Economía

El proveedor de confianza de Ábalos logra otro contrato de mascarillas de 4,7 millones

Soluciones de Gestión, empresa que ha recibido contratos durante el estado de alarma de Transportes por 36,5 millones, también ha sido elegido por el Gobierno canario para un nuevo suministro

Material sanitario
Material sanitario EFE / Quique Curbelo

El Ministerio de Transportes recurrió durante el estado de alarma a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas para comprar 13 millones de mascarillas por valor de 36,5 millones de euros. Dos contratos que ejecutó a través de Adif y Puertos del Estado, yque después de cuatro meses poco se sabe de ellos. Al misterio se le añade que este proveedor es una pyme con sede en Zaragoza, en números rojos, cuya principal experiencia es la ejecución de proyectos en Angola y que no publica en su web ningún proyecto desde 2017.

Y no sólo es el proveedor de confianza del ministro José Luis Ábalos; tanto el Ministerio del Interior como el Gobierno de Baleares recurrieron a ellos para adquirir mascarillas. El último en llamar a Soluciones de Gestión ha sido Canarias. El Gobierno que lidera Ángel Víctor Torres registró el pasado 14 de agosto en el Portal de Contratación del Sector Público la compra por valor de 4,7 millones de euros de mascarillas FFP2 con este proveedor. 

El número de mascarillas total se desconoce, ya que no se registra en la adjudicación. Tampoco han dado este dato desde la Consejería de Sanidad de Canarias ni el propio proveedor tras la consulta realizada por Vozpópuli. Al igual que los cuatro contratos anteriores de Soluciones de Gestión, esta adjudicación se realiza sin concurso público y por elección unilateral de la Administración, como dispone el artículo 120 de la Ley de Contratación Pública.  

El anuncio es reciente, pero este contrato está cerrado y el material ya ha llegado. El acuerdo se formalizó el pasado 22 de abril y el suministro del último cargamento llegó antes del 8 de junio. Este medio ha intentado conocer si la elección del proveedor ha sido una recomendación del Gobierno central al socialista Ángel Víctor Torres para su compra de 4,7 millones de euros y cuál han sido los argumentos que le llevaron a esta compra. Pero desde el Gobierno canario no se ha contestado a estas cuestiones.

50 millones de euros en contratos

Según los datos del Registro Mercantil, el proveedor tiene cinco trabajadores. Con ellos ha logrado tres contratos del Gobierno para la compra de material sanitario valorados en 40,5 millones de euros. Dos de ellos para el Ministerio de Transportes y otro para Interior por recomendación del equipo de José Luis Ábalos. Sumados a los logrados con Baleares y Canarias, rondan los 47 millones de euros. Un aumento de su actividad que contrasta con los 100.000 euros de facturación que presenta en sus últimas cuentas 2017, la últimas presentadas en el Registro, y unos números rojos de 1,1 millones de euros. 

Desde la empresa explicaron a este medio en pasadas publicaciones que "ha tenido actividad desde 2017, lo que no ha tenido son ingresos de grandes proyectos desde el año 2018. En el año 2017 se finalizó un proyecto internacional y se facturaron unos cinco millones de euros. Aparte ha mantenido a la empresa estable mientras presentaba ofertas a proyectos internacionales".

Además, aseguran que su expertise en el sector sanitario llega porque "ha equipado decenas de centros de salud y laboratorios de análisis clínico a lo largo de su trayectoria, y en sus UTEs reformó y equipó un hospital". Entre sus actividades recientes destaca la que ha desempeñado en África. La sociedad constituyó una Unión Temporal de Empresas con la también española Cueto Comercial 92, a la que bautizaron con el nombre de Boavista II, para desarrollar una central térmica flotante en Angola.

El nombre de Cueto Comercial 92 es de sobra conocido por las autoridades españolas. En mayo de 2019, la Audiencia Nacional abrió un juicio oral para esclarecer el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para Angola. Según el juez José de la Mata, hay indicios para sospechar de que esta sociedad y la pública Defex tenían un entramado destinado a “conseguir contratos públicos para la empresa pública Defex mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños”.

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