El exministro Rafael Catalá toma las riendas jurídicas de Codere tras la salida de los tres últimos responsables

El exministro de Justicia Rafael Catalá ha tomado las riendas del servicio jurídico de Codere tras la salida de los tres últimos responsables del área del grupo y el aumento de la litigiosidad, con la batalla accionarial que libran los fondos que controlan la mayoría del capital y la familia fundadora, los Martínez Sampedro.

Catalá, que ya fue secretario del consejo de la compañía entre 2005 y 2011, fue fichado por la multinacional española de juego a mediados del pasado año, como asesor institucional. El exministro con Mariano Rajoy abandonó su puesto como diputado del PP por Cuenca en mayo de 2019.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, en el último año Catalá ha estado asesorando al grupo de juego en materia normativa, y ha participado en el plan de responsabilidad social corporativa, pero desde el pasado mes de mayo ha pasado a coordinar el área jurídica de la compañía. 

Codere aprobó en julio destinar 18 millones de euros a la cobertura legal de sus consejeros

En los dos últimos años, Codere ha perdido a los tres profesionales que se han hecho cargo de la división de asuntos jurídicos. La salida de los responsables del área jurídica de Codere ha coincidido con el periodo en el que los fondos que controlan la mayoría del capital de la empresa, liderados por la sociedad estadounidense Silverpoint, tomaran los mandos del grupo, tras desalojar de sus cargos a los anteriores presidente y vicepresidente, los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro, en enero de 2018.

En marzo de 2018 abandonó la compañía David Jiménez, anterior jefe del área jurídica y que llevaba en el puesto más de cinco años. Le sustituyó Sagrario Fernández, quien decidió abandonar la compañía en septiembre de 2019 y fichar por la cadena de supermercados Dia. Codere incorporó entonces a Sebastián Cuenca, quien solo estuvo en el cargo seis meses y que dejó la empresa el pasado mes de marzo, pocos meses después de que esta informara sobre determinadas inconsistencias contables detectadas.

Los Martínez Sampedro sostienen que los fondos que tienen la mayoría del capital actúan de forma concertada y deberían lanzar una OPA

Los Martínez Sampedro sostienen que los fondos estadounidenses que conjuntamente controlan más del 40% del capital de Codere, actúan de forma concertada, por lo que deberían haber lanzado una OPA sobre el 100%, al superar el umbral del 30% contemplado por la normativa.

Para tratar de hacer valer sus tesis, la familia fundadora de la única compañía de juego española cotizada ha iniciado procedimientos arbitrales y judiciales en España y en Estados Unidos, y ha reclamado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que investigue el caso, sin que, hasta ahora, el regulador del mercado español se haya pronunciado.

Gasto millonario en abogados

En los últimos dos años Codere y los fondos estadounidenses con la mayoría del capital han incurrido en gastos millonarios en la contratación de despachos de abogados internacionales como Boies Schiller Flexner, Jones Day, Latham Watkins, Linklaters o FTI Consulting. 

Solo en 2018 los gastos de explotación de Codere alcanzaron los 10,5 millones de euros, 7,6 millones más que en 2017, debido "fundamentalmente al aumento de los gastos derivados del asesoramiento jurídico asociado a los procesos de impugnación de acuerdos sociales y arbitraje principalmente", según el informe financiero anual de ese año.

Codere ofreció blindaje jurídico a sus tres principales directivos días antes de anunciar que había detectado inconsistencias contables

El pasado mes de septiembre Codere otorgó blindaje jurídico a sus dos principales directivos -el director general Vicente Di Loreto y el director financiero Ángel Corzo- y a Lucia Sumalo, vicesecretaria del consejo, dos semanas antes de anunciar que había detectado un agujero de hasta 20 millones de euros en sus cuentas del primer semestre del año.

La Junta de accionistas de Codere celebrada en julio aprobó elevar de dos a 20 millones de euros la remuneración máxima del principal órgano de gobierno de la sociedad. Los 18 millones extra tienen como objetivo dar cobertura jurídica de responsabilidad a los consejeros.