Publicado: 02/03/2018 05:15
Bien es sabido que las empresas y Podemos no cazan bien. Según el informe Women in Business: ¿Cumplir o liderar?, realizado por Grant Thornton, más de la mitad de los empresarios españoles rechazan las auditorias de brecha salarial y el 80% tampoco se muestra a favor de las cuotas obligatorias entre hombres y mujeres.
A los empresarios no les resultan agradables las medidas que supongan rendir cuentas de sus avances en materia de igualdad, detalla el informe. De hecho, se trata de una práctica muy poco habitual en las empresas.
El estudio expone que sólo el 10% de las compañías en España establecen cuotas para lograr el equilibrio en la diversidad de género. Además, las que lo realizan, "lo hacen para atraer y mantener a sus profesionales y para cumplir con sus valores corporativos básicos".
Asimismo, el 70% de los empresarios en España consideran que "no existen barreras que limiten la implementación de políticas de igualdad".
En este sentido, Mar García Ramos, socia de automoción y movilidad de Grant Thornton, considera esta cifra preocupante porque indica que los directivos españoles podrían estar opinando desde el desconocimiento y con una "cierta falta de sensibilidad, al no haber tenido que enfrentarse a ningún obstáculo".
"Muchos de nuestros directivos no son plenamente conscientes de las barreras invisibles y de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional", detalla la ejecutiva.
Por otra parte, los directivos consultados caen en una contradicción debido a que quieren más legislación, pero no la que se ofrece. En el caso de la propuesta de Podemos, de hacer públicas lo que cobran hombres y mujeres, solo el 16% de los entrevistados consideran que es una buena idea.
Según un informe publicado por Commonwealth en 2015 y que recoge Grant Thornton, apunta a que "los cambios legislativos, sobre todo cuando se ver reforzados con la aplicación de sanciones, consiguen resultados".
Varios directivos consultados exponen en el informe que la intervención de los gobiernos se puede considerar una interferencia si no existe un verdadero entendimiento y los responsables empresariales a menudo perciben que las políticas añaden una mayor carga administrativa que agrava las dificultades a la hora de operar.
El informe también alerta de que hay preocupación por el hecho de que las empresas encuentren fórmulas para sortear la legislación. Algunos estudios indican que existen empresas que han optado por reducir el número de miembros en sus consejos de administración, han contratado a mujeres como consejeras adicionales o han destituido a consejeros varones a fin de alcanzar unas cuotas establecidas o mejorar sus resultado en materia de diversidad.
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