Publicado: 25/09/2018 05:15
El conflicto ya no ocupa la primera línea de las portadas. Pero eso no quiere decir que ya se haya solucionado. El castigo arancelario de Donald Trump a la aceituna negra española está cerca de cumplir un año desde que impuso sus medidas provisionales y tres meses desde que estos impuestos son definitivos. Los síntomas del sector no dejan de agravarse, tras esto golpe de su mayor cliente.
"Las exportaciones de aceitunas negras de España a EEUU han descendido un 36%", confirma Antonio de Mora, secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa). Unas cifras que corresponden al periodo entre enero y julio con los aranceles provisionales del 21,60%. Desde el 10 de julio, el castigo a la entrada de este producto en Estados Unidos se eleva hasta el 35% y, como matizan desde la asociación, "todavía no existen cifras que muestren el impacto de este arancel".
Mora reconoce que algunas empresas del sector están intentando aumentar ventas en otros mercados de aceitunas negras como Rusia, la Unión Europea o países del Golfo Pérsico, pero a corto y medio plazo es imposible compensar la pérdida de EEUU. "Algunas empresas han comunicado que han tenido que realizar ajustes de platilla, pero no disponemos de información concreta", indica el secretario general de Asemesa.
El sector abre los brazos a cualquier ayuda que pueda compensar la pérdida del mercado de EEUU cuyo alcance se verá en los próximos meses. Además, Asemesa añade el enorme coste de la defensa asumida. "Nuestra prioridad es que la Unión Europea lleve el caso a la Organización Mundial de Comercio", reclaman desde la asociación.
Nuestra prioridad es que la Unión Europea lleve el caso a la Organización Mundial de Comercio"
Un esfuerzo que también solicitan al Gobierno español. Los representantes del sector aceitunero español no ceden en sus gestiones ante la administraciones e instituciones españolas para conseguir que la UE defienda al sector y a la Política Agraria Común (PAC) que "esta amenazada" con estos aranceles. "Mantenemos reuniones periódicas y contacto permanente con la Consejería de Agricultura, Ministerios de Agricultura y de Industria, Comercio y Turismo y Comisión de la UE", indica Antonio de Mora.
Esperanza en 2019
La pasada semana la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, mantenía una serie de encuentro con Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos. El propio Ross llegó a señalar tras este encuentro que, en declaraciones que recoge la agencia EFE, que en 2019 la Administración de Trump "podría revaluar la situación" de la aceituna negra española.
En este sentido, la asociación confirma que está trabajando en la preparación de "las solicitudes de revisión administrativa de los aranceles antidumping y antisubvención que no pueden presentarse hasta agosto de 2019. Antes de esa fecha se decidirá si se presentan o no", informan.
Un año de agonía
El conflicto arrancó en 2017. Las firmas californianas Bell-Carter Food y Musco Family Olive Company denunciaron a los exportadores de aceituna negra española por competencia desleal. Según alegaban, las subvenciones europeas que recibe el producto hace que se venda por debajo de su precio de mercado, lo que supone que sus olivas sean menos competitivas.
Y Trump les compró el mensaje. En noviembre, Estados Unidos sancionó con aranceles a tres de las principales compañías españolas: un 2,31% para Aceitunas Guadalquivir, un 2,47% para Agro Sevilla y un 7,24% para Ángel Camacho Alimentación. En enero de 2018, el Departamento de Comercio de EEUU estableció de manera provisional un nuevo arancel que elevaba de media hasta el 17,13%, a los tres grandes productores españoles de aceitunas negras. Desde julio, el arancel es del 35%.
Un duro golpe para la aceituna española, teniendo en cuenta su dependencia del país. En 2017 su principal mercado fue Estados Unidos con un 23,7% de las exportaciones, seguido de Italia, Francia y Alemania. El muro impositivo pone en riesgo un sector que, según las estimaciones, emplea en España 8.000 puestos de trabajos directos.
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