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Argentina retira licencias a YPF que suponen el 3,8% de su producción en el país

Los gobernadores argentinos de Santa Cruz, Daniel Peralta (izda), y de la provincia de Chubut Martín Buzzi (dcha), en el mitin donde informaron de la anulación de las concesiones a YPF

Las regiones de Chubut y Santa Cruz han anunciado la retirada de concesiones a YPF, petrolera filial de la española Repsol. Lo hicieron en la tarde del miércoles y el anuncio se hizo en el transcurso de un mitin político por parte del gobernador de Chubut, Martín Buzzi. Se cancelarán las concesiones de explotación y las autoridades argentinas argumentan que YPF no invierte lo suficiente en las regiones en que opera, según informaciones recogidas por la Agencia EFE. La petrolera estima que puede perder el 3,8% de su producción en Argentina tras la retirada de licencias para la explotación de cuatro áreas petroleras en el sur del país, según datos de la compañía. Se trata de las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido, en la provincia de Chubut, y de Los Monos y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, en Santa Cruz.

Estos datos no coinciden con los que maneja la Secretaría de Energía argentina, para quien la pérdida de licencias en la provincia de Chubut -la mayor productora de petróleo del país- afectaría al 6,9% de la producción petróleo de la compañía en Argentina. Según estimaciones de la Secretaría de Energía, YPF produjo el año pasado en Argentina 11,2 millones de metros cúbicos de petróleo, un 7,2 por ciento menos que en 2010. En Chubut, su producción total de crudo registró un incremento interanual del 4,2%, hasta alcanzar 1,8 millones de metros cúbicos.

Medidas legales

YPF ha anunciado que emprenderá "las medidas legales oportunas" contra la provincia de Chubut "para garantizar la defensa de sus derechos y para exigir -en su caso- responsabilidades públicas". La filial de Repsol ha emitido un comunicado donde explica que, en contra de lo argumentado por Chubut, ha cumplido las pautas de inversión establecidas en el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos para las áreas afectadas --El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido--, "ya que ha realizado las inversiones necesarias para una explotación racional y adecuada de los yacimientos".En concreto, apunta que en Chubut "se evidencia un crecimiento ininterrumpido de inversiones desde el año 2009, que asciende a 350 millones de dólares (268,7 millones de euros) en 2011, lo que representa un incremento del 236 por ciento en ese periodo". La compañía denuncia un trato discriminatorio del gobierno de Chubut porque, de las 37 concesiones otorgadas a distintas operadoras en la provincia, sólo ocho han tenido inversiones significativas, por encima de los 10 millones de dólares, entre ellas Manantiales Behr y las dos áreas en conflicto.

La petrolera señala que "en las reservas probadas en yacimientos explotados por YPF, se observan excelentes resultados". Así, "en su última emisión de reservas en Chubut, se mostró un incremento del 18% respecto al año anterior y del 24 por ciento en el período 2007-2011", mientras que "los pozos terminados en 2011 se incrementaron un 14% respecto al año anterior y un 83% en relación con 2007". Sin embargo, YPF denuncia que "no están dadas las condiciones de seguridad jurídica en la provincia que permitan a la empresa y a sus socios el normal desarrollo de sus actividades, según lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y en la Constitución Nacional".

Más cancelaciones

El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, también ha anunciado la cancelación de las concesiones de explotación de determinadas áreas, aunque no ha especificado cuáles. Por ello, YPF aún no se ha pronunciado sobre esta provincia.Este movimiento se produce después de que Chubut y Santa Cruz recriminaran a YPF el incumplimiento de los acuerdos de inversión y producción, algo que la petrolera ha negado en un descargo que ha presentado "en tiempo y forma" a las provincias, en lugar del nuevo plan que sus gobernadores exigían. El Gobierno de Argentina culpa a YPF de no haber hecho las inversiones suficientes para evitar el fuerte declive de la producción nacional de hidrocarburos que ha obligado al Estado a realizar millonarias importaciones de energía.

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