Economía

Cataluña y País Vasco pasan del 'Gran Hermano' de Marlaska: sin registro de viajeros dos meses después

La regulación se aprobó el pasado mes de diciembre. Las agencias españolas están obligadas a facilitar datos sensibles de viajeros, las extranjeras, no

  • Fernando Grande-Marlaska, en una imagen tomada en el Senado. -

A principios del pasado mes de diciembre y tras varias prórrogas entraba en vigor el nuevo registro de viajeros, una medida que obliga a las agencias de viaje y empresa de alquiler de vehículos sin conductor a facilitar datos sensibles de los turistas al Ministerio del Interior, como móvil, DNI o número de tarjeta de crédito.

Las patronales de estos colectivos trataron a toda costa de evitar que se aprobara el Real Decreto, pero tras dos años de lucha el Gobierno dio luz verde a la medida. El objetivo del registro según la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska no es otro que luchar contra el terrorismo y la delincuencia de una forma más eficaz. Sin embargo, las agencias de viajes de Cataluña y País Vasco de momento no están facilitando dato alguno porque no han creado las pertinentes plataformas para que las agencias los  introduzcan. Las plataformas del sector hostelería y alquiler de coches sí están en funcionamiento, según aseguran las patronales a Vozpópuli.

Las quejas de las agencias vienen derivadas de la dificultad en la operativa diaria para introducir esos datos, y también porque la anterior normativa no les obligaba a introducir estos datos, siendo incluidos en el nuevo Real Decreto por sorpresa, sin poder participar en la tramitación del mismo.

En su día Cataluña y País Vasco impusieron a Interior desarrollar las suyas propias, pero dos meses después no han sido aún desarrolladas

Tal y como recalcan las grandes patronales de las agencias de viaje (Fetave, UNAV y Acave), facilitar esta información es un problema para la rentabilidad de los negocios. "Una pyme no tiene capacidad para emplear más tiempo de su operativa en incorporar los datos a la plataforma que ha puesto en marcha Interior, por no hablar de que muchas empresas aseguran que da muchos fallos. Es un problema muy grande para la rentabilidad de estos negocios". Además, destacaban que es paradójico que el Real Decreto solo obligue a las empresas españolas a rellenar los formularios, pero no a las de otros países que operan aquí. Además, reclaman que en lugar de las agencias de viajes sea directamente el servicio contratado quien tenga que facilitar esta información, como puede ser el caso por ejemplo de los hoteles.

Cataluña y País Vasco no tienen aún su plataforma

La manera de introducir los datos se realiza a través de una plataforma -de la que desde estas patronales critican su funcionamiento- tecnológica específica que lleva los datos desde las agencias hasta el Ministerio del Interior. En su día Cataluña y País Vasco impusieron a Interior desarrollar las suyas propias al margen de la solución estatal, pero dos meses después no han sido aún desarrolladas.

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha alertado de que el nuevo registro de viajeros afectará a la campaña del próximo verano

Fuentes consultadas por este diario explican que son dos las posibilidades que han llevado a esta situación, por un lado la falta de músculo tecnológico para desarrollarlas así como las dificultades para ejecutarolo, y por el otro una falta de colaboración deliberada para facilitar los datos a la cartera dirigida por Marlaska, que hace que la creación de la solución se retrase más de lo normal.

Afectará a la campaña veraniega

Por otra parte, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, alertaba hace unos días de que el nuevo registro de viajeros afectará a la campaña del próximo verano. "Los turoperadores ya han presentado quejas y crea un grave perjuicio", ha indicado.

"Es una ley que solo se aplica en España y que afecta mucho a la competitividad de todas las agencias de viajes", ha criticado, además de volver pedir la exclusión del sector de las agencias de la normativa. El presidente de CEAV ha explicado que tienen a todos sus equipos jurídicos "trabajando" y que han presentado alegaciones a la orden ministerial. Si no se consigue la retirada, acudirán a la justicia.

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