El Gobierno destina 2.800 millones a las autonomías para parar el COVID-19

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno liberará 2.800 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan "reforzar sus servicios sanitarios" y 1.000 millones de euros más con cargo a los Presupuestos que se utilizarán para afrontar "intervenciones sanitarias prioritarias" en zonas señaladas por el Ministerio de Sanidad. 

La entrega a las autonomías se hará como un "adelanto de los anticipos a cuenta previstos e nuestro sistema de financiación autonómica", ha explicado Sánchez en una rueda de prensa sin periodistas que se ha celebrado en Moncloa después de la reunión del Consejo de Ministros extraordinario, en el que no ha participado la ministra de Igualdad, Irene Montero, contagiada con COVID-19, ni tampoco su pareja, Pablo Iglesias, vicepresidente del Ejecutivo. Otros cuatro ministros también se han ausentado de la reunión. 

El Ejecutivo ha aprobado también una norma para que el Gobierno pueda regular los precios de los medicamentos y el material sanitario esencial fijando precios máximos.

Para proteger el empleo y las pymes y trabajadores autónomos, Sánchez ha anunciado el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias con la Administración por un plazo de 6 meses sin intereses, lo que supone que empresas y autónomos contarán con unos 14.000 millones de euros de liquidez en conjunto. También ha aprobado el aplazamiento de reembolso de préstamos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a las empresas industriales.

400 millones para turismo y hostelería

Sánchez ha anunciado también la inyección de 400 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas del sector turístico, transporte y hostelería. 

Además, a los trabajadores fijos discontinuos les amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para que cubran los meses de febrero a junio de 2020, y se flexibilizan los slots para las aerolíneas.

Para las familias, el Gobierno hará una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para las CCAA en la lucha contra la pobreza infantil, flexibilizar becas de comedor para que puedan hacerlas efectivas incluso con los colegios cerrados. También flexibilizará la normativa de educación para que las autoridades educativas puedan combinar actividades no presenciales adecuadas.