Economía

Bruselas creará una autoridad fiscal europea para evitar líos como el de Moscovici

La Comisión se ha mostrado poco eficiente en asegurarse de que el control presupuestario funciona de verdad. Se busca la creación de una Autoridad Fiscal que emita una opinión técnica e independiente al margen del Ejecutivo comunitario.

Pierre Moscovici y Luis de Guindos.
Pierre Moscovici y Luis de Guindos. EFE

Allá donde se pregunte en Bruselas a cuento de los Presupuestos españoles, el lío de la Comisión corrigiendo a Moscovici causa rubor. Hay que mejorar el método para asegurarse de que el control presupuestario funciona de verdad, explican. Y eso incluye la creación de una Autoridad Fiscal que emita una opinión técnica e independiente, al margen del Ejecutivo comunitario. Precisamente eso forzaría a la Comisión a atenerse a un criterio puramente técnico. Una vez conocido el diagnóstico de los sabios, se antoja mucho más difícil que se edulcoren las opiniones y recomendaciones sobre los Estados miembros. Nada de dar marcha atrás como ha ocurrido cuando Moncloa se quejó directamente a Juncker.  

Esta propuesta se enmarca dentro del proyecto para avanzar en la integración europea presentado ayer por el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis. La recuperación europea se antoja todavía demasiado tentativa, demasiado lastrada por el exceso de endeudamiento público y privado. De modo que hay que seguir corrigiendo todos los fallos detectados basándose en el informe de los cinco presidentes, el cual incluso pide una suerte de Tesoro único europeo que pueda servir de instrumento estabilizador en tiempos de crisis. Sin embargo, aún hace falta, por un lado, reunir la voluntad política necesaria. Y, por otro, cambiar los tratados, lo que además exige un extenso periodo de debate, tanto entre los jefes de gobierno como en la opinión pública. Por eso, la parte mollar del presupuesto único se dejará para después de 2017.

El informe pide incluso una suerte de Tesoro único europeo que pueda servir de instrumento estabilizador en tiempos de crisis

No obstante, de aquí a 2017 se quiere implementar una serie de reformas de las instituciones que no precisan un cambio de los tratados. Una de ellas es la creación de la Autoridad Fiscal. Y otra es el establecimiento de las Autoridades de la Competitividad, unos organismos que deberían encargarse de vigilar la marcha de los salarios, la productividad y la innovación. De ordinario, la devaluación de la moneda compensa las pérdidas de competitividad. Sin embargo, una vez se está dentro de una unión monetaria, no hay forma de evitar que se acumulen los desequilibrios salvo si las ganancias de sueldo están ligadas a la productividad y son menores que las que ocurren en los países socios. En el caso de la negociación colectiva entre sindicatos y patronal, esta Autoridad de la Competitividad debería alertar sobre si los salarios suben por encima de lo que lo hacen en otras economías de la zona euro. Ante la perspectiva de una carrera a la baja con los salarios, el debate sobre cómo incrementar la productividad por fin debería tomar un papel más relevante.

La Comisión también propone que la eurozona tenga una representación única ante las instituciones internacionales empezando por el FMI. Se trate del foro que se trate, la queja habitual, en especial de los asiáticos, se resume en que países como Alemania, Francia o Italia están sobrerrepresentados. Tarde o temprano, los países emergentes van a exigir a estas naciones que sólo tengan los asientos que les corresponden según su tamaño. En este respecto, la presidencia de China del G20 del año que viene podría ser un momento decisivo. Así que la Comisión quiere adelantarse y perder menos poder presentándose como un solo bloque mucho más grande. La iniciativa se enfrenta a los habituales problemas de coordinación que existen entre los países europeos. Pero la alternativa sería la inexorable pérdida de peso sobre el tablero internacional.

De acuerdo con la ruta trazada por la Comisión, la representación única en el Fondo se implementaría poco a poco, quizás incluso manteniendo los asientos de Berlín o París. Tal y como lo esboza el Ejecutivo comunitario, al final del proceso el puesto en las reuniones del FMI lo ocuparía quienquiera que fuese el presidente del Eurogrupo. 

Y otro paso fundamental estriba en la mejora del proceso conocido como el Semestre Europeo, el nombre por el cual se conocen los mecanismos establecidos para evaluar e imponer las reformas a los socios europeos. Básicamente, se pretende que haya una discusión previa sobre cuál deberían ser las cifras agregadas de la economía europea. Y a partir de ahí se elaborarían las recomendaciones, por ejemplo poniendo más énfasis en que los países con la capacidad suficiente consuman e inviertan más. La Comisión pone a menudo el foco en que los propios germanos ganarían mucho de un incremento de la inversión y el consumo interno. Además, Juncker busca que el Semestre Europeo adquiera también un cierto toque más humano al evaluar el impacto sobre la sociedad de las políticas adoptadas. 

En el marco del Eurogrupo, la Comisión desea que se desarrollen ejercicios en los que los países con los mejores registros económicos expongan con detalle a los demás qué políticas funcionaron y qué políticas no. A juicio de las autoridades europeas, esas discusiones pueden servir para animar y empujar al resto a adoptar las mimas medidas, reforzando la convergencia en las mejores prácticas. 

El fondo de garantía de depósitos

Con el fin de ganar transparencia y legitimidad democrática, el Ejecutivo europeo aspira a involucrar en el Semestre Europeo a los Parlamentos nacionales y los agentes sociales. La Comisión Juncker tiene la intención de hacerlos partícipes de los planes de reformas y de fomentar más el diálogo. De ponerse en marcha estas iniciativas, los comisarios europeos comparecerían y se explicarían ante las Cámaras nacionales.

Por último, la pieza restante del puzzle se halla en el fondo de garantía de depósitos europeo, cuyo desarrollo se está enfrentando a las resistencias de Estados como Alemania, que considera que la unión bancaria encierra el riesgo de una enorme transferencia fiscal a costa de su bolsillo. Para atajar las dudas alemanas sobre el riesgo moral, el vocabulario de la Comisión se centra en la reducción de riesgos. Hay que contar con instrumentos macroprudenciales para poder limitar el crédito. Se debe controlar la exposición a los soberanos y examinar antes cuál es el verdadero estado de las cuentas de las entidades. De ahí la extrema importancia del Procedimiento de Desequilibrios Económicos, diseñado para detectar las burbujas y prevenirlas. 

El fondo de garantía de depósitos europeo se está enfrentando a las resistencias de Estados como Alemania

En el transcurso de la crisis soberana, bancos y Estados se arrastraron mutuamente hacia el borde de la insolvencia. De modo que ahora la Comisión trata de reducir ese vínculo. Ya se ha aprobado la supervisión única del BCE y el sistema de resolución único, si bien este último deja mucho margen a los países miembros para destinar recursos nacionales a la recapitalización de su banca y, por lo tanto, abre la puerta a que este régimen no sea verdaderamente igual para todos. Hasta el punto de que los países con más músculo siempre tendrán una banca que ofrezca más garantía porque sus Estados ofrecen más garantías

Así las cosas, la casa sigue sin barrerse y falta un fondo de garantía paneuropeo que proteja al depositante sin importar en qué lugar viva de la zona euro. Algunos países ya ha comenzado a rellenar sus respectivos fondos de garantía, pero otros no. Y no se sabe de dónde se van a obtener los dineros con los que respaldar esa garantía de ámbito europeo. En principio, los bancos tendrían que contribuir a ese esquema como si fuese un seguro. Pero eso está por ver cómo se concreta. Desde luego, parece que la pelea está servida. 



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