Publicado: 15/09/2015 04:00
Las Comunidades Autónomas que quieran dar un préstamo o un aval a una empresa, por ejemplo para realizar un gran proyecto de infraestructuras, tendrán que pedir permiso antes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este martes se ha dado luz verde a la norma que les obliga a recibir la aprobación del Gobierno central.
La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local ha dictado la llamada “Resolución de prudencia financiera”, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado. En esencia establece dos límites. El primero es global: la cantidad total de avales al finalizar el año no puede sobrepasar el 1.5% del PIB de la CCCAA. Así, por ejemplo, Cataluña tendrá un límite de avales de unos 3.000 millones de euros anuales, ya que su PIB es de 200.000 millones. El límite será muy similar para Madrid.
Hay otro techo, esta vez sobre las operaciones de crédito o aval individuales: Todas las que superen los 25 millones de euros, o el 0.1% del PIB regional, tendrán que recibir el visto bueno del Gobierno.
¿Y qué criterios tendrá en cuenta el Consejo de Ministros, el organismo que de facto tendrá la potestad de decisión? Para empezar, cuál es el grado de cumplimiento de las reglas fiscales en cuestión. Además, el riesgo del “producto” financiero en sí.
Y estos pueden ser muchos y muy variados: Se aplica a préstamos directos, adquisición de títulos de deuda, acciones y participaciones de las empresas en cuestión, instrumentos de capital o de patrimonio neto de otras entidades o valores representativos de deuda cuyo titular sea una comunidad autónoma y cuya contrapartida sea un pasivo o cuenta de patrimonio neto de personas físicas o jurídicas
Cataluña tendrá un límite de avales de unos 3.000 millones de euros anuales
“Se trata de evitar que comunidades que, a día de hoy, cumplen con objetivos de déficit, asuman riesgos que afecten dentro de unos años a futuros gobiernos, que se pueden ver hipotecados o incluso ejecutados por préstamos o avales del pasado”, aseguran desde el Ministerio de Hacienda.
Esta medida se ha hecho extensiva a las Entidades Locales (EELL), como los Ayuntamientos. En estos casos los límites son: que no se supere el 30% de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior; y que cada operación individual de avales no exceda el 15% de los ingresos corrientes.
El ‘striptease’ ha de ser total. Los gobiernos regionales o locales que pretendan avalar tienen que enviar todos los detalles
Los interventores deberán presentar las solicitudes de autorización, suministrar a la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales toda la información financiera precisa y aquella otra relativa al seguimiento y control de la variación neta de activos financieros antes del 31 de marzo de cada año, salvo en 2015, que deberá suministrarse antes del 1 de noviembre.
El ministro de Hacienda ya ha impuesto a las Comunidades Autónomas condiciones de gasto y financiación que muchas regiones consideran draconianas e injustas. Incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido al ministro de que los objetivos de déficit no son cumplibles para Cataluña, ni la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia o Baleares.
Hacienda ha fijado estos objetivos para el conjunto de las CCAA en el 0,3% del PIB en 2016, en el 0,1% en 2017 y en el 0%, es decir, equilibrio presupuestario, en 2018. Pero este camino aprieta demasiado a algunas regiones.
La resolución publicada este lunes se enmarca en el mandato del artículo 48 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales del Real Decreto-Ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Todo, dicen en el ministerio que controla el erario, para limitar el endeudamiento extrapresupuestario.
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