España

Ábalos obligó a Interior a comprar mascarillas al empresario vinculado a los 'Papeles de Panamá'

Los dos ministerios llegaron a un acuerdo para la cesión de un millón de mascarillas a la Secretaría de Estado de Seguridad siempre que esta adquiriese un lote idéntico a una sociedad radicada en Zaragoza y administrada por un empresario acusado de tener sociedades 'offshore' en Malta

Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados
Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados EFE

El contrato que Interior adjudicó a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., cuyo administrador está vinculado a los Papeles de Panamá, se hizo a petición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Según fuentes próximas a la licitación, el departamento de José Luis Ábalos cedió un millón de mascarillas al de Marlaska en los primeros compases de la crisis con la condición de que Interior le devolviese el stock en el futuro, pero siempre que lo adquiriese a la misma sociedad.

Como contó Vozpópuli, el Ministerio del Interior publicó este jueves en la Plataforma de Contrataciones la formalización de un contrato para la compra de 1.065.000 mascarillas con nivel de protección FFP2 o KN95 con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. La sociedad, con sede principal en Zaragoza, está administrada por Purdey Investment S.L. Tras ella se encuentra José Ángel Escorial Senante, un empresario que figura en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que investigó los Papeles de Panamá, supuestamente por tener empresas offshore en Malta.

De hecho, es el propio José Ángel Escorial Senante el que rubrica el contrato con la Secretaría de Estado de Seguridad -que forma parte del Ministerio del Interior- para la venta del material sanitario por un valor total de 3.479.355 euros. ¿Cómo llegó el Ministerio del Interior hasta esta empresa? Según fuentes del departamento, siguieron las instrucciones del Ministerio de Transportes: era el proveedor que había proporcionado material sanitario a ADIF y Puertos del Estado.

Apuntan a un acuerdo previo entre los dos departamentos. En los primeros compases de la crisis, cuando el mercado internacional era más convulso y era difícil adquirir material sanitario, Transportes se ofreció a prestarles un millón de mascarillas que había comprado a través de uno de sus proveedores. El préstamo estaba condicionado a que Interior comprase un lote idéntico a la misma empresa cuando tuviera cubiertas sus necesidades y que lo entregase al ministerio de José Luis Ábalos, siempre siguiendo las mismas fuentes.

Esa empresa es Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. El contrato con la Secretaría de Estado de Seguridad entró en vigor el 1 de abril, aunque el acuerdo de adjudicación no se rubricó hasta el día 20 de ese mismo mes. Fuentes oficiales consultadas por este diario aseguran que el estado de alarma permite suscribir la compra de material por medios informales y redactarlos posteriormente en un contrato. La formalización no se ha hecho pública hasta este jueves, 21 de mayo. Con este lote, Interior devolvería a Transportes las mascarillas que le habían prestado al inicio de la crisis.

Las cuentas de la empresa

La empresa adjudicataria tiene su sede principal en Zaragoza y no publica en su web ningún proyecto desde 2017. La sociedad afirma que no ha tenido ingresos por “grandes proyectos” desde entonces -aseguran que en ese año facturaron 5 millones de euros por un trabajo internacional-, pero que han mantenido a la compañía estable para presentarse a otros proyectos.

Tiene cinco empleados en plantilla y su último ejercicio presentado al Registro Mercantil ha registrado números rojos. Durante esta crisis, no obstante, suma dos contratos con ADIF y Puertos del Estado -ambos dependientes de Transportes- por un valor conjunto que ronda los 30 millones de euros.

Entre sus actividades más recientes figuran diversas actividades en Angola, integrada en una UTE junto a Cueto Comercial 92. La Audiencia Nacional investiga a esta última por sus supuestas implicaciones con la pública española Defex de venta de armas para “conseguir contratos públicos” mediante “el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños”.

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