Los Pujol pasan al ataque en Andorra, cuyo Tribunal de Cortes está presidido por el antiguo juez del caso Palau

La familia Pujol, es decir, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, está estudiando demandar en Andorra a los bancos en los que tenían su dinero por la filtración de información sobre sus cuentas. Dicha información ha sido básica para las investigaciones de la Udef, que están lejos de haber concluido pero que ya han permitido aflorar un enorme entramado de cuentas y operaciones en distintos países, casi todos paraísos fiscales, que hacen sospechar que hay una enorme cantidad de capital evadido con conexiones de muy distinta índole. En Andorra, el presidente del Tribunal de Corts es Josep María Pijoan, juez instructor del Caso Palau durante muchos años.

Pijoan fue nombrado magistrado y presidente del Tribunal de Corts (Tribunal de Cortes) a principios de este año. A su vez, se ha jubilado en España. Este magistrado ha sufrido continuas críticas por su instrucción sobre el Caso Palau, ya que en algunos sectores se denunciaba excesiva parsimonia, cómoda para las filas convergentes, aunque llegó a imponer una dura fianza a CDC. Algunos medios, como La Gaceta de los Negocios, llegaron a denunciar que Pijoan recibía subvenciones de la Generalitat, a través de distintas asociaciones a las que pertenecía.

El Tribunal de Corts es competente para juzgar delitos mayores. Está por encima de la Batllia (jurisdicción de primera instancia) y por debajo del Tribunal Superior de Justicia, la más alta institución, ante las que se pueden recurrir los fallos del Tribunal de Corts.

Los Pujol han sorprendido con su estrategia de pasar al ataque, intentando localizar al ‘chivato’ andorrano (hay varias teorías al respecto) y si este no apareciera, se personarían contra los dos bancos, el Banco Privat D´Andorra y Andbank.

Mensaje de presión

De momento, todo esto ha sido una filtración y hay un viejo dicho que señala que las demandas no se anuncian; se presentan. Pero fuentes políticas apuntan que con ello los Pujol han lanzado un mensaje de presión a algunos bancos ante nuevos requerimientos de información.

En Andorra, la revelación del secreto bancario es delito y sólo se facilitan datos a través de comisiones rogatorias y con mandato judicial por medio. ¿Es posible que la demanda busque algún tipo de medida cautelar ante futuros requerimientos?

Es cierto que las rogatorias están cursadas desde hace tiempo, aunque quién sabe si podría aparecer algún tipo de sentencia, por encima de los acuerdos bilaterales, que bloquee la información. Las fuentes políticas que han llamado la atención sobre esto apuntan que “ya no se trata de proteger a la familia Pujol; básicamente a los hijos, sino a todo el entramado cercano a CiU o al ex president que pueda tener también cuentas en Andorra”.

El Palau y Banca Catalana

De hecho, a finales del pasado mes, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, denunciaba la conexión entre los casos Palau y Banca Catalana. La instrucción del Caso Palau está cerrada, aunque falta mucho para que haya sentencia. En Barcelona siempre se ha dicho que en dicho caso estaban implicadas personalidades de la burguesía catalana muy afines a las élites convergentes. Conviene recordar que el dinero reconocido en Andorra por Pujol procedía de Suiza, y que el propio Rivera señalaba con claridad meridiana: “queremos saber si en las cuentas de los Pujol en Suiza están los 30 millones detraídos del caso Palau”.

No en vano, en los foros políticos no nacionalistas, la coartada de la herencia no es creída y lo mismo opinan tanto la Udef como la Agencia Tributaria, por no hablar de la hermana del propio ex presidente, María Pujol i Soley, que jamás recibió un duro en concepto de herencia por parte de Florenci Pujol. Los dineros de Suiza y Andorra apuntan a tener su origen en la corrupción política, afirmaban las fuentes policiales, tal como informó Vozpópuli.

Un ovillo enorme al que desde algunos frentes se intentará poner todos los obstáculos para que se desenrede. Atentos, en primer lugar, a la anunciada demanda, en segundo lugar, a la instancia que llega y en tercero, a algún tipo de medida que obstaculice a la Justicia española.