responsabilidades cuando hacen falta sus servicios. Convertidos en 'agencias de colocación' para sus afines (sobre todo VIP), los partidos han renunciado a ajustar y poner orden a este inmenso puzzle de más de 21.000 entidades públicas, muchas de ellas prescindibles: desde administraciones generales en todos los ámbitos (central, autonómicas y locales) de las que cuelgan un enorme peso muerto desde entes, organismos autónomos, mancomunidades, fundaciones, consorcios, a agencias, empresas de todo tipo hasta confederaciones hidrográficas, delegaciones y subdelegaciones de Gobierno.

Y, por si fuera poco, hay casi medio centenar de diputaciones provinciales que llevan más de dos siglos existiendo (aparecen en la Constitución de Cádiz de 1812) y nadie sabe para qué sirven en la actualidad, sin que se justifique la necesidad de las contrataciones, muchas con un elevado sueldo. Según el último Listado de Hacienda de Grandes Beneficiarios de subvenciones públicas (2023), las diputaciones reciben más de 350 millones de euros sin que sepa su destino real y el grado de eficiencia de este gasto. En todo caso, la cifra es muy superior ya que en el Listado no están todas las ayudas otorgadas porque muchas administraciones siguen sin facilitar la información y sólo aparecen 40 diputaciones. La mayoría corresponde a las de régimen común más dos forales vascas y no constan los datos de los cabildos insulares canarios ni de los consejos insulares de Baleares.

Como sucede con las demás subvenciones públicas, se desconoce el criterio de las Administraciones a la hora de adjudicar el reparto. La lista la lideran las diputaciones de Jaén (28,2 millones) que preside el PSOE; de Cuenca (22,5 millones); Cádiz (21,5 millones); Toledo (20,8 millones); Albacete (19 millones); Ciudad Real (18,9 millones); Córdoba (16 millones); Almería (13,1 millones); Pontevedra (12,8 millones); Soria (11,4 millones) y de Palencia (10,6 millones).

Detrás, con subvenciones entre 5 y 10 millones aparecen: Málaga, Barcelona, Guadalajara, Sevilla, Ávila, Tarragona, Zamora, Badajoz (que tiene contratado al hermano del presidente del Gobierno mientras reside en Portugal), La Coruña, Segovia, Castellón, Granada, Salamanca, Huelva, Huesca, Cáceres y la diputación foral de Guipúzcoa. Por debajo de estas cifras se encuentran desde las diputaciones de León, de Valladolid, de Lérida, de Teruel a las de Valencia y Orense, entre otras. Las de Gerona y de Alicante son las que menos dinero reciben (entre 500.000 y 700.000 euros). 

Administraciones innecesarias

En particular las de régimen común, las diputaciones provinciales son las administraciones más controvertidas, disponen de un gasto importante y seguramente son las más innecesarias del sector público. Lo más curioso es que a sus representantes (hay más de un millar de diputados provinciales y presidentes con un sueldo medio entre 60.000 y más de 100.000 en algunos casos como en la de Barcelona) no los eligen los ciudadanos en proceso electoral alguno sino que son nombrados por los propios concejales y alcaldes de los partidos de cada provincia. Por tanto, no rinden cuentas de sus actividades ni de su gestión. Es decir, no gozan de legitimidad democrática.

Las actividades de las diputaciones están duplicadas o triplicadas con los servicios que se supone prestan las CCAA o los propios ayuntamientos. Su campo de actuación es exiguo y prácticamente se limita al reparto burocrático de ayudas públicas y de algunos servicios sociales o a realizar algunas obras como, por ejemplo, el mantenimiento de carreteras, la construcción de polideportivos o de centros para mayores. Su existencia, justificada históricamente en la prestación de apoyo a los pequeños municipios, no tiene sentido a medida de que las autonomías han aumentado el desarrollo de sus competencias.

En realidad, se dedican a repartir las subvenciones y ayudas que se les adjudica y poco más ya que sus inversiones sólo representan el 6% de un presupuesto abastecido con transferencias corrientes del Estado y de las autonomías que en 2024 se ha situado en casi 34.000 millones. De ellos, unos 10.000 corresponden a las diputaciones comunes, casi 3.800 millones a los cabildos y consejos insulares y más de 20.000 millones tienen asignada las diputaciones forales vascas, cuya diferencia sustancial es que tienen capacidad para obtener ingresos. 

Gasto en sueldos

Pero a lo que más se dedican las diputaciones es a pagar nóminas. Son las instituciones públicas que más gasto de personal tienen respecto a su presupuesto. Cuentan con un ejército de casi 67.000 empleados que consumen casi un tercio de su gasto. Hay casos extremos. Por ejemplo, la diputación de Albacete, presidida por el PSOE, gasta en salarios el 54% de su presupuesto; la de Segovia destina el 42%; la de Orense, el 41,3%; la de Tarragona, el 38%; la de Almería cerca del 35%; la de Cáceres, el 34,3%; la de Cádiz, el 33,5%; la de Valladolid, el 33,4%; y la de Salamanca alcanza el 33,2%.

Dos de cada tres de estas instituciones dedican más del 25% de su gasto a abonar salarios. En su conjunto, las diputaciones andaluzas destinan casi 900 millones a pagar a su personal; las catalanas emplean casi 550; la Comunidad Valenciana dedica cerca de 400; y, por ejemplo, Castilla y León consigna más de 350 millones  mientras que Castilla La Mancha se aproxima a los 270 millones.

Mientras, al gasto corriente en bienes y servicios, vinculado al desempeño de sus empleados (luz, agua, comunicaciones, tecnología, alquileres, material, dietas, compras o contrataciones de servicios), dedican casi otro tercio de sus presupuestos. Hay casos llamativos. Por ejemplo, Huelva destina casi el 45% de su presupuesto a este gasto mientras que Jaén llega a casi el 40%; el cabildo de Gran Canarias alcanza el 38% y se acerca al 38% el consejo insular de Mallorca.

Partidas improductivas

Por tanto, si se suman estos dos capítulos corrientes (nóminas y gasto en bienes), totalmente improductivos, sale que, por ejemplo, la diputación de Huelva agota hasta aquí el 72% de su presupuesto sin que tenga margen para actuaciones más importantes para el ciudadano. Por su parte, el consejo insular de Mallorca supera el 70% con estos dos capítulos; el cabildo de Lanzarote alcanza el 67,2%; la diputación de Albacete se sitúa en el 61,1%; la de Orense llega al 66% y algo similar sucede con las de Cuenca, Segovia, Almería. 

Todo esto significa que las diputaciones son prácticamente agencias de autoempleo. Así, si  a estas cifras sumamos las de las trasferencias corrientes (ayudas), que en muchos casos son nominativas y directas y que para su activación sólo hace falta darle a la tecla del ordenador, sale que a las diputaciones sólo les queda ese 6% de sus presupuestos para realizar inversiones (2.000 millones de los 34.000 del presupuesto global) generadoras de riqueza y actividad económica. Su reforma, ajuste o supresión siguen siendo otra de las eternas asignaturas pendientes de los partidos que han convertido a estas instituciones, que cuentan también con otra ingente cantidad de asesores, en el refugio laboral de sus altos cargos, familiares y simpatizantes.  

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